“Alex Caniggia es un fantasma impositivo”: ARBA respondió sobre la compra de su departamento en un complejo de lujo

Luego de que se conociera que Alexander Caniggia mostró su nuevo departamento en un complejo de lujo que evade impuestos y criticó a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), el titular del organismo salió a responderle: “Es un fantasma impositivo. No tiene propiedades ni ingresos declarados en la provincia de Buenos Aires. En Provincia solo tiene un auto que compró el año pasado y aún debe patentes”.

Luego de que ARBA informó que el terreno de Tigre donde se construyó el complejo estaba declarado como baldío y no paga impuestos, el hijo del Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis contó en sus redes sociales que se mudó a otra propiedad (“La mansión”, como la llama) y puso en alquiler el penthouse de la polémica “por US$2000 al día”. En la grabación de sus redes, afirma haber pagado US$368.000 por el departamento. “El que tiene plata hace lo que quiere”, se lo escucha decir mientras revolea billetes por los aires.

“Está de moda enrostrarle a los pobres que son pobres porque se lo merecen y no son piolas como ellos que son ricos. La ostentación es un signo de la época, y se usa para captar gente desprevenida y meterlos en estafas piramidales”, dijo Cristin Girard, el titular de ARBA en declaraciones radiales, sobre los dichos de Caniggia.

Las torres de lujo que evaden impuestos

En el marco de un operativo de fiscalización, que se realiza habitualmente en todo el territorio bonaerense, la agencia de recaudación bonaerense detectó que dos torres de lujo ubicadas en Tigre tributaban como terrenos baldíos pese a estar en condiciones de habitabilidad, lo que implica que pagaban un impuesto inmobiliario menor al que les correspondía. El desarrollo fue tendencia por un video publicado por Caniggia en sus redes sociales.

Se trata de los edificios Sky One y Sky Two, ubicados en el complejo Remeros Beach, un desarrollo inmobiliario con una laguna artificial y amenities premium, que arrancó con su planeamiento en 2015 e implicó una inversión de US$200 millones entre edificios y terrenos. Actualmente, los precios de las unidades están valuadas alrededor de los US$4000 el metro cuadrado.

Las construcciones, que suman aproximadamente 30.000 metros cuadrados, fueron identificadas a través de un procedimiento de la agencia y como resultado ARBA intimó a los responsables a regularizar la situación en un plazo de 15 días, bajo la advertencia de una multa que podría alcanzar los $50 millones y la inscripción de oficio de los inmuebles, es decir que el organismo lo inscribe a pesar de que los responsables no lo hayan solicitado.

Desde la agencia aclararon a LA NACION que la identificación de las irregularidades no tuvo que ver con la difusión del mediático joven. “Ya habíamos identificado la situación mediante un procedimiento con drones y verificaciones presenciales”, explicaron fuentes del organismo.

Girard destacó la importancia de estas fiscalizaciones y criticó la falta de cumplimiento tributario en proyectos de gran escala. “Cuando la riqueza invertida en este tipo de emprendimientos de gran escala y alto valor económico evade impuestos, agudiza la crisis social, desfinanciando al Estado y afectando así los que menos tienen y peor están”, señaló a través de un comunicado.

A su vez, el titular del organismo agregó: “Es inaceptable que en un complejo con departamentos de lujo paguen impuestos como si fueran terrenos baldíos. Vamos a seguir profundizando estas fiscalizaciones para evitar estas maniobras y asegurar que los evasores cumplan con sus obligaciones, igual que hace el resto de los bonaerenses que están en regla y pagan sus impuestos al día, que son la enorme mayoría”.

En lo que va del año, ARBA ya desarrolló operativos en zonas residenciales de alto valor como Pinamar, Mar del Plata, Mar de las Pampas, Tigre y San Fernando, regularizando más de 280.000 metros cuadrados que no tributaban adecuadamente. La fiscalización de estos emprendimientos apunta a fortalecer la equidad tributaria, garantizando que los sectores de mayor capacidad económica cumplan con sus obligaciones y contribuyan al financiamiento de políticas públicas esenciales.

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