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El Gobierno presentó un proyecto para crear una Cámara de Alquileres que regule precios y controle contratos
La iniciativa lleva la firma de la diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta y propone suspender los aumentos de los valores hasta que entre en vigencia una nueva ley
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Mientras avanza en el Congreso la creación de una comisión para que el oficialismo y la oposición debatan reformas en la ley de alquileres, la diputada nacional del Frente de Todos Gisela Marziotta presentó un proyecto para, entre otras cosas, suspender los aumentos de precios hasta que entre en vigencia una nueva norma. Además, propone crear una “Cámara Nacional de Alquileres”, un organismo autárquico que regularía los valores de los contratos en todo el país y llevaría un Registro Público Nacional de Contratos de Locación para la Vivienda.
La Cámara Nacional de Alquileres sería un organismo colegiado de carácter autárquico, que funcionaría en la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Estaría conformada por dos representantes del Poder Ejecutivo: uno del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y uno de la Secretaría de Comercio. También habría un representante de los propietarios, uno de los inquilinos y uno del Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. El proyecto aclara que, en la conformación, la Cámara deberá respetar la paridad de género en la representación.
El primer punto del proyecto apunta a regular los valores de los alquileres, que en un año acumulan una suba del 52,8%, según datos de ZonaProp. Para eso, propone suspender “cualquier aumento en el precio” hasta que sea fijado un índice de ajuste anual establecido por la Cámara. “En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”, aclara el escrito.
A su vez, el organismo también tendría la función de llevar un registro oficial de los contratos de alquiler. Según explica el texto, pasaría a ser obligatorio notificarlos ante la Cámara en el plazo y forma que la misma determine, además de hacerlo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como ya establece la ley de actual. “La falta de registro por parte del locador será sancionada con multas equivalentes al monto total del contrato. Solo el locatario podrá invocar derechos emergentes de un contrato no registrado”, indica.
La Cámara también tendría el rol de fijar los precios máximos de los nuevos contratos de locación. Los propietarios deberían respetarlo de forma obligatoria. Para ello, propone elaborar un mapa nacional del valor de los alquileres que considere las características propias de cada región. En cuanto al índice de ajuste anual, la iniciativa explica que sería establecido por el organismo en abril de cada año y regiría “para todo el año aniversario”. Además, aclara que estaría a cargo de controlar su cumplimiento.
“Una vez conformada la Cámara, deberá establecer el primer índice de aumento, que será aplicado a los contratos de locación en curso de ejecución, cumplida la suspensión de las subas determinadas por la ley vigente”, dice el escrito. El proyecto del oficialismo apunta también a regular y controlar el alquiler turístico, “con el objeto de que las condiciones contractuales no afecten la oferta y el precio de las locaciones para vivienda en las localidades concernidas”.
Además, establece que, en alquileres con fines de vivienda, los propietarios no pueden exigir depósitos de garantía por un importe mayor al primer mes de alquiler; el inquilino podría pagarlo en seis cuotas iguales y consecutivas a partir de la fecha de la firma del contrato, y el propietario tendría que devolverlo mediante la entrega de una suma equivalente “al precio del último mes de la locación o la parte proporcional en caso de haberse efectuado un depósito inferior a un mes de alquiler”.
Los contratos deben estar expresados “en moneda de curso legal y forzoso en la República Argentina” y que en caso de silencio del locador el contrato se renueva automáticamente por el mismo plazo.
Al momento, la iniciativa cuenta con el visto bueno de la Federación de Inquilinos, que preside Gervasio Muñoz, quien manifestó a LA NACION: “Vamos a apoyar todos los proyectos que defiendan a los inquilinos, como el de Gioja y Marziotta, y que no modifiquen el plazo de los contratos y la actualización”. Además, afirmó que en los próximos días ingresarán al Congreso nuevos proyectos que van en el mismo sentido.
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