Portugal revoluciona su política de vivienda: prohíbe nuevos alquileres turísticos, controla los precios y obliga a ocupar las casas vacías

La falta de viviendas asequibles para los bolsillos portugueses se ha convertido casi en una emergencia nacional en Portugal. Los bajos salarios convierten en misión imposible afrontar la galopada del precio de las casas. Algunos estudios recientes demuestran que el valor medio de venta en Lisboa superó en 2022 al de Milán, Madrid o Barcelona, mientras que el de alquiler fue mayor que el de la capital española y solo ligeramente inferior al de Milán. El Gobierno ha decidido tratar de acabar con esto con un paquete de medidas que revolucionan la política de la vivienda de las últimas décadas, al contemplar propuestas de intervención directa sobre el mercado de las que hasta ahora siempre había huido el primer ministro, el socialista António Costa. Además se entierra el programa para conceder visados de residencia a extranjeros por inversiones en el país y se prohíben nuevas licencias para pisos turísticos, que algunos especialistas citaban como factores que favorecían la especulación inmobiliaria y la subida de precios.

La iniciativa más polémica del plan gubernamental es el alquiler forzoso de las viviendas desocupadas. El Instituto Nacional de Estadística ha censado 723.215 hogares vacíos en todo el país. El Estado podrá alquilarlos para subarrendarlos durante cinco años y actuar como un mediador inmobiliario, que cobra al inquilino y paga al propietario. Estos alquileres nunca podrán superar el 35% de los ingresos del núcleo familiar. El Estado asumirá las rentas impagadas, de forma que los propietarios siempre las perciben, y gestionará con el inquilino una solución para la deuda, que en el peor de los casos puede incluir el desalojo. Las excepciones y detalles de esta iniciativa todavía serán perfilados en el proceso de consulta pública y parlamentaria que se inicia ahora, aunque no se prevén grandes sobresaltos teniendo en cuenta que el Partido Socialista gobierna con mayoría absoluta. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe en marzo la versión definitiva de las medidas, que también incorporan beneficios fiscales para propietarios con el objetivo de favorecer el arrendamiento de larga duración.

El intervencionismo público también se extenderá sobre los precios de nuevos alquileres, algo que no ocurría en Portugal desde 1985, cuando se legisló para liberalizarlos. A partir de ahora se establecerá un techo máximo de subida para los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas, que estará vinculado tanto a la evolución como a las previsiones de la inflación. Con esto se pretenden evitar las subidas disparadas en los precios de alquiler, que acaban forzando la salida de inquilinos que no pueden asumirlos.

En una entrevista a la cadena de televisión TVI, el primer ministro António Costa justificó este giro en la política de vivienda para encontrar un “equilibrio” entre las necesidades de la población y el desarrollo económico. Porque una de las decisiones afecta directamente al turismo, un sector capital para la economía.

El Gobierno prohibirá nuevos pisos turísticos en todo el país, con la única excepción de proyectos rurales que beneficien a poblaciones pequeñas. “Los pisos turísticos tuvieron muchos efectos positivos para revitalizar nuestras ciudades pero también tienen impactos negativos como la subida de precios”, explicó Costa. Además, se revisará la licencia a los que ahora mismo están en activo en 2030.

A finales de diciembre había 108.523 viviendas turísticas registradas oficialmente en Portugal. La rehabilitación de los centros históricos de Lisboa y Oporto, muy deteriorados durante décadas, fue una de las contribuciones positivas del desarrollo de las nuevas plataformas de alquiler turístico, pero también provocaron la expulsión de residentes locales y la gentrificación urbana. En algunos distritos de Lisboa se avanzó casi hacia una especialización, con el 60% de las casas de alquiler dedicadas al turismo. Estos excesos fueron corregidos con moratorias transitorias en zonas saturadas y algunas decisiones como una sentencia del Tribunal Supremo, que permitía vetar pisos turísticos en edificios residenciales.

Con su prohibición, el Gobierno portugués confía en que se incentive “el regreso al mercado inmobiliario de alojamientos que ahora son turísticos”, señaló el jueves António Costa, al finalizar un Consejo de Ministros dedicado en exclusiva a la vivienda y donde se aprobó el paquete de medidas que costarán €900 millones.

Una década de “visados de oro”

Otra de las grandes novedades es la finalización de los “visados de oro”, que conceden permisos de residencia a quienes inviertan en inmuebles, creen negocios o trasladen capitales a Portugal. En la práctica, desde que entró en vigor en 2012, fue usado sobre todo por extranjeros que obtenían la residencia lusa a cambio de comprar una vivienda: recibieron el 92% de los “vistos gold”. Los ciudadanos chinos fueron los más activos inversores y se beneficiaron de casi la mitad de los más de 11.000 visados concedidos en una década.

Organismos como Transparencia Internacional y formaciones de la izquierda, como el Partido Comunista Portugués y el Bloco de Esquerda, llevaban años pidiendo la extinción de esta medida que se introdujo para tratar de dar salida al parque inmobiliario de viviendas vacías que dejó la gran crisis económica iniciada en 2008. “El programa ya cumplió la función que tenía que cumplir”, dijo hace unos meses Costa, cuando por primera vez avanzó que se planteaba su extinción. España cuenta también con un programa similar para conceder visados de residencia a cambio de atraer inversiones.

El giro del Ejecutivo luso, que hasta ahora no se había desmarcado de una política fiscal heredada de la derecha para atraer dinero extranjero, ha recibido duras críticas desde la oposición y organizaciones empresariales. El Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) ha tildado el plan de “estatalizante” y “abusivo”, mientras que la Asociación de Alojamiento Local de Portugal las considera “gravísimas”. “Estas medidas crean una enorme incertidumbre a la inversión privada y la vuelven inviable”, señalaron en un comunicado.