Se financian y hasta se escrituran: cómo acceder a una casa construida por el Estado en la ciudad

La irrupción de la pandemia de coronavirus puso en pausa cientos de proyectos y también resignificó muchos de ellos. En términos urbanísticos, la vivienda precaria empezó a entenderse como un espacio de reproducción de la enfermedad y la necesidad de darle una respuesta a los vecinos se hizo más urgente que nunca. En ese contexto, el Colegio de Escribanos porteño aceleró el proceso de escrituraciones sociales y aseguró que prevé cerrar el semestre con más de 1500 operaciones concretadas, en un trabajo conjunto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Secretaría de Integración Social y Urbana (Secysyu).

Durante el año pasado, el IVC y el Colegio llevaron a cabo casi 1000 escrituras en operativos realizados en los barrios Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Papa Francisco (Villa Lugano), Alvarado y Mundo Grúa, entre otros. En 2021, pudieron completar también la firma en casi 200 viviendas, mientras que con la Secysyu se escrituraron un promedio de 400 en 2020 y en junio, se harán otras 500 en la Villa 31.

El proceso de escrituración

El programa de escrituraciones se enmarca en el convenio firmado con la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 2018, en el que cada nuevo propietario accede a su vivienda a través de una escritura pública, autorizada por un escribano, con honorarios sociales costeados por el Estado local.

El Colegio elaboró un modelo de escritura que garantiza la seguridad jurídica que exigen las operaciones y articula las normas del Código Civil con las de planeamiento urbano de la Ciudad. Para el caso del Barrio de la Villa 31, tuvo en cuenta el trabajo catastral previo y el ordenamiento de prioridades habitacionales de esa zona, para definir un contrato que contemple todas las realidades de esa trama.

El primer paso del proceso es definir la adjudicación de las casas. Para eso, se decidió en una mesa integrada por los vecinos del barrio, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General y el IVC priorizan a las familias que se encuentran afectadas por la traza de las aperturas de calles, pasajes y esponjamientos para poder llevar adelante las obras de infraestructura de servicios básicos que apuntan a garantizar el acceso al agua, cloacas y pluviales en el proceso de reurbanización. Además, también están contempladas aquellas que habitan viviendas con peligro de derrumbe o están integradas por personas con discapacidad, adultos mayores o víctimas de violencia de género.

Una vez definido quiénes se mudarán a las nuevas viviendas, el IVC arma un plan de pago conforme a la capacidad de afrontar la cuota de cada una de las familias. Las mismas no pueden superar el 20% de sus ingresos. El financiamiento es de 30 o 40 años según la capacidad de pago y descuenta del precio de venta la valuación de las casas que habitaban en el barrio histórico.

De esta forma, las escrituras de compra se firman en conjunto con una hipoteca y los gastos notariales que acarrea cada contrato son asumidos por el IVC. Los escribanos, a su vez, lo hacen a cambio de un arancel social mínimo. La coordinadora en representación del Colegio, Virginia Olexy, explicó a LA NACION: “La gente es asesorada previamente y toma conocimiento de la importancia de tener un título de propiedad, se instruyen sobre el derecho real de dominio. Es muy gratificante para los profesionales trabajar en esto porque suelen ser actos muy emotivos”.

“En barrios populares de Latinoamérica, se hace lo que se conoce como titulación masiva: es un acto administrativo, una certificación y no más que eso. Acá, en cambio, se les da a las familias un título de propiedad a cambio de un honorario social que lo costea el IVC. Es un proceso emancipador”, sostuvieron desde el Colegio.

En medio de la pandemia de coronavirus, todo el proceso escriturario y las mudanzas se llevan a cabo bajo un estricto protocolo de higiene y seguridad que incluye, entre otras medidas, el uso de barbijos, guantes, control de temperatura y la entrega de un kit de limpieza y desinfección a cada vecino.

La relocalización de las familias forma parte del proceso de integración de los barrios populares, que contempla la construcción de 5040 viviendas en los barrios 31, 20, Fraga, Rodrigo Bueno y del Camino de Sirga.