Que el Gobierno de Alberto Fernández pueda restablecer la confianza es decisivo para un sector que viene de capa caída. La incertidumbre y cualquier modificación del tipo de cambio siempre genera una parálisis en la demanda de las propiedades que puede tardar meses en reactivarse. Y si bien los desarrolladores están acostumbrados a arrancar los proyectos con un presidente y terminarlos con otro, piden medidas micro. O por lo menos una revisión de los impuestos. Estiman que la carga impositiva en el sector es del 45 por ciento. "Todo es ilógico", se enoja un empresario cuando hace referencia al impuesto que reemplazo al ITI en la última reforma tributaria.
Se trata de un tributo que rige para quienes tienen más de un inmueble, y graba la ganancia entre el valor al que se compra una propiedad y el que se vende. El tema es que rige en pesos y por efecto de las sucesivas devaluaciones, quien compró una unidad en US$300.000 y hoy la vende en US$280.000, tiene que pagar el 15 por ciento de la ganancia en pesos como si hubiera realizado un buen negocio cuando en realidad, en dólares, perdió dinero. De cara al 2020, el sector entiende que hasta marzo y abril, las fichas están jugadas. De todas formas esperan alguna medida especialmente pensada para la industria del ladrillo. "Después de todo somos los que generamos empleo", afirman. Igual se muestran pacientes. Pero se desmotivan cuando perciben que quienes invertían en inmuebles dejaron de mirar al ladrillo y se vuelcan al blue, apabullados por la suba de Bienes Personales y la "amenaza" de un proyecto de ley de alquileres que espera pista en el Senado. Pero son pacientes, entienden que el presidente se está ocupando de "apagar incendios" y esperan algún guiño.
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