Revolución industrial: el cannabis crece como negocio en la Argentina

“Cannabis”. La palabra flotó, salida de la boca del Presidente. Una nube de nieve en el aire dos veces respirado de la Cámara de Diputados. Una intrusa alienígena y alucinógena en la pompa y circunstancia oratoria del discurso del Estado de la Nación. Una solemnidad anual, pero en 2021 con el marco ominoso de la pandemia. El 1° de marzo de este año, en la inauguración de las sesiones parlamentarias, Alberto Fernández colaba el anuncio cannábico como una buena noticia psicodélica entre otras irreductibles en su monótona monocromía: bajas en el impuesto a las ganancias, victoriosas ofensivas futuras contra endeudadores seriales, liberación de tarifas dolarizadas, reformas de la Justicia que prometían revoluciones para el fin de la Injusticia para multitudes en busca de ídolos en busca de multitudes, y otras eternidades gastadas por el uso. “Cannabis” se balanceaba, palabra latina pero no jurídica del presidente abogado profesor de Derecho hijo de juez, ante los ojos bien abiertos de otros dos abogados exitosos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la izquierda y a la derecha el presidente de la cámara baja, Sergio Massa.

Con didactismo de voz pausada, que nunca revela ni aceleración ni cansancio en una exposición donde todas las partes están calificadas con igual puntaje, Fernández anunció que el gobierno argentino impulsará un proyecto de ley de fomento a la industrialización de la marihuana. Considerandos:

El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales.

La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años.

El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de uso medicinal e industrial.

Antes de pasar al asunto siguiente, aplausos tibios de la platea legislativa, raleada por los protocolos profilácticos que nos recuerdan nuestra soledad y nuestra enfermedad, aprobaron el incentivo para la droga blanda. Más tórrida fue la reacción del sector privado, todavía incipiente, con intereses en este nicho herbáceo. También de provincias y municipios que quieren cultivar la variedad sativa para diversificar las matrices productivas en sus dominios. No es para menos. Son tiempos de un boom verde que hace estallar, restallar, fumar y facturar al globo. Según la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), se espera que en 2027 el mercado mundial de la industria cannábica mueva más de 40.000 millones de dólares. La tasa de crecimiento anual superará el 30 por ciento. Con este escenario, la Argentina podría generar un mercado interno de 450 millones de dólares.

La semilla del proyecto industrializador argentino se plantó en noviembre del año pasado, cuando se volvió a reglamentar la Ley 27.350, de uso medicinal del cannabis, aprobada por el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa sancionada en 2017 fue un bluff. En su reglamentación imponía rigores y limitaciones: solo admitía su uso para la epilepsia refractaria, prohibía el autocultivo, no reglamentaba la producción nacional y no aceptaba ventas por farmacias.

Por el carril legislativo, en octubre de 2020, las diputadas del Frente de Todos Mara Brawer y Carolina Gaillard presentaron un proyecto de ley para desarrollar la industria del cáñamo, una variedad de la planta con contenido de THC, el componente psicoactivo, menor al 1 por ciento. La meta es fabricar desde fibras, papel y materiales para la construcción, hasta bebidas, infusiones, suplementos dietarios e incluso biocombustible. “Hay que destacar que si hubo un cambio de paradigma y la sociedad entendió que el uso del cannabis medicinal no es el mismo que el recreativo, ahora es momento de comprender que el cáñamo es una oportunidad para el desarrollo sustentable e industrial de la Argentina. Si cerramos este debate, generamos puestos de trabajo, desarrollo económico e industrias novedosas”, explica Brawer a Rolling Stone. Tomando esta iniciativa como referencia, el Ejecutivo decidió unificar el proyecto cáñamo con el medicinal, para la producción local en diversas esferas. En el verano hubo fumata blanca: se está armando con paciencia y el aporte de un tridente ministerial que incluye las carteras de Salud, Desarrollo Productivo y Ciencia, Tecnología e Innovación.

En paralelo, o mejor dicho en el centro de sus luchas históricas, están las organizaciones civiles y de usuarios que miran con expectativa estas iniciativas. Apuntan a más políticas públicas superadoras, por las que batallan desde hace demasiados años. Después del paso en falso de 2017, quieren analizar cómo se implementa el proyecto, si avanza en el Parlamento. No la ansiada legalización del consumo adulto recreativo, ni mucho menos. Pero abrir las puertas a su discusión. El desarrollo de la industria cannábica acerca el horizonte. ¿O lo terminará ocultando tras una cortina de humo?

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Seis años atrás, el doctor Marcelo Morante predicaba sobre la marihuana en un desierto de prejuicios y desconocimiento. Los tiempos cambian. En noviembre pasado, este internista y médico rural fue designado coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales de Cannabis del Ministerio de Salud. “Soy especialista en medicina del dolor. En 2015, mi hermana Mariela, que también es médica, estaba postrada a causa de las convulsiones que le producía un neurolupus, al que no le encontrábamos solución. Me puse a investigar y descubrí el cannabis medicinal. Entonces me fui a Canadá para formarme y poder tratarla con el aceite, algo que era un tabú en nuestro país”, cuenta el médico nacido y criado en General La Madrid, pueblo del centro-sur profundo bonaerense.

Con el tratamiento, Mariela mostró una franca mejoría en su calidad de vida. Marcelo siguió estudiando, militó la causa y se convirtió en una eminencia del cannabis medicinal, recurso que incorporó a sus clases de Medicina del Dolor en la Universidad Nacional de La Plata: “Me di cuenta de que estábamos formando médicos jóvenes que sabían mucho de evidencia y poco del sufrimiento. Salían de la facultad sin una herramienta para pelearle al dolor, como es el cannabis. Entonces propuse algo nuevo, discutir sobre lo que no sabíamos. En nuestro arte de la medicina, buscamos curar, pero también generar un acto de amor, acompañar al paciente, que tenga paz y menos sufrimientos. Por eso no podíamos dejarlo afuera”. Los hermanos Morante escribieron un libro a cuatro manos: Sin dolor. Historias íntimas del cannabis medicinal. En un apartado arriesgan: “El compromiso, el perdón y el amor son las mejores herramientas contra el dolor”. Cuánta razón.

Desde el Ministerio de Salud, Morante señala que la reglamentación de noviembre pasado ensanchó las perspectivas para el uso medicinal del cannabis: “De alguna manera, se empieza a construir un escenario real. La ley tenía un sesgo restrictivo que favorecía el mercado negro. El principal cambio es que ahora hay un Estado presente y se trabaja en la reparación con respecto al acceso al producto y el alcance de la ley penal. Por ejemplo, tenemos por un lado una legislación que prohíbe la tenencia y a la vez una ley que permite el uso medicinal. Esas son paradojas que hay que resolver. Entonces, hay que trabajar la nueva ley sobre tres pilares: el acceso, las cuestiones penales y el posible desarrollo productivo, como explicó el Presidente”. Avanzan en propuestas con un consejo consultivo junto al aporte de varias ONG, el Conicet, el INTA, la ANMAT, el INASE, la ANLAP, un consejo interuniversitario y la Defensoría del Pueblo.

Morante va más allá de la mirada terapéutica y traza puentes con el proyecto desarrollista que esbozó Fernández: “Empieza en la semilla y llega al producto elaborado. Eso genera toda una cadena de valor productivo y se abren escenarios de crecimiento económico. Hay provincias como Jujuy, San Juan, San Luis, La Rioja y muchos municipios que empiezan a ver el cannabis como cualquier otro cultivo. Una actividad que puede generar trabajo e ingreso de divisas para sus regiones. Lo llamativo de la propuesta es que la Argentina empieza a hacerlo desde una pequeña ley de investigación de cannabis medicinal, que es insuficiente. Se abre un escenario distinto y hay que conducirlo a una ley superadora, más integral y apuntando al desarrollo. Sin dejar de lado a los pacientes, por eso abrimos el Reprocann, el registro para quienes se les recetó el uso medicinal. No puede ser que estén en riesgo de tener una causa penal porque usan el aceite o porque plantan. La gente se juega la libertad. La idea base es ampliar derechos”.

Con una anécdota de sus pagos, Morante grafica, campechano, el cambio de época que vive nuestro país: “Una vez fui a dar una charla al Sedronar y me dijeron que la Argentina no estaba preparada para discutir sobre cannabis. Es como si yo pensara que cuando me toca dar clases, los estudiantes no están preparados para aprender. Al poco tiempo di la charla en mi pueblo, bien rural y de no más de 8.000 habitantes. Por ahí se puede pensar que es gente con prejuicios, pero no. Vinieron el cura, el maestro, el policía, todos. Me escuchaban hablar de sistema endocannabinoide y decían: ‘Mirá vos, qué bueno, puede ayudar al que la pasa mal’”. Al otro día, recuerda Marcelo, un periodista de la CNN que andaba por La Madrid siguiendo el tema, frenó en la calle a un gaucho y le preguntó qué opinaba del cannabis medicinal. El paisano respondió: “Si hace bien, que lo coma el que lo necesite”. Morante dice que el razonamiento del gaucho puede parecer primitivo, pero es de un irrefutable realismo: “Se llame cannabis o marihuana, si te hace bien, hay que aprovechar la herramienta. Si hace mal, hay que discutirlo, entender cómo funciona, estudiarlo, crear leyes que lo regulen. Vamos en ese camino”.

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Cuando escuchó al Presidente hablar de cannabis medicinal en el Congreso, Valeria Salech sintió que la larga lucha que llevaron adelante con sus compañeras de Mamá Cultiva progresaba a una nueva etapa: “Seguimos subiendo escalones. Después de poner el tema en agenda, ahora trataremos de incidir. De pelear para que la ley no beneficie a unos pocos, que la producción sea justa para todos. Lo vamos a hacer con más militancia. El anterior presidente hablaba de ‘guerra contra el narco’, el actual parece un poco más amigable. Es un cambio de paradigma. Aunque queda mucho para trabajar”.

De una pelea gotita a gotita para conseguir el derecho al uso medicinal del cannabis nació Mamá Cultiva. Las madres cultivadoras son una pieza esencial del mundo cannábico, para los fallos judiciales que dan su visto bueno al autocultivo y para la sanción de normativas progresistas. Salech es fundadora y presidenta de la ONG gestada en abril de 2016. Su hijo Emiliano nació con epilepsia. Tomaba cinco medicamentos para darles pelea a las convulsiones y nunca mejoraba: “En 2014 empezamos a usar cannabis y vimos un cambio radical. De ser un nene que no me miraba a los ojos, empezó a sonreír, pedirme jugo, tener una mejor calidad de vida. Entonces me fui corriendo para la escuela especial donde iba Emiliano y les conté al resto de las mamás. Me dijeron que era ilegal, que los médicos no lo recomendaban. Noté que faltaba información, reinaba el desconocimiento. Ahí se me ocurrió hacer una campaña, luchar. Y al conocer a otros familiares me di cuenta de que no estaba sola”.

La de Mamá Cultiva fue una militancia muy boca en boca, que se fue tejiendo en talleres, charlas, marchas, campañas en redes sociales, repetidas visitas al Congreso para acercar sus propuestas a los legisladores: “Hablar del cannabis desde la salud fue clave –destaca Valeria–. ¿Quién le va a decir que no a una mamá que pelea por mejorarle la calidad de vida a su hijo?”. En menos de un año, sus propuestas se estaban discutiendo en el Parlamento: “Nosotras queríamos un proyecto de uso y regulación del cannabis medicinal, pero en 2017 salió una ley de investigación de cannabis, nada que ver. Igual, lo vimos como una apertura. Nos puso en agenda por primera vez. Imaginate que en esa época fui al programa de Mirtha Legrand y a la otra semana di un taller que estaba repleto de gente de la tercera edad. Hay mucha demanda de información sobre el tema y una ausencia total de políticas públicas. Mamá Cultiva asumió un rol central, donde el Estado no estaba. Ahora queremos ver cómo avanzan las nuevas iniciativas, como el desarrollo de la producción. Queremos una ley que sea inclusiva. Lo que nos saca el sueño es que el Estado funcione como un ente regulador que permita jugar a todos y todas, que no regulen solo el mercado y los grandes jugadores”.

Salech no le teme a la posibilidad de que el proyecto se transforme en un gran negocio, con el lobby de las grandes farmacéuticas en el medio, y que los que menos tienen sean perjudicados. “Hay que agregar valor a la cadena productiva. Que esto no sea solo cultivar, exportar flores a Canadá y que después ellos nos vendan los aceites, el champú y otros productos. Hay que salir de esa mirada extractivista. Te lo dejo claro, yo soy feminista, voy por la inclusión. No reniego de la industria. Pero la iniciativa no tiene que dejar afuera a los pequeños y medianos productores, a las economías populares. Nosotras somos productoras, damos respuestas a las demandas de la gente. Sabemos de lo que estamos hablando.

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Aunque se apruebe una ley de producción este año, va a pasar bastante tiempo hasta lograr un producto decente de fabricación nacional. Nosotras lo logramos hace bastante tiempo”. Aunque se ganó el mango como politólogo, director de Sistemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el palo de las telecomunicaciones, lo que realmente le apasiona a Pablo Fazio es el emprendedurismo. A finales de los 90, antes de que el neoliberalismo se hiciera añicos por los aires en estas pampas, Fazio tuvo su bautismo de fuego en el mundo emprendedor con su marca de cerveza artesanal Otro Mundo. Quince años de su vida, recuerda, les dedicó a las birras. Hace un tiempo, su olfato atento a los nuevos negocios lo acercó al cannabis: “Me empezó a llamar la atención que las empresas pusieran plata en ese espacio. Me metí de curioso, pude viajar y visitar ferias y congresos. Se me abrió un planeta nuevo. Estaba viendo algo que estaba a punto de explotar, una industria disruptiva del siglo XXI”. Fue la semilla de Pampa Hemp, un emprendimiento ligado a la biotecnología, del cual es el CEO.

Fazio la considera una “industria disruptiva” por el potencial que él le ve. “Por ahí uno piensa en cannabis y solo se asocia al fumar o, en los últimos tiempos, con el uso medicinal para algunas patologías, pero hay que entender que hay un montón de satélites de industrialización: cervezas, alimentos, productos veterinarios, materiales de bioconstrucción, hasta ladrillos de fibra de cáñamo se pueden hacer. El textil también es un nicho más tradicional”.

En 2017, con su socio Sebastián Tedesco, diseñador industrial y cannabicultor de décadas en el gremio, empezaron a recorrer ministerios con la intención de impulsar el desarrollo productivo de la planta: “Que se discutiera. Pensá que el marco regulatorio era pobre, restrictivo y totalmente de espaldas a la actividad privada”. En esas caminatas conocieron a otros emprendedores que estaban quebrando lanzas contra los mismos molinos de viento. Decidieron agruparse, trabajar un músculo colectivo, una agenda: “Algo más allá del interés individual por desarrollar una actividad rentable. Éramos conscientes de que la Argentina no podía quedar afuera de la agenda de inversiones que el cannabis le estaba proponiendo al mundo”. Así nació la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), con el objetivo de crear redes de emprendedores e impulsar una regulación integral que permita fomentar el desarrollo económico. Al principio eran cinco gatos locos, hoy suman más de cien pequeños y medianos empresarios.

El contexto estuvo muy verde hasta diciembre de 2019. Fue madurando con el cambio de gobierno: “Las primeras señales se dieron al mes, cuando en una entrevista la ministra de Seguridad Sabina Frederic dijo que la despenalización del consumo adulto responsable de cannabis estaba en la agenda para resolver. Se me prendió la lamparita y como Cámara conseguimos una reunión con la ministra. Me acuerdo de que le llevé de regalo un paquete de yerba mate uruguaya con CBD, el cannabinoide que tiene efectos medicinales. Me agradeció el gesto, pero no me lo recibió. En realidad era algo simbólico, contarle que, en el debate público que se abría con el cannabis medicinal, había todo un universo que nadie estaba mirando, la agenda de desarrollo económico, de inversión, de creación de puestos de trabajo, de dinamismo de las economías regionales. Le mostramos catálogos de productos. Chocolates, pisos flotantes, ladrillos. Nos dio la razón y nos contactó con el Conicet. El año pasado participamos en la reglamentación de la ley junto a otros actores. La cereza del postre fue el paper que acercamos al Ministerio de Desarrollo Productivo. Nuestras propuestas entran en la agenda del proyecto de ley que se está discutiendo desde el verano y anunció el Presidente. Se está volviendo realidad nuestro sueño, un nuevo marco regulatorio productivo para el cannabis. Humildemente, sentimos que ponemos nuestro granito de arena”.

Pampa Hemp firmó el primer acuerdo público-privado para la producción de cannabis en la Argentina. A finales de marzo consiguió la autorización del Ministerio de Salud para poner en funcionamiento el primer cultivo, en la localidad bonaerense de Pergamino. Los invernaderos, asegura Fazio, son una pinturita: “La prioridad es el cannabis medicinal. Argentina tiene un mercado que debe ser abastecido. Tener materia prima y enfocarnos en la producción con fines farmacéuticos es el primer objetivo. Cuando cambie el marco regulatorio, la idea es ir diversificando, es muy amplio el universo. Quién sabe lo que va a pasar en el país de acá a dos años”.

Igualmente, hace futurología. Si el proyecto avanza, Fazio imagina que para 2023 Argentina podría generar 1.500 puestos de trabajo en la producción primaria, “el tocar la planta”, y miles más en la cadena de valor. Desde la genética hasta la logística: “Creo también que no hay que entrar en falsos dilemas, somos un país agroexportador. Si tenemos la posibilidad de producir cannabis y exportarlo, hay que hacerlo, porque necesitamos dólares como oxígeno. Y en paralelo, hacer una apuesta a construir valor, agregarle creatividad e innovación, somos un país agroindustrial y agroalimentario, por qué no vamos a poder hacerlo. El Estado tiene que crear incentivos, sin impuestos que asfixien, porque esta industria tiene que ser incubada. No se puede pensar que decimos ‘cannabis’, se hace magia y va a venir un montón de plata fácil”.

El emprendedor afirma que la industria del cannabis global es como un organismo vivo que va mutando semana a semana: “Legalizan el consumo adulto en Nueva York, se discute lo mismo en México, en Uruguay y Colombia se avanza con la exportación de flores, en Estados Unidos se crearon 250.000 empleos formales. Venimos de 70 años de prohibición y hay mucho por hacer en una industria super nueva. Ojalá se pueda”.

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Un año atrás, cuando empezó a investigar el potencial industrial del cáñamo, la diputada Mara Brawer descubrió el vacío de conocimientos que reinaba sobre el tema en la Argentina. “Sabíamos que era una variedad del cannabis que produce mínimas dosis de THC, en resumen, no ‘pega’. Que las velas de las carabelas de Colón estaban hechas de cáñamo. Que Manuel Belgrano promovió su cultivo en nuestro suelo. Que en su momento se hacían ropa y sogas. Que hubo empresas en los años setenta, como la Linera Bonaerense y la Algodonera Flandria, que con cáñamo fabricaban suelas de alpargatas y materiales para la construcción, antes de que los militares las cerraran. Y ahí me metí a investigar y descubrí emprendedores que estaban desarrollando productos en la actualidad”.

Brawer detalla que, en 1961, la primera Convención de Drogas de las Naciones Unidas excluyó al cáñamo de la lista de las sustancias fiscalizadas. Pero la ley de drogas que decretó la dictadura en 1977 determinó la absoluta prohibición de su producción en la Argentina. Su cultivo es legal en Estados Unidos, Italia, Francia y Colombia, para fines industriales y hortícolas. Es una commodity más que cotiza en Bolsa.

La legisladora peronista es psicóloga, especialista en temáticas ligadas a la educación. Con teoría lacaniana explica las resistencias que tuvo que enfrentar cuando comenzó a esbozar su proyecto: “El estigma que tiene la planta. Los lingüistas hablan de los desplazamientos significantes. Antes, cuando en la sociedad argentina se hablaba de marihuana, se la asociaba a lo ‘malo’, ‘droga’, ‘narco’. Después hubo un desplazamiento y se empezó a hablar del cannabis medicinal, ‘bueno’, ‘a estudiar’. Ahora, el tercer elemento que queremos incorporar es el cáñamo. Ahí había un vacío de información. Cuando argumentaba en reuniones con otros diputados y explicaba su historia y características, sin dudas me decían que había que avanzar con su desarrollo económico, con un marco legal, con controles”.

Usos muy volados se pueden proyectar para la industrialización del cáñamo: automotrices como Volkswagen fabrican autopartes. Se hacen saborizantes para champán y cerveza. Aceite con combinación de Omega 3, 6 y 9, que, dicen, es muy nutritivo, no genera colesterol y ayuda a su disminución. Sus semillas son ricas en aminoácidos. La industria de la nutrición lo recibe con los brazos abiertos. Remplaza a la fibra de vidrio y al plástico. Tiene huella de carbono negativa. Es reparador del suelo: se usa en Chernobyl y en la zona de Vaca Muerta para revivir la tierra. Brawer cuenta que usa a diario unos anteojos muy coquetos cuyo armazón está forjado en cáñamo: “¿Por qué voy a comprar algo de plástico, si estos son sustentables y ecológicos? Los emprendedores me dicen, que si levantamos las restricciones, arrancan a producir a gran escala. Esto va a crecer mucho en el futuro”.

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Jujuy sueña con un Silicon Valley cannábico. En la localidad de Perico, a 30 kilómetros de San Salvador, está la finca El Pongo, punta de lanza del proyecto estatal de producción industrial de cannabis con fines medicinales. Es la sede de Cannava, sociedad del estado provincial que quiere transformarse en un futurista polo agrícola, tecnológico y científico pintado de verde marihuana. El presidente de la empresa es Gastón Morales. Fue designado en su cargo por el gobierno de su padre, Gerardo Morales, mandatario cambiemita de origen radical que maneja los destinos de la provincia norteña desde diciembre de 2015.

“Este es un proyecto prioritario para la gobernación. Va en línea con tendencias de desarrollo global. Es todo un desafío político y económico, impulsado 100% por el Estado”, aclara el abogado de 35 años, sobre el emprendimiento que ya recibió 4 millones de dólares en inversiones de las arcas públicas.

Hace pocas semanas, Cannava prendió sus motores. Está produciendo el primer ingrediente farmacéutico activo nacional. Made in Jujuy. “En diciembre inauguramos el laboratorio piloto. Ahí se hace el proceso de extracción, purificación y formulación farmacéutica. Actualmente podemos procesar 2 kilos de cannabis por día, ya llevamos 67 desde diciembre. Siete litros de ingrediente farmacéutico activo tenemos producidos”, detalla Morales.

El salto industrial lo van a dar a mitad de año, cuando esté terminado el complejo biotecnológico, con un laboratorio de 600 metros cuadrados. Para junio llegarán desde Estados Unidos los extractores, evaporadores, destiladores y otras maquinarias para llevar la producción a niveles pantagruélicos. Anhelan procesar 67 kilos de cannabis por hora, dos o tres hectáreas al mes de las 35 que tienen autorizadas para trabajar. En 2023, estiman, tendrán 2.000 hectáreas plantadas –a campo e indoor– en toda la provincia. Jujuy será así el verdadero granero cannábico del país. “Hablar de 600 hectáreas es lo mínimo –precisa Morales– para crear un sistema de pequeños productores y abrir el juego al sector privado, invertir y hacer un ciclo virtuoso con la pata pública”.

No todo, sin embargo, es color esperanza. Diversas agrupaciones cannábicas y pequeños productores denuncian que no han tenido posibilidades de participar en el proyecto estatal. “Vamos a volcar el conocimiento en los pequeños productores, para incorporarlos al sistema provincial de producción de cannabis –responde el presidente de Cannava–. Queremos que sea un pilar productivo, para dejar atrás el tabaco y la caña de azúcar, dos commodities que están en franco retroceso, de los cuales dependen 15.000 familias. La provincia tiene que pasar de un esquema clásico de economía primaria a uno agrícola, atravesado por la ciencia y la tecnología. El cannabis puede generar 20.000 puestos de trabajo para Jujuy”.

Morales cree que la apertura industrializadora despeja el camino para la legalización futura del consumo responsable: “Más allá del tema de la libertad individual, que tiene mucha jurisprudencia, es fundamental que el sistema político asuma el tema con madurez. Mirarlo de frente, a los ojos, tratarlo. Cambiaron los paradigmas en la lucha contra el narcotráfico. La prohibición fue lo que le dio al narco el poder económico que tiene. Además, la ilegalidad lleva a la violencia. Es un tema que hay que encarar en forma inteligente y sincerando las cosas”.

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La provincia de Buenos Aires no es ajena al boom verde. A pocos meses de la nueva reglamentación de la Ley de Uso Medicinal del Cannabis, se multiplican los municipios que regulan el uso público de la planta: más de una docena ya presentaron sus propias normativas. Desde el primer cordón del Conurbano hasta localidades bien rurales ven la posibilidad de pasar a la legalidad.

General La Madrid fue el pionero. El municipio erecto a 450 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires es la meca del cannabis medicinal en la Argentina. “La experiencia empezó en 2015, en una charla que dio nuestro paisano Marcelo Morante, actual coordinador de investigación sobre los usos medicinales de la planta en el Ministerio de Salud. Contó la historia de su hermana y cómo mejoró su calidad de vida con el aceite. Se generó un clima en el Salón Blanco de la municipalidad, no sé cómo describirlo, de emoción, no parábamos de aplaudir. Entonces se decidió hacer una ordenanza en el Concejo Deliberante y pedir a los diputados que despenalicen el uso medicinal y de investigación. No hubo grietas, acompañaron todos los bloques”, hace memoria el intendente Martín Randazzo.

Desde ese momento, el pueblo de La Madrid se plantó. Fueron tapa de revistas, objeto de informes televisivos y sede de un seminario regional que recibió 1.600 asistentes: “Imaginate que tenemos una capacidad hotelera para 100 personas y alojamos 500 –hace números Randazzo–. Se abrieron las casas de familia para el encuentro. Esta es una lucha que atraviesa edades, géneros, ideologías, todos empujando para el mismo lado, por una herramienta que mejora la calidad de vida de mucha gente que la pasa mal”.

Luchar sirve. El pasado 25 de marzo, la pequeña localidad enclavada en la pampa húmeda recibió la autorización de Salud para iniciar el cultivo de cannabis con fines de investigación. El intendente explica la alegría que se vive en el pueblo: “Veníamos con viento en contra, huracanado, pero empieza a salir el sol, vamos a plantar legalmente. Somos el primer municipio que lo va a hacer. El Estado estaba ausente, la ley de 2017 no era buena. En un país empobrecido, hubiese sido suicida comprar el aceite de cannabis importado. Sobre todo teniendo la posibilidad y las tierras para hacerlo”.

Para ello, La Madrid tiene listo un espacio de 80 por 45 metros en su Parque Industrial, con doble alambrado olímpico, iluminación, cámaras, ingreso biométricos y custodios, y un invernáculo de 10 por 30, con riego y pozo de agua. “Se van a producir plantas en base a semillas específicas con alto contenido de CBD y bajo en THC –dice el intendente–. Tenemos un potencial enorme. Se pueden abrir proyectos textiles, de cosméticos y veterinarios. En el contexto de crisis, necesitamos generar ingresos y trabajo. Está la causa noble por el lado medicinal. También la posibilidad de crecimiento económico. ¿Qué más se le puede pedir a una herramienta que nos permite desarrollarnos como pueblo?”.

En el conurbano no tan profundo, San Martín hizo punta entre los municipios que se sumaron a la ley nacional. Tiene aprobada una ordenanza para regular el autocultivo con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Además, avanza en la autorización de cultivos comunitarios y convenios con el Conicet y el INTA para fomentar la investigación. “Es una respuesta integral ante una realidad que sucedía de hecho. El Estado, algo tarde, hace propias las necesidades de las familias que usan el aceite y empieza a buscar soluciones. Crear normativas, una certificación, darles tranquilidad a los usuarios”, explica Mercedes Contreras, subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades del municipio.

“Políticas públicas” son las dos palabras que repite Contreras como un mantra: “Vivimos un cambio radical en la mirada que tiene la sociedad sobre el cannabis. La lucha de las organizaciones y de los familiares fue fundamental para visibilizar el tema. Pero lo más importante ahora es el trabajo del Estado codo a codo con la comunidad. En ese diálogo se construyen políticas públicas en serio”.

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Inclusión. Esa es la receta que propone la médica neuróloga Silvia Kochen para el proyecto industrial de cannabis argentino. “Obvio que se anotó primero la industria farmacéutica, pero tienen que aportar su voz las organizaciones civiles, los cannabicultores, las cooperativas, los científicos. Hay espacio para todos”.

Kochen viene de la neurociencia y coordina la Red de Cannabis y sus Usos Medicinales (Racme) del Conicet. También es realizadora audiovisual. En plena pandemia, junto al cineasta Emiliano Serra, filmaron un documental con alto vuelo informativo sobre el devenir de la marihuana, sus usos terapéuticos y la maldita prohibición. Un recorrido histórico que comienza 1.800 años antes de Cristo y llega hasta el presente. Se titula Cannabis medicinal y puede verse sin costo en la plataforma Vimeo.

Para el debate que transita la Argentina, Kochen recomienda mirar la experiencia al otro lado del barroso Río de la Plata: “La ley uruguaya, en mi mirada, aunque todos la celebramos en su momento, fue un fracaso total. Pasó que el órgano regulador se puso en un lugar más papista que el Papa y no habilitó a nadie para producir. En Argentina tenemos que cambiar esa mirada hegemónica de que los únicos que pueden producir cannabis son las industrias farmacéuticas. Seguro que hay tensiones y presiones para definir el rumbo del proyecto. Espero que ganemos los buenos”.

La postrera calada reflexiva antes de que esta nota se apague o se haga humo queda a cargo de Martín Armada, editor general de la revista THC, publicación decana del universo cannábico nacional. El periodista blanquea que, más allá del anuncio del Presidente en el Congreso, se desconocen hasta el momento la letra chica y aun la más grande de la iniciativa. Que no concentre el desarrollo industrial en pocas manos, problema endémico de la Argentina, que no haya integración vertical donde una empresa acapare toda la cadena, que no se restrinja el uso medicinal a ciertas patologías y que se reserve un espacio al autocultivo son puntos que Armada señala como fundamentales en la discusión que se viene. “En realidad, el proyecto no abre el debate por una regulación integral del cannabis, sino que estaba abierto hace rato en la Argentina y en muchos otros países –cierra Armada–. Hay un consenso cada vez más amplio de que la prohibición de una planta que lo único que ha hecho es mejorar la calidad de vida de las personas evidencia un sistema de persecución, control social, estigmatización, extorsión y la regulación de mercados. Hay que mostrar las patas que sostienen el esquema prohibicionista, es tiempo de avanzar en ese rumbo”. Mientras tanto, fumando esperamos también ese debate.

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