Patentes: controversia por un acuerdo internacional y su impacto en el acceso a la salud

Investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA crearon un método para medir el estrés crónico, uno de los principales factores de riesgo de infarto agudo de miocardio, a partir de la cantidad de cortisol presente en un mechón de cabello. Permite cuantificar un dato que suele ser subjetivo y solo requiere una muestra de tres centímetros de cabello, que puede ser analizada con equipamiento convencional en cualquier laboratorio de análisis clínicos. "Nuestro sistema fue validado y es mucho más económico que el método de medición actualmente disponible", cuenta la bioquímica Bibiana Fabre, que lideró la investigación.

El desarrollo fue patentado por la UBA en 2011 en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), pero por falta de fondos no se tramitó la patente internacional. "Sería una pena que por no contar con la protección intelectual se lleven este desarrollo, que nos costó años lograr aquí en la UBA", advierte.

El caso es solo una muestra de algo que ocurre con frecuencia en el sistema científico argentino. Arturo Prins, titular de la Fundación Sales, lo describe como "transferencia ciega de conocimientos".

"Solicitar una patente en el exterior es un trámite largo y costoso, por eso solo se patenta en los mercados donde se va a explotar comercialmente", dice Hernán Charreau, consultor en propiedad intelectual en el estudio Clarke y Modet.

Si patentar un desarrollo científico en la Argentina ya resulta complejo y suele demorar entre cinco y ocho años desde que se inicia hasta que se otorga finalmente una protección por 20 años, hacerlo en el exterior es más complicado y mucho más costoso. La Argentina no forma parte del Tratado Internacional de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), un acuerdo firmado por 150 Estados y que permitiría a los innovadores argentinos presentar una única solicitud, válida para todos los países miembros.

Al no haber ratificado este tratado, los investigadores y empresas locales deben solicitar protección para sus inventos en cada país (a un costo de entre US$5000 y US$8000 por presentación), lo cual deriva en una inversión millonaria. Más aún cuando estos costos deben afrontarse antes de saber si el desarrollo en cuestión tendrá éxito en el mercado (o si realmente se plasmará en un producto o servicio vendible).

Desde 1998 se suceden en el Congreso presentaciones de proyectos de adhesión al PCT. Sus impulsores destacan que ratificar este acuerdo favorecería el comercio internacional de bienes y servicios intensivos en conocimiento, en el marco de un eventual acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el ingreso de la Argentina a la OCDE.

Durante una reciente jornada sobre PCT y Exportación, organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el INPI, Juan Pablo Tripodi, titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, destacó que "los servicios basados en conocimiento son el tercer complejo exportador de la Argentina y ratificar este acuerdo permitiría aprovechar una oportunidad enorme de exportación de propiedad intelectual, sobre todo para las pymes y emprendedores".

Sin embargo, el PCT tiene sus detractores. Históricamente, los laboratorios nacionales, agrupados en Cilfa, se opusieron a este tratado por considerarlo "una cesión de soberanía en materia de legislación sobre patentes y desarrollo industrial, que solo favorece a las grandes empresas multinacionales", según consta en un documento de esa cámara.

También la fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que promueve el acceso a medicación para VIH y otras enfermedades virales, hizo saber sus reparos: "El PCT pone en riesgo la salud, porque si la Argentina adhiriera beneficiaría la presentación de solicitudes de patentes de las farmacéuticas extranjeras", dice Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la entidad.

"Ese aumento traería importantes barreras de acceso a medicamentos, porque aumentaría aún más su precio, complicando los presupuestos públicos, de obras sociales y prepagas, ya que esta medicación se adquiere en dólares", sostiene Di Giano, y pone como ejemplo que el presupuesto de la Dirección Nacional de SIDA en 2019 tuvo un recorte del 40% en términos reales por la devaluación.

En muchos casos, los propios investigadores y desarrolladores de tecnologías no perciben los beneficios de patentar sus inventos. "La realidad es que obtener una patente no asegura que un desarrollo científico llegue al mercado y a la gente", dice Hugo Luján, doctor en Ciencias Químicas e investigador del Conicet en el Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas de Córdoba.

Luján y equipo desarrollaron una innovación que podría cambiar la historia de la inmunología, desterrando para siempre agujas, jeringas y pinchazos. Se trata de una plataforma para vacunas orales. Lograron sortear el principal problema de esta tecnología, que es el hecho de que (salvo en el caso de la Sabín) se degradan muy rápidamente al llegar al intestino. Según el investigador, este mismo principio se podría aplicar a todo tipo de vacunas y medicamentos, como la insulina, que hoy son inyectables.

Estos desarrollos llevaron 20 años. "Pero lamentablemente el Conicet vendió la patente por US$75.000 a un laboratorio internacional, que nunca continuó los ensayos para poder comercializar el producto", se lamenta, y desliza su temor de que ocurra algo similar con su nueva plataforma.

Un proyecto de adhesión al PCT se presentó este año en la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados. Sin embargo, el calendario electoral y otras urgencias (como la ley de emergencia alimentaria), quitaron tiempo a los legisladores para analizar y expedirse sobre el asunto. El debate queda abierto y será otro de los tantos temas que deberá resolver la próxima gestión.

Innovadores

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