A dos años del asesinato del jornalero Luis Espinoza, su familia espera que la Justicia federal enjuicie a los policías acusados

A dos años de la muerte de Luis Armando Espinoza, no hay dudas que fue la policía de la localidad tucumana de Monteagudo quien lo asesinó y realizó un plan para su posterior desaparición. Si bien la investigación estaba en un estado avanzado en el fuero ordinario, la causa ahora pasó a la Justicia federal, que deberá investigar el caso como desaparición forzada de persona.

Hasta hace unos meses la causa se encontraba en manos de los tribunales ordinarios de la provincia de Tucumán, a punto de abrirse a prueba, en un estado avanzado y cerca de fijarse fecha para el inicio del juicio oral. Pero tras un planteo realizado por el fiscal general Antonio Gómez, la Cámara de Casación Penal resolvió que el caso deberá tratarse en el fuero federal por considerar el hecho como “de extrema e inusitada trascendencia, que, incluso, podría ser enmarcado como una grave violación de los derechos humanos”.

“Esta semana hablamos con el fiscal federal Pablo Camuña para saber algunos detalles de la causa, porque ahora se abre a prueba el proceso judicial en la Justicia federal en vistas del juicio oral. A partir del lunes tendremos diez días para presentar las pruebas” explicó a LA NACION el abogado representante de los familiares, Ángel Fara.

Si bien tanto él como el entorno de Espinoza prefería que el caso se mantenga en los tribunales ordinarios, el letrado ve el lado positivo, y es que la Justicia provincial hizo avances suficientes en la investigación, por lo que ahora, luego de que se revalidara dicha actuación, la Justicia federal deberá seguir los pasos que correspondan para avanzar hacia el juicio de los nueve policías y dos civiles imputados por el hecho.

“Estamos esperanzados en que se haga justicia. Hay pruebas de más. Obviamente, hay que ver en el juicio cómo se dan las cuestiones dilatorias por parte de las defensas, que son muchas, por la cantidad de imputados”, manifestó Fara.

El de Luis Armando Espinoza fue el primer hecho de gatillo fácil que se dio a conocer en los medios de comunicación a partir de la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus., y representa un claro hecho de violación de los derechos humanos fundado en la desaparición forzada de un individuo, en este caso por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Tucumán.

Un hombre trabajador y de familia

De la localidad tucumana de Mecho, e integrante de una familia muy humilde, de 17 hermanos, Espinoza era, a sus 31 años, padre de 6 hijos y trabajaba de peón rural para ganarse la vida.

“Luis era muy buena persona, vivía y trabajaba para sus hijos, su esposa y su madre. Era un gran hermano. El hecho de que nos lo hayan quitado de esta manera nos hizo mucho daño. No se puede entender el horror de lo que le hicieron” comentó a LA NACION Patricia Cuevas, cuñada de la víctima, quien en su momento ofició de vocera de la familia.

El 15 de mayo de 2020, Espinoza estaba con su hermano Juan Antonio cerca de donde se llevaba a cabo un festival de carreras de caballos organizado de manera clandestina. Ellos habían ido a cobrar un dinero de un trabajo y al regreso se detuvieron a observar el espectáculo.

Minutos después se produjeron violentos incidentes, luego de que efectivos policiales de la comisaría de Monteagudo arribaran al lugar con la intención de dispersar a los concurrentes del evento, que incumplía las medidas de aislamiento vigentes.

Tal como lo sostuvo en un principio la fiscal de instrucción Mónica García de Targa, los incidentes se iniciaron luego de que los oficiales Claudio Zelaya y Gerardo Rojas González llegaron a bordo de una moto Honda, seguidos de una Renault Kangoo en la que iban el oficial José Morales, Víctor Salinas, Carlos Romano, Miriam González (propietaria del vehículo) y el vigía Fabio Santillán. El último lugar de la caravana era ocupado por un Volkswagen Fox Cross donde viajaban el subcomisario Rubén Montenegro y los agentes René Ardiles y José Paz. En el planteo de la fiscal se dejó aclarado que los policías actuaron de civil y sin las identificaciones correspondientes.

Según el relato de Juan Espinoza, luego de caer de su caballo tras ser alcanzado por los oficiales, comenzó a ser golpeado brutalmente en el piso, donde perdió el conocimiento, no sin antes haber escuchado un disparo de arma de fuego.

“Ante el grito desesperado de Luis Espinoza para que dejaran de golpear a su hermano, el oficial Morales apuntó con su arma reglamentaria marca Jericho a la humanidad de Luis, que se encontraba a una distancia de unos 10 metros aproximadamente y, con claras intenciones de causar su muerte, realizó un disparo directo que impactó en el espacio intercostal izquierdo de la víctima”, afirmó la fiscal en el pedido de prisión preventiva para los imputados por la muerte del peón rural.

Espinoza no murió en el momento, por lo que podría haber recibido atención médica. Lejos de eso, una vez dado por muerto, fue trasladado a la comisaría de Monteagudo, donde permaneció cuatro horas, tirado en la base de un mástil. Allí fue desnudado y preparado para su posterior desaparición.

Su cuerpo fue envuelto en una frazada, con bolsas de residuos y cintas de embalar, y salió de la comisaría en el baúl del auto del subcomisario de la dependencia, en el cual lo trasladaron unos 120 kilómetros hasta la vecina provincia de Catamarca, en un área que conocía uno de los imputados, donde fue arrojado a un acantilado.

En ese lugar fue hallado una semana después, luego de que dos de los efectivos implicados rompieran el pacto de silencio que habían montado desde el día del violento operativo y confesaran que uno de ellos había matado al trabajador rural, además de brindar a la Justicia pistas sobre el lugar donde había sido arrojado el cuerpo.

La pesquisa

Hoy, a dos años del hecho, lo que abunda es material probatorio. Vestimentas con sangre, entrecruzamientos de llamadas, imágenes de cámaras de seguridad y pruebas de ADN corroboran que Espinoza fue asesinado a manos de las fuerzas de seguridad.

La investigación en un principio recayó en el juzgado de instrucción penal de Monteros y, si bien tanto la defensa de uno de los policías como el fiscal general Antonio Gomez solicitaron que sea el fuero federal el que se declarase competente, los pedidos fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones de Tucumán. Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal determinó el cambio de fuero en marzo de este año.

Los camaristas Eduardo Riggi, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos hicieron lugar al reclamo del fiscal federal Gómez y remitieron las actuaciones al Juzgado Federal N°2 de Tucumán para que asuma la investigación por la desaparición forzada de Espinoza.

Si bien la familia de la víctima había solicitado un pronto juicio y prisión perpetua para los acusados, deberán esperar un tiempo más, ya que si bien la investigación se encuentra en un estado avanzado, será ahora la Justicia federal la que determine, en definitiva, la responsabilidad de los acusados.