ADN del crimen: así actuaba “la banda de los seguros de la muerte”

Mataban para cobrar millonarias indemnizaciones con seguros de vida. Comenzaron como un grupo de estafadores que robaban identidades para armar carpetas financieras y sacar préstamos hipotecarios y personales, que nunca pagaban. Pero la ambición desmedida los llevó a matar.

Contrataron seguros de vida a nombre de personas que nunca se enteraron de esa operación y se colocaron como beneficiarios. A una de las víctimas la ahogaron en la laguna de Chascomús. Denunciaron el hecho como un accidente durante un excursión de pesca. Luego se presentaron a cobrar la indemnización por el accidente.

La organización delictiva que durante siete años pergeñó la trama de engaño y sangreófue conocida como “la banda de los seguros de la muerte” y cuatro de sus seis integrantes fueron condenados a reclusión perpetua por dos homicidios, asociación ilícita y estafas contra las aseguradoras.

Al revisar las declaraciones de los testigos que se presentaron en el juicio oral realizado en los tribunales de Dolores, los magistrados Analía Ávalos, José Luis Macchi y Carlos Colombo consideraron que el abogado Osvaldo Mairal, Daniel Stedile, alias el Arcángel, Héctor Noble y Fernando Gugliermetti integraban una asociación ilícita que cobró dinero de las compañías de seguros con pólizas que contrataron a nombre de las personas que mataron.

Antonio Florentino Sosa y Alberto Daniel Abulafia fueron dos de las víctimas de la banda. Aunque también se abrieron procesos en los tribunales de Mar del Plata y Necochea para establecer si hubo responsabilidad de alguno de los acusados en las muertes de Miguel Ángel Lucas y Raúl Osvaldo Jaureguibehere.

En el caso de Lucas, los investigadores judiciales hallaron pruebas que indican que murió en un accidente de tránsito.

“Me dijeron que habían tenido que ver en la muerte de Oscar Romero, un remisero de la ciudad de Balcarce. También me advirtieron que me cuidara porque el próximo seguro de vida que iban a cobrar seguramente sería el mío”, expresó uno de los testigos que declararon en el juicio.

En su declaración ante el tribunal, el testigo manifestó que el grupo delictivo también habría estado involucrado en el incendio de un galpón destinado a la fabricación de productos de limpieza, instalado en Mechongué. Luego del siniestro, su empleador había cobrado el respectivo seguro, sin entregarle nada al propietario del inmueble.

El testigo, que trabajaba como chofer para uno de los acusados, recordó el caso de “Lucas, que había fallecido en la ruta mientras conducía una moto y al que previamente habían ‘empastillado’, y que por esa muerte cobraron un seguro”.

Con respecto a Jaureguibehere, en un juzgado de Mar del Plata se investigó el caso como muerte en un accidente. El cadáver fue hallado el 5 de mayo de 1996, en el sector que se denomina “aguas interiores del Puerto de Mar del Plata”. El expediente quedó archivado. Pero lo llamativo del caso fue la aparición de Stedile, Mairal y Gugliermetti vinculados con la sucesión, registrada en el sumario N°5517 y como beneficiarios de los bienes del acervo hereditario.

Al declarar en el juicio, el testigo Damián Lorente manifestó que “había recibido un anónimo en el que le hacían saber sobre varias muertes en las que se involucraba a los acusados. Entonces, Stedile le requirió el papel para poder determinar de quién era la letra. Luego de leer el anónimo, Stedile expresó que alguno de sus socios lo había traicionado”.

Pero los cuatro acusados no resultaron condenados en los tribunales de Dolores por las muertes de Jaureguibehere y Lucas, ni por la estafa con el incendio del galpón en Mechongué. La Justicia no encontró pruebas contundentes para vincularlos con esos episodios y los procesos se archivaron.

A Stedile, Mairal, Gugliermetti y Noble los condenaron por el homicidio de Sosa. Mientras que a Stedile y Gugliermetti les sumaron la sentencia por el asesinato del prestamista Abulafia.

En 1999, la Justicia de Dolores comenzó a investigar una denuncia realizada por una empresa de liquidación de siniestros que había sido contratada por una compañía de seguros que se negó a pagar la indemnización por la muerte de Sosa, ocurrida el 30 de octubre de 1998, en Chascomús.

Ese día, a las 21.30, la persona que acompañaba a Sosa se presentó ante los bomberos de Chascomús con una identidad falsa y pidió ayuda para buscar a su amigo, que se había caído al agua mientras pescaban.

Varias horas después, los rescatistas hallaron el cuerpo de Sosa, en un sector bajo de la laguna, de lecho firme, no barroso. Para los policías que escucharon el relato del amigo de Sosa no pasó inadvertido el hecho de que la víctima vestía ropa de calle y tenía los zapatos puestos. En el lugar tampoco hallaron ningún elemento para pescar.

Tanto la esposa de Sosa como su hijo manifestaron que la víctima sabía nadar y no le gustaba la pesca. Así que resultaba imposible que se hubiera ahogado.

Durante el juicio se determinó que uno de los acusados pasó a buscar a Sosa por su casa, en Avellaneda, a bordo de un Fiat Duna. Cuando llegaron a Chascomús, se dirigieron a la laguna y en un sector próximo al circuito de motocross el imputado golpeó a Sosa en el rostro y lo sumergió hasta matarlo.

El tribunal determinó que los acusados cobraron las indemnizaciones de los seguros de vida por las pólizas N°8375 y N°90. Mientras que la tercera compañía de seguros se negó a pagar por una serie de vicios contractuales.

A partir de las detenciones de los sospechosos por el homicidio de Sosa quedó al descubierto el caso, que el periodista del diario Compromiso, de Dolores, Eduardo “Fischer” Cerdá denominó “la banda de los seguros de la muerte”.

Por una cuestión de conexidad, el tribunal dolorense también juzgó a los acusados por el asesinato de Abulafia, ocurrido el 5 de enero de 1999, en el kilómetro 57,500 de la ruta 9, en Escobar.

Según se determinó en el expediente, Stedile habría matado al prestamista para no pagarle una voluminosa deuda. Abulafia, dueño de una casa de venta de ropa femenina, fue asesinado de cuatro balazos en un Peugeot 406 bordó.

Debido a que en el momento en que se cometieron los homicidios estaba vigente la denominada ley del 2 x 1, que computaba como doble cada día que un acusado pasó detenido sin que la condena estuviera firme, Stedile salió de la cárcel en 2012, luego de estar preso menos de la mitad de los 25 años que hubiera tenido que cumplir por la condena a reclusión perpetua.