ADN del crimen. El juez detenido al que sus colegas no quieren enfrentar

Detenido desde agosto de 2018, el exjuez de La Plata César Melazo contempla cómo uno a uno se excusan los magistrados y fiscales que deberían juzgarlo y acusarlo en el debate oral al que será sometido por comandar una banda, integrada por oficiales superiores de la policía bonaerense, barrabravas de Estudiantes, un representante del Ministerio Público y delincuentes comunes, que se dedicaba a asaltar a personajes vinculados con la política y robar dinero cuyo origen los damnificados no podían justificar.

Hasta el momento, cinco jueces y seis fiscales del Departamento Judicial La Plata se excusaron de intervenir en el juicio oral contra Melazo.

En caso de que ningún fiscal de juicio de la capital bonaerense acepte acusar al exjuez en el debate oral, se daría una situación atípica que obligaría a recurrir a funcionarios del Ministerio Público de otro departamento judicial.

Según fuentes judiciales, hasta el momento el Tribunal Oral N° 2 que debe juzgar a Melazo y a otros trece imputados tiene dos de los tres integrantes designados. Falta el nombramiento del tercer magistrado.

Silvia Hoerr es la única integrante natural del tribunal que no se excusó. Los otros dos magistrados se apartaron de la posibilidad de intervenir en el juicio a Melazo debido a la "relación de conocimiento que tenían con el exjuez". Ante esta situación, se recurrió a un bolillero en el que figuraban los nombres de los integrantes de los otros cuatro tribunales orales de La Plata. Pero los dos magistrados sorteados también se excusaron. Entonces fue necesaria la aplicación de otro procedimiento similar. En ese segundo sorteo, uno de los jueces aceptó integrar el tribunal y el segundo también se excusó.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó los motivos expuestos por el veterano magistrado para no juzgar a Melazo. Empeñado en que no juzgaría a su colega, el juez de tribunal oral decidió recurrir a la Cámara de Casación Penal bonaerense, que aceptó sus argumentos para negarse a integrar ese tribunal.

Andrés Vitali fue el único cuatro de los jueces sorteados que aceptó formar parte del tribunal que juzgará a Melazo. Además de que falta un magistrado para integrar el tribunal que juzgue a Melazo, tampoco se encuentran fiscales que acepten impulsar la acusación contra el exjuez en un debate oral.

Al menos seis fiscales se excusaron de enfrentar a Melazo en una sala de audiencias. Cinco de los representantes del Ministerio Público expusieron argumentos similares a los magistrados. Explicaron que se excusaban "debido al trato cordial que recibieron de parte de Melazo cuando se desempeñaron como fiscales de instrucción e intervinieron en causas que tuvieron al magistrado como juez de Garantías".

La fiscal Betina Lacki también intervino como representante del Ministerio Público platense en varias causas en las que tuvo a Melazo como magistrado de Garantías; sin embargo, nunca se excusó.

Lacki se hizo cargo de la investigación por el homicidio de Juan Farías, que después de una pesquisa que se desarrolló durante más de un año derivó en la detención de Melazo. Su desempeño como fiscal en causas en común con el exjuez no resultó un impedimento para que imputara al exmagistrado como presunto jefe de una asociación ilícita.

Junto con el exjuez deberán ser juzgados en el mismo debate oral dos policías bonaerenses: Gustavo Bursztyn, quien se desempeñaba como comisario mayor de la policía bonaerense y comandaba la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata cuando fue detenido y acusado de integrar la banda del exmagistrado, y el oficial Gustavo Mena.

También están imputados en el mismo expediente Carlos Aníbal Barroso Luna, alias Macha; Carlos Bertoni, alias Yoyi, de profesión productor de seguros; Marcos Julio Chuisaroli, alias Chiusa; Rubén Orlando Herrera, alias Tucumano, supuesto exjefe de la barra brava de Estudiantes; Enrique Petrullo, alias Quique, y Ángel Custodio Yalet, alias Pipi. El listado de acusados de integrar la denominada "banda del juez" se completa con Adrián Manes, alias Quichua, y Javier Ronco. Ambos sospechosos, además, están imputados de ser los presuntos autores de tres asesinatos. A Manes se lo acusó del homicidio de Farías. Mientras que Ronco fue procesado con prisión preventiva por matar a su excómplice Carlos Rodríguez y su novia, María Martini. Ambos aparecen como los sicarios de la banda.

Si bien Melazo no aparece como imputado en el caso Farías ni existe en el expediente ninguna prueba que lo vincule con el homicidio, su destino procesal está ligado a la realización del juicio oral contra Manes, que debía realizarse en septiembre de 2018, pero el Tribunal Oral Nº 2 suspendió el juicio debido a la solicitud de la fiscal Victoria Huergo, que consideró que había pruebas y testigos en común con la megacausa en la que se investiga a la banda del juez. Para evitar un dispendio de recursos, se suspendió el juicio oral contra Manes, con el objetivo de que se juzgara a todos los imputados en un mismo debate.

A raíz de la pandemia del coronavirus se postergó el inicio del debate. Con la aparición del exjuez Melazo como presunto jefe de la asociación ilícita esa demora se agudizó, debido a que se sucedieron las excusaciones de jueces y de fiscales.

Actualmente, Melazo está preso con prisión preventiva confirmada. Pero en los últimos días la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, en una resolución firmada por los magistrados Sergio Almeida y Laura Lasaga, concedió la prisión domiciliaria para el exjuez.

Según consta en el expediente, esa sucesión de excusaciones de jueces y fiscales influyó notablemente a favor de Melazo. Tan importante resultó que dos camaristas tomaron esa circunstancia para fundar la resolución en la que se concedió la prisión domiciliaria al exjuez.

"El presente proceso que ya ha arribado al tribunal para el juzgamiento de los encausados se encuentra en estado crítico, al plantear tanto por parte de los funcionarios del Ministerio Público como los magistrados que deben juzgar sendas excusaciones, una cuestión que implica que el órgano de juicio tenga que volver a integrarse. Siendo así, se avizora un panorama desalentador en punto a la realización del juicio en un plazo cercano, teniendo en cuenta, además, la cantidad de imputados y la prueba a realizar en el debate", expresó el camarista Almeida.

Debido a que el fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo presentó un recurso ante la Cámara de Casación Penal bonaerense, la concesión de dicho beneficio para Melazo quedó en suspenso.

El camarista Raúl Dalto no estuvo de acuerdo con sus colegas Lasaga y Almeida y votó en disidencia. Según el magistrado, "el peligro procesal de fuga se manifiesta con especial entidad, considerando la gravedad y la pluralidad de los delitos atribuidos, así como la magnitud de la pena en expectativa".

Melazo no es el único integrante del Poder Judicial acusado de formar parte de la banda. Martín Ordoqui, integrante de la Cámara de Casación Penal bonaerense, se salvó de ser sometido a juicio oral debido a que todavía tiene fueros. Debido a la pandemia, se suspendieron las audiencias del jurado de enjuiciamiento de magistrados que se impulsó en su contra.

Ordoqui fue acusado de influir sobre resoluciones que beneficiaron, por ejemplo, al imputado Ronco, cuñado del presunto exjefe de la barra brava de Estudiantes, Rubén "Tucumano" Herrera. Según estableció la investigación encarada por el Ministerio Público de La Plata, Quique Petrullo actuó como intermediario entre Ordoqui y Ronco.

Tanta era la influencia que ejercía Melazo sobre algunos funcionarios del Poder Judicial en La Plata, que apareció como jefe de una asociación ilícita que tiene como integrante a Ordoqui, miembro del tribunal penal más importante del territorio bonaerense. El poder de Melazo también llegó a un integrante del Ministerio Público platense: Tomás Morán, el fiscal que, durante casi dos años, guardó en un cajón el expediente por el asesinato de Farías.

Por Gustavo Carabajal

• Justicia

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