ADN del crimen: Los Patrones de la Zavaleta, el grupo que instaló un mortal peaje

A fuerza de balas y sangre impusieron el miedo entre los vecinos de la denominada zona caliente de la Villa Zavaleta. Instalaron búnkeres de venta de drogas y, además, se dedicaron a cobrar peaje a los repartidores que se internaban en el complejo para entregar mercaderías en los negocios en los que se abastecen los habitantes del barrio. Hace dos años, los llamados Patrones de la Zavaleta ampliaron sus actividades y decidieron cobrarles peaje a los trabajadores que se adentraban en el barrio para instalar servicios de internet y televisión por cable.

Con el aumento de tránsito en el barrio, el cobro de peajes a vecinos, repartidores y trabajadores se convirtió en una importante fuente de ingresos de los Patrones de la Zavaleta.

Durante el día recorrían en grupos la zona más populosa del barrio y, ante la presencia de cualquier operario de una empresa de servicios o repartidor, los interceptaban y les exigían dinero. Primero, recurrían a amenazas verbales. La exigencia oscilaba entre $ 10.000 y $ 40.000 para dejarlos trabajar. Dichos montos variaban según la cantidad y el valor de las mercaderías que llevaban los repartidores o los precios de las herramientas que usaban los instaladores. Si alguno de los trabajadores se negaba a pagar, los delincuentes se comunicaban con un cómplice que acercaba las armas, para demostrar que la amenaza era concreta y así, exponer cuál sería la consecuencia por no acceder al pedido.

Por la cantidad de dinero que exigían los extorsionadores en concepto de cobro de peajes y el riesgo de sufrir ataques, muchos repartidores de alimentos evitaban ingresar en el barrio y dejaban las mercaderías en Iriarte y Vélez Sarsfield. Esto provocó que los dueños de los comercios tuvieran que trasladarse hasta algunos de los accesos de la villa Zavaleta para poder conseguir los productos que, después vendían a los vecinos.

Si los distribuidores accedían a pagar los peajes debían recargar los precios por los costos adicionales. Esta circunstancia provocó que aumentara el valor de los artículos de primera necesidad que se comercializaban en el barrio. Así, los vecinos sufrieron la consecuencia indirecta de la conducta mafiosa de los patrones de la Zavaleta.

El 18 de mayo del año pasado, a las 12.20, Mario Edgar Chambi y Mario Alberto Cabrera, dos operarios de una empresa prestadora del servicio de internet recorrían el barrio para instalar equipos de wife en una serie de viviendas.

Al llegar a la esquina de Cayastá y Luna, mientras acomodaban la escalera contra un poste, Chambi y Cabrera fueron rodeados por tres hombres que les exigieron $ 25.000 para dejarlos trabajar y no robarles las herramientas.

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores de la Policía Federal. tanto Chambi como su compañero respondieron a los agresores que no contaban con el dinero que exigían. Entonces, comenzó una discusión. Pero, el intercambio de gritos se convirtió en violencia física cuando uno de los agresores hizo una llamada.

Tres minutos después de esa comunicación, otros tres sospechosos llegaron a dicha esquina. Llevaban armas. Uno de los integrantes del primer grupo de agresores recibió una pistola calibre 9 mm y disparó contra Chambi y Cabrera.

A raíz del balazo en el pecho, Chambi perdió la vida en el acto. En tanto que su compañero, Cabrera, fue llevado en una ambulancia del SAME al hospital Penna, donde lograron salvarle la vida.

La valentía de un testigo

La investigación del ataque quedó a cargo del juez de Instrucción Santiago Quian Zavalía, que ordenó a un grupo de detectives de la División Homicidios de la Policía Federal que encontrase a los testigos del asesinato.

Para tratar de identificar a los autores del homicidio, los detectives de la Policía Federal debían desentrañar una sórdida trama instalada en el barrio por una organización mafiosa que, además de cobrar peaje a los vecinos, explotaba varios búnkeres de venta de droga.

En el complejo de 35 hectáreas conocido como Zavaleta y la villa 21-24, viven más de 50.000 habitantes. Allí, los laberínticos pasillos que, todavía existen, a pesar que el Estado porteño abrió calles y urbanizó una parte del barrio, es utilizado por organizaciones delictivas para acopiar droga y armas o refugiarse después de concretar algún asalto.

El ataque contra Chambi y Cabrera, ambos de nacionalidad paraguaya, movilizó a los habitantes de un sector del barrio. Ante los reclamos de los vecinos, los efectivos de la Prefectura, que en esos momentos tenían a su cargo la seguridad en la zona que ocupa parte de los barrios de Parque Patricios, Pompeya y Barracas, comenzaron a recorrer los sectores más transitados del complejo.

A mediados de este año, el Ministerio de Seguridad de la Nación, retiró a los efectivos de la Prefectura del barrio y la Policía de la Ciudad se hizo cargo de la seguridad. El gobierno porteño decidió reforzar los controles con la instalación de cámaras el sistema de video vigilancia. Con este panorama, la actividad del grupo mafioso que había atacado a los instaladores del servicio de internet quedó más expuesta y varios de sus integrantes decidieron abandonar el barrio de forma temporaria. Aunque siguieron impartiendo órdenes desde la clandestinidad.

Esta circunstancia modificó la conducta de algunos vecinos de la esquina de Cayastá y Luna que se animaron a hablar. Así, los investigadores de la División Homicidios de la Policía Federal comenzaron a armar el complejo rompecabezas del homicidio del técnico que instalaba el servicio de internet.

Un año después del asesinato, un testigo se presentó en el juzgado del magistrado Quian Zavalía y aportó una serie de datos que abrieron la investigación. Con la información entregada por esa persona, los detectives lograron identificar a dos grupos de sospechosos del ataque.

Primero, los efectivos de la Policía Federal establecieron que los presuntos responsables de la extorsión y disparos contra Chambi y su compañero fueron tres hermanos, de nacionalidad paraguaya, que habrían sido identificados como Aldo, Derlis y Huber Carballo Oliveira.

Después de una nueva recorrida por el barrio, los detectives pudieron averiguar que los sospechosos se habían refugiado en un asentamiento de la zona sur del Gran Buenos Aires. A fines de octubre, los policías identificaron el lugar donde se escondieron los presuntos asesinos del instalador de internet: el barrio Iapi, de Bernal, un conglomerado de viviendas repartidas en diez manzanas entre el arroyo Las Piedras, el Camino General Belgrano y las calles Montevideo y Lynch. En una de esas casas, situada en Neuquén y Sarmiento, en un sótano, fueron encontrados dos de los hermanos Carballo Oliveira.

Cuando los policías irrumpieron en la vivienda, Derlis intentó abrir fuego con una escopeta pero fue reducido. Derlis y su hermano, Aldo fueron detenidos en ese momento. Faltaba capturar a Huber, el tercer integrante del clan Carballo Oliveira.

Hace diez días, los efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal realizaron un operativo en la villa Zavaleta, cerca de la esquina donde fue asesinado el instalador de dispositivos de wifi. Luego de revisar siete domicilios, cuatro de esas viviendas situadas en la conflictiva Manzana 7, los policías detuvieron a dos sospechosos que habrían sido identificados como Nicolás Juárez y Franco Aguirre, que fueron imputados como los presuntos proveedores del arma con la que mataron a Chambi.

Antecedentes mafiosos

El homicidio del instalador de internet no fue el único caso de un asesinato que tuvo como móvil la venta de protección o cobro de peajes a los trabajadores, en la villa Zavaleta.

En 2009, Ángel Aicardi, que trabajaba como repartidor de garrafas fue asesinado de un balazo en la cabeza, El 21 de marzo de ese año, la camioneta con la que Aicardi y dos compañeros repartían la mercadería fue interceptada por tres sospechosos que les exigieron dinero para dejarlos pasar.

Aicardi entregó dinero, pero los agresores no se conformaron y le dispararon un balazo en la cabeza. Según los dos sobrevivientes, los mismos sospechosos ya los habían amenazado en otra oportunidad.

A partir de la investigación realizada por el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, fue identificado uno de los integrantes del grupo que interceptó a Aicardi.

Con una serie de pruebas sumadas en el expediente, el fiscal logró establecer que el presunto autor del disparo sería un sospechoso que habría sido identificado como Leandro Ríos. El acusado fue detenido en 2010 y procesado.

La modalidad de cobrar peajes a los trabajadores no era una conducta delictiva exclusiva de la villa Zavaleta. También la sufrieron instaladores del servicio de internet en Mataderos.

Un grupo de trabajadores fue interceptado por un grupo de delincuentes que se bajó de una camioneta blanca, en el cruce de Echeandía y Saladillo, y exigió una importante suma de dinero para dejarlos instalar los equipos.

Según consta en la denuncia presentada en una comisaría de la Policía de la Ciudad, los agresores exigían el dinero en nombre de “Pipo”, el patrón del barrio Pirelli.ß