Alerta en Rosario. Protesta de guardiacárceles y tensión entre los presos de la cárcel de Piñero

ROSARIO. Cuatro días después de que comenzara un proceso de reagrupamiento de los líderes de bandas narco en módulos con mayores controles en la cárcel de Piñero, ubicada a 20 kilómetros de Rosario, estalló hoy una protesta protagonizada por un grupo de agentes penitenciarios que impidió que se realizaran los cambios de guardia de la mañana.

El gobierno de Santa Fe atribuyó el clima de máxima tensión a que los mayores controles en los pabellones narcos “cortaron negocios” —según advirtieron fuentes del Ministerio de Gobierno— que manejaban algunos agentes, sobre todo con el ingreso de celulares al penal. La mujer de un detenido reveló que existía una tarifa para ingresar los aparatos. “Cobraban 8000 pesos para ingresar un celular”, reveló Claudia del Valle a LA NACION.

El lunes pasado, en una requisa en el pabellón 14, donde están alojados miembros de Los Monos, se secuestraron 40 teléfonos celulares que estaban ocultos en los ductos de ventilación. “Se tuvieron que romper las paredes de hormigón para poder secuestrar los celulares que estaban ocultos allí. Los presos los ‘pescaban’ con un alambre”, reveló a LA NACION el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez.

El funcionario reconoció que la lectura que hace el gobierno es que las protestas de un grupo de guardiacárceles están vinculadas con que los controles más rigurosos y las reformas que comenzaron a aplicarse en el penal “rompieron algunos nichos de corrupción”. “Hay reclamos que son atendibles, pero llama la atención el contexto en el que estallaron estas medidas y quiénes están detrás”, apuntó.

Esta semana comenzó el plan de reagrupamiento de presos de alto perfil en Piñero. Sobre la base de un análisis de inteligencia criminal hecho entre el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de Rosario se decidió el traslado de 35 internos —líderes de bandas mafiosas y narco— a cinco módulos. Son pabellones con capacidad de entre 4 y 12 reclusos donde, además, se instalaron inhibidores para bloquear la señal de celular.

La cruenta fuga, origen de los cambios

Un punto de inflexión en la crisis carcelaria en Santa Fe se produjo a fines de junio cuando se produjo un ataque externo a la cárcel con ametralladoras, que logró que escaparon ocho reclusos. Siete convictos fueron recapturados, a excepción del presunto líder de la fuga, Claudio Mansilla, alias Morocho, quien se encuentra prófugo. Durante la evasión y su represión se produjo la muerte de un preso.

Tras la espectacular fuga de Piñero, 13 líderes narco fueron trasladados a los penales federales de Marcos Paz y Ezeiza, el 2 de julio pasado. Entre ellos, Esteban Alvarado, rival de Los Monos; los hermanos Funes, y Brandon Bay, uno de los lugartenientes de Ariel Máximo Cantero, alias Guille.

“Tenemos información de investigaciones judiciales que advierten que hay bandas activas dentro de la cárcel, vinculadas con el narcotráfico y las extorsiones, por lo que se decidió reagrupar a estos líderes de organizaciones criminales para poder controlar mejor el acceso a teléfonos celulares”, afirmó una alta fuente del Servicio Penitenciario. Se cambiaron los celadores de cada módulo, porque se sospechaba que había algún tipo de connivencia con los narcos.

Martín Mazzeo, abogado de los agentes que realizaron los reclamos, afirmó a LA NACION que “la protesta se produjo por las pésimas condiciones laborales y en demanda de un aumento salarial que establezca un piso de ingresos de 85.000 pesos [hoy, el sueldo inicial es de 60.000]”, afirmó el letrado. Aclaró que la protesta se levantó luego de que las autoridades accedieran a tener una reunión, que se realizará la semana que viene. “Si no hay solución esto se va a agudizar”, amenazó.

Desde el gobierno santafesino advirtieron que Mazzeo “está vinculado” al líder narco Alvarado. El abogado admitió a LA NACION que es “asesor legal” del jefe mafioso, pero aclaró que su función profesional “no tiene nada que ver con los reclamos de los agentes penitenciarios”.

El foco de la Justicia está puesto en el penal de Piñero en varias causas judiciales. Entre ellas, la que está en juicio actualmente, por los 14 ataques a tiros a jueces y edificios tribunalicios. La hipótesis de los fiscales del caso es que esas balaceras se organizaron desde esa cárcel y comenzaron a ejecutarse el 29 de mayo de 2018, cuando Guille Cantero fue trasladado a la Unidad Penal Nº7 de Resistencia, Chaco.

El negocio de los teléfonos que convierten las celdas en “oficinas”

Los pabellones donde están alojados los líderes de las bandas narco se transformaron en oficinas del crimen organizado. Las órdenes para disparar se dan con las aplicaciones de mensajería con los celulares.

“Los únicos que la pasaban bien eran los jefes de las bandas narco, que eran presos VIP. Los internos que no pertenecen a organizaciones criminales tienen un trato inhumano, sobre todo con respecto a su salud”, relató a LA NACION Claudia del Valle, quien va al penal todas las semanas a visitar a su pareja, Ricardo Albertengo, condenado a prisión perpetua en 2019 por el crimen del policía Mauro Mansilla.

Del Valle señaló que “para ingresar un celular a la cárcel los penitenciarios cobran 8000 pesos. Un día una mujer entró seis teléfonos al penal. Esto es un negocio muy grande”.

En las investigaciones de crímenes con sello narco se repite un patrón: las órdenes para ejecutar a la víctima provienen desde las cárceles de Santa Fe. Sucedió el 21 y 23 de febrero pasado, cuando sicarios ejecutaron primero a Javier Procoop, a quien presuntamente confundieron con su hermano Marcelo, que fue asesinado tres días después en el sepelio de Javier en el cementerio San Lorenzo, de Villa Gobernador Gálvez.

La orden para matar a estos dos hombres, según la investigación judicial, partió desde la cárcel de Piñero de un lugarteniente del líder de Los Monos, que está detenido en la prisión de Marcos Paz. La trama detrás de las muertes fue el mercado de cocaína de Villa Gobernador Gálvez, donde aún quedan restos del clan Bassi, enemigos históricos de Los Monos.

En las cárceles las órdenes se dan a través de smartphones, pero ya no a través de llamadas, sino de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal, entre otras. Eso hace que las intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia ya no tengan mucho sentido.

Las investigaciones se hacen más complejas: sin contar con el aparato móvil, los fiscales no pueden acceder a la información que tiene el teléfono.

Cada vez es más complicado hallar teléfonos que sean importantes para las pesquisas. “Muchas veces los teléfonos que se secuestran están en desuso o son destruidos a propósito”, contó una alta fuente policial.

En julio del año pasado allanaron tres veces el pabellón Nº9 donde estaba alojado el narco peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, quien fue trasladado a fines de junio pasado a Marcos Paz, sospechado de estar detrás del crimen del exconcejal Eduardo Trasante, ejecutado dentro de su casa. Los allanamientos tenían como objetivo secuestrar los teléfonos de Granthon para confirmar si había dado órdenes para matar a Trasante. Minutos antes de que entraran los efectivos policiales, el narco peruano destruyó su móvil. Lo hizo dos veces. El aparato se tuvo que enviar a la Policía Federal en Buenos Aires para que se pudiera recuperar la información.

Un problema de larga data

La situación de las cárceles de Santa Fe es problemática desde hace tiempo. En solo cinco años la sobrepoblación de presos aumentó de manera drástica. Aunque los delitos más comunes, como los robos, siguen en un promedio similar, de 46.000 por año —según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación—, la cantidad de presos se duplicó desde que entró en vigor el nuevo sistema procesal penal que le dio mayor rapidez y fluidez al tratamiento de los casos.

En 2014, la capacidad del sistema penitenciario provincial era de 2839 internos y en diciembre de ese año había 2818 detenidos. La población carcelaria actual es de a 6700 reclusos, según datos oficiales.

En solo dos años, entre 2014 y 2016, se sumaron 1626 presos, a un promedio de dos por día. En ese momento la cantidad de detenidos alcanzó los 4465. La espiral de ingresos a las cárceles no se detuvo hasta ahora, con una población carcelaria joven, que en un 80% está en la franja de 18 a 32 años, con un rasgo particular en cuanto al perfil de recluso: en su mayoría son debutantes en materia delictiva. A estos presos nóveles se sumaron, desde 2014, los principales jefes de las bandas narco, que hoy son los que ordenan ejecuciones con sus teléfonos, desde sus celdas.