Banda del juez. Arrestaron a un funcionario por gestionar beneficios para presos

Fernando Galimberti, funcionario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), fue detenido en las últimas horas, acusado de supuesto tráfico de influencias para beneficiar al imputado de una millonaria estafa. En la misma causa que Galimberti, figuran como acusados el suspendido juez de la Sala V de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Martín Ordoqui y el vendedor de influencias Enrique "Quique" Petrullo.

Galimberti fue apresado en el contexto de un expediente que se inició como un desprendimiento de la investigación de la denominada "banda del juez", una asociación ilícita integrada por el exmagistrado César Melazo y otros dos miembros del Poder Judicial de La Plata, comisarios de la policía bonaerense, el presunto exlíder de la barra brava de Estudiantes, Rubén Herrera, alias "Tucumano" y un grupo de delincuentes comunes.

Según fuentes judiciales, el delito por el que fue acusado Galimberti ocurrió entre 2016 y 2018, cuando no se desempeñaba en la CNRT. Oficialmente, el organismo estatal informó que, a partir de la acusación contra Galimberti, el funcionario fue desplazado de su cargo.

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores judiciales se habría determinado que Galimberti y Petrullo le habrían pedido dinero a un contador denunciado por estafar a una mujer, dueña de una sociedad, propietaria de un emprendimiento inmobiliario en Chascomús.

La causa penal por la estafa se instruyó en la fiscalía N° 11, del Departamento Judicial Dolores, con jurisdicción en Chascomús.

En la denuncia, la mujer acusó al contador de hacerle firmar una serie de documentos que derivaron en el desapoderamiento de la sociedad, dueña del emprendimiento inmobiliario. Según, la acusación de la víctima, el contador se aprovechó de que ella estaba postrada a raíz de un grave accidente que sufrió para quitarle sus propiedades mediante la firma de una serie de poderes.

La investigación contra el contador acusado avanzó y su situación procesal se complicó. Entonces, habría decidido recurrir a Petrullo y Galimberti.

En el caso de Petrullo, la fiscal Betina Lacki, lo acusó por el hecho de Dolores y ya estaba procesado por tráfico de influencias en esta causa y en el expediente que tiene como principal imputado al exjuez Melazo.

El nombre de Galimberti apareció en la investigación a partir de la revisión de los datos hallados en el celular secuestrado a Petrullo. En una de las conversaciones por WhatsApp, ambos imputados se refirieron a la causa de Dolores. Esta comunicación constituyó la punta del ovillo para resolver el entramado que escondía la venta de favores judiciales para beneficiar al contador acusado.

A partir de la incorporación de más pruebas, la fiscal Lacki solicitó las capturas de Petrullo y Galimberti. En las últimas horas, el juez de Garantías de La Plata, Federico Guillermo Atencio, aceptó la solicitud de la fiscal y ordenó las detenciones de Galimberti y Petrullo. . En el caso de Petrullo, se trató del tercer pedido de detención en su contra, debido a que ya tenía uno anterior por esta misma causa y el primero, por el expediente Melazo.

Con respecto a Galimberti, se dispuso que el operativo para detenerlo estuviera a cargo de los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El procedimiento se concretaría en el domicilio laboral del imputado, la oficina de la CNRT situada en Maipú 88, en el centro porteño, pero Galimberti, finalmente, se presentó con sus abogados en los Tribunales de La Plata y quedó preso.

La causa por la que fue detenido Galimberti se inició como un desprendimiento del expediente de la denominada "banda del juez". Al revisar las comunicaciones entre Petrullo y el camarista Ordoqui, los investigadores judiciales advirtieron que se mencionaban expedientes y casos que no tenían relación con los acusados del caso Melazo.

Así, los responsables del sumario encontraron una serie de irregularidades en el otorgamiento de la prisión domiciliaria al empresario Pablo Ariel Heine, sometido a juicio como jefe de una asociación ilícita que se apropiaba de establecimientos rurales de la zona de San Vicente y Brandsen.

A pesar de tantos pedidos rechazados y de su frondoso prontuario, en junio 2018, Heine pudo dejar la cárcel. El acusado había recibido el teléfono de Petrullo. Entonces, le pidió a su esposa que se comunicara con el "gestor judicial". Comenzó así un intercambio de mensajes que terminó con una resolución dictada por el camarista Ordoqui, en la que Heine fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

Así, el reconocido usurpador consiguió lo que otros jueces le habían negado. Para obtener dicho beneficio, Heine habría entregado a María Eugenia Mercado, secretaria privada de Ordoqui una importante suma de dinero en concepto de compensación, según declaró la abogada Lidia Perna, al presentarse como arrepentida.

A raíz de esta misma investigación ya fueron detenidos tres abogados de La Plata y un financista.

Al revisar las capturas de más de diez mil mensajes intercambiados entre los distintos acusados, los investigadores hallaron un glosario de términos que los imputados utilizaron para referirse a algunas de las personas que requerían los servicios del grupo delictivo para obtener beneficios en causas penales que los tenían como acusados. Así, los investigadores determinaron que cuando se acordaba una reunión en la "terraza", "techo" o "azotea", se hacía referencia al despacho de Ordoqui. En sus distintas conversaciones, Petrullo se refería al magistrado con los términos "tío", "profesor" o "loquillo".

En varios intercambios de mensajes los acusados se referían al "TP" o "trabajo práctico", término que, según los investigadores indicaba los escritos o presentaciones judiciales en las que aparecían como beneficiarios las personas que contrataban los servicios de la asociación ilícita y que el juez debía controlar para que la gestión tuviera éxito.

Actualmente, el camarista Ordoqui está suspendido y con un jury de enjuiciamiento en su contra.