Berni pidió a Rosario que arrase los búnkeres de droga con topadoras

ROSARIO.– El gobierno nacional les exigió a las autoridades santafecinas que cada día derrumben con topadoras nueve búnkeres de droga mientras dure la ocupación con fuerzas federales de los barrios más humildes y, a la vez, más castigados por la violencia del narcomenudeo.

Ése fue uno de los puntos salientes de la estrategia que trazaron en el encuentro que mantuvieron la ministra de Seguridad nacional, María Cecilia Rodríguez, y el secretario del área, Sergio Berni –jefe en los hechos de las fuerzas federales–, con el ministro de Seguridad santafecino, Raúl Lamberto, y la intendenta de esta ciudad, Mónica Fein.

Según averiguó LA NACION, Berni puso como exigencia que las máquinas municipales arrasen con los quioscos de venta de estupefacientes mientras los 2000 gendarmes que desembarcaron la semana pasada en las zonas críticas de la ciudad dan cobertura de seguridad.

"Se analiza que tras la destrucción de los búnkeres se planten árboles en los terrenos que sean apropiados", explicó Lamberto.

El nuevo arribo de Berni se concretó luego de un fin de semana sangriento. Anteayer hubo cinco homicidios (tres de ellos con el sello del sicariato) y ayer, dos. El propio Berni admitió: "Sabíamos que no iba a ser fácil ni que se iba a bajar la violencia de la noche a la mañana".

Leonel González, de 26 años, apareció muerto en un pasillo de Empalme Graneros, en la zona noroeste, a metros de uno de los tantos quioscos de venta de droga, muchos de ellos blindados, construidos con ladrillos y chapas de hierro, que se transformaron en ejes de violencia en los barrios.

Gran parte de los búnkeres son atendidos por menores que son adictos, que están largas horas encerrados allí en condiciones deplorables, sin baño ni agua potable. La única comunicación con el exterior es una ventana muy pequeña por donde pasan la droga y el dinero. Esta modalidad de venta de droga se impuso a causa de los tiroteos entre bandas.

El Ministerio de Seguridad de la provincia pasó un listado a la justicia federal de 170 búnkeres que funcionan en la ciudad. El miércoles pasado, cuando desembarcaron en Rosario tres mil efectivos de fuerzas nacionales, se realizaron 89 allanamientos, 67 en puntos de venta.

Uno de los quioscos allanados ese día por los gendarmes, en Uruguay al 8200, en el sudoeste rosarino, volvió a reabrir al día siguiente. La reacción de los vecinos fue demolerlo con sus propias manos, con picos y martillos, para evitar que retornaran los "soldaditos", que amenazaron a varias familias del lugar. Ese quiosco de droga fue allanado ya 15 veces.

La demolición con topadoras de las bocas de expendio de drogas fue una medida que aplicó la gestión de Antonio Bonfatti en junio de 2012, luego de que un joven fuera asesinado en la puerta de un búnker en Felipe Moré y Uruguay. Destruyeron 37, y muchos fueron arrasados dos o tres veces, ya que al poco tiempo los narcos los reconstruían. Se usaba esta metodología cuando el quiosco de droga estaba asentado sobre tierras fiscales.

Pero entonces surgieron fuertes críticas de parte de diputados kirchneristas, que argumentaban que la medida era "simple populismo punitivo", un golpe de efecto mediático que no lograba avanzar sobre la cadena de comercialización de droga.

En la justicia federal surgieron disidencias. La Fiscalía N° 2 citó a funcionarios de Seguridad provincial para que explicaran por qué habían derrumbado búnkeres que estaban bajo investigación penal.

Ahora es el gobierno federal kirchnerista el que pide reiniciar la tarea de destrucción de los puntos de venta de drogas. En la municipalidad creen que el búnker deja una cicatriz muy intensa en el barrio, por la violencia que genera y el uso de jóvenes y niños hacinados en cuatro paredes blindadas. Como parte del plan de "pacificación de los barrios", se llegó a un consenso sobre la eliminación definitiva de los quioscos.

La intendenta Mónica Fein pidió "que en los barrios donde se localicen y se desocupen búnkeres de venta de drogas se puedan tirar abajo porque en estos espacios se toma cautivos a chicos y se generan encadenamientos de violencia".

"Hace más de un año que se plantea que la existencia de quioscos de venta de droga rompe la lógica de convivencia en los barrios de la ciudad, captando a los jóvenes más vulnerables", apuntó. Fein dijo que desde el inicio del operativo con la Nación, el municipio y la provincia trabajan "en ubicar los territorios más violentos y generar información sobre los puntos de venta".

Berni admitió que a pesar del megaoperativo desplegado por las fuerzas federales en los barrios más conflictivos de Rosario todavía "no están descabezados los grupos narcos" en la ciudad. "Esto recién empieza. Es un trabajo de mucha templanza y paciencia, hay que ir centímetro por centímetro", afirmó. Y agregó: "En narcotráfico, hay un término que lo describe muy bien: el «efecto globo». Cuando uno aplasta un globo por un lado, revienta por otro. Y eso es lo que no queremos", añadió.

La ministra Rodríguez dijo que están "conformes con el operativo que se realizó luego de que Bonfatti pidiera colaboración de las fuerzas federales por el alto grado de violencia que hay en estos barrios". Sostuvo: "Van a disminuir los niveles de violencia y de penetración de las mafias. Esto se hace con profundización de las investigaciones, con tareas de inteligencia". Señaló que la situación de Rosario con respecto al narcotráfico no es distinta de la de Buenos Aires o Córdoba y aseguró que la investigación "no se reduce a las bandas famosas sino que se extiende a los cuerpos políticos y policiales que puedan tener alguna vinculación con el delito".

Germán Matías Almirón, el oficial de la División Judiciales de la policía local acusado de haber planeado con un preso el asesinato del juez Juan Carlos Vienna y del fiscal Guillermo Camporini, que investigan a Los Monos, fue ahora procesado por narcotráfico.

Para el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros es coautor de tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas y por ser cometido por un funcionario público encargado de la prevención de actividades ilícitas. También le impuso un embargo de $ 20.000, según informaron fuentes judiciales.

Según surge de la resolución, Almirón brindaba protección a la banda narco liderada por Reina Isabel Quevedo, que fue desarticulada el 9 de febrero, cuando se secuestró en Metán, Salta, una carga de 80 kilos de cocaína. Por ese caso ya están procesados "la Reina Isa" Quevedo, Julio César Feldkircher, Cristian Palomeque, Sergio Alberto Galarza, Griselda Barbora Vergara y Mercedes Quinteros (madre de Quevedo).

Por Germán de los Santos

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