Buscan justicia: cuatro mujeres, cuatro crímenes impunes

Lucila Yaconis, María Marta Landívar, Paula Perassi y Mariela Bortot vivían separadas por varios cientos de kilómetros, en la Capital, en Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba. Pero comparten un destino trágico: fueron asesinadas. Los cuatro casos están abiertos y siguen impunes.

Ellas representan una dramática realidad de nuestro país, reflejada en una estadística escalofriante: en los últimos cinco años, 1236 mujeres fueron muertas en hechos de violencia de género. Según la estadística elaborada por la ONG La Casa del Encuentro, durante 2013 cada 30 horas una mujer fue asesinada en el país.

A Lucila, de 16 años, la mataron el 21 de abril de 2003 a dos cuadras de su casa, en Vilela y las vías del tren Mitre, Núñez. Paula tenía 33 cuando desapareció de su casa en San Lorenzo, Santa Fe, el 18 de septiembre de 2011. Su cuerpo nunca apareció, pero su familia cree que fue víctima de un femicidio. María Marta tenía 38, era de Ayacucho, pero se había radicado en Pinamar, donde trabajaba como psicóloga. Allí la mataron, el 18 de mayo de 2012. Mariela Bortot tenía 40 y vivía en Inriville, Córdoba. Salió a caminar el 25 de enero pasado. Nunca más se la vio. Para sus hijas, está viva y podría haber sido secuestrada por una red de trata de personas.

"Lo que pasó con mi hija fue el crimen perfecto, porque hasta ahora la Justicia no me ha dado ninguna respuesta", dice Susana Landívar, madre de María Marta. Junto con su esposo, José, y su hijo Ignacio comparten el dolor de haber enfrentado una muerte violenta y la impotencia de vivir sabiendo que el asesino está suelto.

"Se investigó a pacientes y amigos. El fiscal investigó mucho, pero no encontró nada", agrega José Landívar, mientras sostiene el retrato de su hija, en su casa de Ayacucho.

Al principio de la investigación, a cargo del fiscal de Dolores Diego Bensi, estuvo detenido un ex funcionario de Seguridad de la Municipalidad de Pinamar. Pero ante la falta de pruebas quedó desvinculado de la causa. Pasaron más de dos años; nadie más fue detenido por el caso.

"La Justicia se movió, pero no tenemos nada en limpio. No se llevaron nada de la casa de mi hermana... No faltaba ningún objeto ni había huellas digitales", expresó Ignacio, el hermano de la víctima.

La impunidad del homicidio de María Marta no escapa a la realidad que se vive en el territorio bonaerense, donde sólo el 3% de las denuncias penales por distintos tipos de delitos llegan a tener una condena, según un informe revelado por Avise, una ONG que agrupa a familiares de víctimas de hechos sin esclarecer. Esa estadística se basa en datos de la justicia provincial.

"Después de más de once años sin que ni la Justicia ni la policía hayan logrado encontrar al asesino de mi hija, lo único que siento es bronca", se resigna José Yaconis, padre de Lucila. A su lado, en la cocina de la casa hacia la que volvía Lucila cuando la mataron, Isabel Yaconis aventura: "Para mí, el asesinato de Lucila se transformó en un crimen perfecto. Al homicida que mató a mi hija después de intentar abusar de ella le salió todo muy bien, porque todavía sigue libre". Isabel es una de las fundadoras de la Asociación Madres del Dolor, ONG dedicada a contener y asesorar a víctimas y familiares de personas que sufrieron hechos de violencia.

Tanto Isabel como José recordaron cómo los acompañó Juan Carr, el máximo referente de la Red Solidaria. Dos días después del homicidio de Lucila, Isabel y José salieron a buscar testigos en un barrio que estaba dominado por el temor.

A partir de esa búsqueda, los padres de Lucila hallaron a los dos testigos más importantes del caso. Una empleada doméstica que trabajaba en O'Higgins y Paroissien, que recordó haber visto a un sospechoso en el cruce de las vías. El otro es el sereno de un galpón en el que reparaban ascensores y que oyó los gritos de una chica que decía "¡dejame, dejame!". Cuando salió a ver qué pasaba, el hombre que estaba con la chica le dijo: "No pasa nada, jefe. Es mi novia".

"Como estaba oscuro, no pudo ver claramente el rostro del hombre que estaba con mi hija. Nunca se dio cuenta de que estaban atacando a Lucila. En un momento, la policía me dijo que habían encontrado ADN del asesino. Entonces pensé que el caso estaba resuelto. Después me di cuenta de que no había nada contra lo que se pudiera confrontarse ese patrón genético", explica Isabel.

Desde que mataron a su hija, Isabel trató de que se creara una base de datos con los ADN de los violadores y así poder dotar a la Justicia de una herramienta para identificar a los autores de abusos sexuales.

"Después de mucho luchar, desde Madres del Dolor se consiguió que se creara el banco de huellas genéticas de los condenados por delitos contra la integridad sexual. Pero el problema es que abarca un universo muy chico, porque sólo contiene la información de los violadores con sentencia firme. Por eso ahora se solicitó a los legisladores que modifiquen la ley para que cambien el requisito de sentencia firme por el de condenatoria", concluyó Isabel.

A pesar de que al expediente por la investigación del homicidio de Lucila se incorporaron 80 muestras de ADN de distintos sospechosos, todos los cotejos con el patrón genético del homicida dieron negativo. El asesino de Lucila sigue libre...

En su casa de San Lorenzo, cerca de Rosario, Alicia y Alberto, padres de Paula Perassi, creen que su hija fue víctima de un femicidio, a pesar de que el cuerpo nunca apareció.

Paula fue vista con vida por última vez el 18 de septiembre de 2011, cuando salió de su casa, en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, tras recibir una llamada en su celular. Salió en busca de una mujer llamada Elsa por recomendación del empresario Gabriel Strumia, uno de los principales sospechosos en la causa judicial.

"En el caso de mi hija se hizo todo mal. A las pocas horas de la desaparición de Paula comenzó a funcionar la maquinaria del poder político y policial para proteger a los asesinos. Dentro de la municipalidad de San Lorenzo y en algunos sectores de la justicia de Santa Fe hicieron algo para evitar que el caso de Paula se esclareciera", expresa Alberto.

Paula tenía 33 años y era madre de dos hijos. Al principio de la investigación se determinó que "Elsa" nunca la había llamado y que la comunicación fue realizada desde un locutorio. La policía demoró 11 días en allanar el local de Dorrego y Tres de Febrero. Cuando se recuperaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, se supo que las imágenes grabadas el día que desapareció Paula habían sido borradas por el propio sistema, que sólo archiva los registros de los cinco días previos. Así se borró la imagen de quien se hizo pasar por Elsa y realizó la llamada que llevó a Paula a una emboscada.

"A los pocos días de la desaparición de Paula advertí que algo andaba mal en su matrimonio, que estaba embarazada de seis semanas y que tenía un amante. Ese amante era Strumia. Un día lo enfrenté y me dijo que «sabía que iba a pasar lo que ocurrió», y después nunca más habló. Con el tiempo me enteré de que, antes de recibir la llamada de la falsa Elsa, Paula había estado con Strumia y uno de sus colaboradores en una estación de servicio", recuerda Alberto. "Para mí, a Paula la llevaron obligada y secuestrada a hacer un aborto y se les murió", agrega Alicia.

Se encadenó al frente del edificio de la jefatura policial; le mandó cartas a la presidenta Cristina Kirchner y gran parte de sus vecinos de San Lorenzo se movilizaron en su apoyo. Pero ni así logró Alberto que la Justicia esclareciera qué pasó con su hija.

Al igual que Alberto, en Inriville, Córdoba, Jésica Fontana, una de las hijas de Mariela Bortot, también afirma que hubo serias falencias en la investigación de la desaparición de su madre. "Tengo la certeza de que las cosas se hicieron mal. No sé si hubo negligencia o falta de experiencia entre quienes se dedican a investigar esta clase de hechos", dice.

Jorge Orellano, un ex policía de Córdoba, fue el único detenido por el caso. Pero la Justicia lo excarceló por falta de pruebas, el 29 de agosto pasado. Igual, para las hijas de Bortot él habría tenido alguna vinculación con la desaparición de su madre.

Los cuatro casos tuvieron una alta exposición en los medios. "Al dejar de ocupar espacios en los noticieros, las familias advierten que las causas dejan de avanzar y se empantanan hasta quedar perdidas en la burocracia judicial. Ahí comenzamos a colaborar con equipos interdisciplinarios de abogados y psicólogos que actúan judicialmente y en la contención", explica Fabiana Túñez, coordinadora de la ONG La Casa del Encuentro.

Detrás de ese apoyo, el dolor de estos cuatro casos simboliza a otros tantos miles que siguen impunes.

El 21 de abril regresaba a su casa de Núñez desde la escuela; le faltaba nada más que un par de cuadras para llegar cuando un hombre la tomó por la fuerza y la arrastró por el terraplén en Vilela y las vías del tren Mitre; la asfixió al intentar violarla. Nunca se lo identificó.

Nacida en Ayacucho, se había radicado en Pinamar, donde ejercía la psicología. El 18 de mayo de 2012 fue asesinada de un tiro en su casa; no le robaron nada, no había huellas dactilares en la escena. Hubo un sospechoso que quedó libre por falta de pruebas.

El 18 de septiembre de 2011 salió de su casa, en la localidad santafecina de San Lorenzo, tras haber recibido una llamada a su celular. Nunca más apareció. Su familia cree que fue víctima de un femicidio; la víctima tenía un amante y estaba embarazada de seis semanas.

El 25 de enero pasado salió a caminar por Inriville, el pueblo de Córdoba en el que vivía. Llamó a su hija mayor para avisarle que volvería a las 20; nunca apareció. Su familia cree que fue víctima de un rapto. Un ex policía, detenido como sospechoso, fue excarcelado.

Por Gustavo Carabajal

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