Caos en la autopista. La venta ilegal de una vieja pistola y el presunto robo en un allanamiento, origen del piquete que colapsó la Riccheri

Inmunes a las protestas de los automovilistas que se habían quedado varados a la altura del kilómetro 14,2 de la autopista Riccheri, decenas de vecinos de zonas de Villa Madero y Villa Celina linderas a la autopista alzaban sus propios carteles en el piquete que mantuvieron, durante más de cuatro horas, entre las 9.50 y las 14 de este lunes. Ellos también exigían respuestas de las autoridades por un confuso episodio ocurrido la semana pasada.

Según su denuncia, el 9 de este mes policías bonaerenses y de la Ciudad realizaron un allanamiento en una casa, en una causa por la venta ilegal de un arma a través de redes sociales y WhatsApp. En el procedimiento, acusaron, dos policías de la provincia habrían robado 2700 dólares que el dueño de casa –precisamente, el hombre investigado– había ahorrado para comprarle una silla de ruedas a su hija, que tiene una discapacidad.

“Vinieron a hacer un allanamiento y se llevaron dinero para comprar una silla de ruedas para una niña discapacitada”, dijo una de las manifestantes a LN+. Otra mujer, de Villa Celina, aseguró: “Vinieron como allanamiento, pero vinieron a robarnos. Nos robaron 2700 dólares. Pero no hay un sello de la fiscalía”.

Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, la causa se había iniciado con la denuncia que un hombre hizo ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), en la que dio cuenta de que un hombre que se identificaba como “Chamán loquillo” ofrecía a la venta una pistola Tala calibre 22 “sin papeles”.

El denunciante dijo, en la comunicación telefónica, que podía aportar las capturas de pantalla que acreditaban la venta del arma a través de un grupo de WhatsApp de “artilugios de caza y pesca”, y el número de teléfono de quien la ofrecía, aunque aclaró que no contaba con datos filiatorios o la dirección del sospechoso. Fuentes judiciales agregaron que la misma vieja pistola había sido comercializada por medio de un conocido grupo de compraventa en una red social.

La ANMaC (exRenar) hizo la denuncia ante la UFI-ARM (la unidad fiscal especializada en delitos con armas), que tras las comprobaciones pertinentes derivó las actuaciones a la Justicia porteña. El caso quedó en manos del fiscal en lo penal, contravencional y de faltas Rodrigo Pagano Mata, que encomendó a detectives de la Policía de la Ciudad realizar las comprobaciones del caso, ante la sospecha de que el caso excediera la mera portación ilegítima de armas y se extendiera a una eventual venta y/o alquiler de armas para cometer otros delitos.

Se solicitaron informes a las empresas de telecomunicaciones sobre el número telefónico investigado –se determinó que estaba registrado a nombre de una mujer, esposa o pareja del tal “El Chamán loquillo” que aparecía en el grupo de WhatsApp vendiendo la vieja pistola Tala 22. Los investigadores porteños también comprobaron, a través de un sondeo en redes sociales abiertas, que meses atrás la misma arma había sido ofrecida a la venta en una publicación.

Pesquisas complementarias y, sobre todo, la geolocalización del aparato que operaba aquella línea celular a través de las antenas de telefonía móvil permitió reconstruir sus movimientos reales; así se pudo ubicar el domicilio del imputado, en la localidad bonaerense de Villa Madero.

El 8 de mayo, el fiscal Pagano Mata ordenó realizar el procedimiento en ese domicilio. Pero como el objetivo estaba al otro lado de la General Paz, se debió efectuar un pedido de rogatoria para que la Justicia provincial autorizara el operativo.

El Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza firmó la orden y el 9, con las primeras luces del día, efectivos de la Policía de la Ciudad, acompañados por uniformados de la Bonaerense, irrumpieron en la vivienda de alias “Chamán loquillo”, el principal imputado en la investigación por la venta ilegal del arma.

Según pudo reconstruir LA NACION, en el allanamiento no apareció la pistola Tala y solo se secuestraron tres teléfonos celulares que, por estas horas, son objeto de peritajes. Pero una vez que los uniformados se fueron, los ocupantes de la casa dijeron que les faltaban entre 2600 y 2800 dólares, “dinero que estaban juntando para una operación de la hija”, que tiene una discapacidad. En el piquete de este lunes, los vecinos decían que esa plata era para comprar una silla de ruedas para la niña.

El 9, “el señor G.B.L. hizo la denuncia ante la Ayudantía de Delitos de Gravedad Institucional de La Matanza, a cargo de los fiscales Andrea Palin y Jorge Yametti. En la fiscalía ya prestaron declaración testimonial los testigos del allanamiento. Por ahora, “no se adoptó temperamento procesal” con respecto a los policías. Los acusados serían dos, de la fuerza de seguridad bonaerense, según informaron fuentes del caso.

LA NACION

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