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Con el arresto de los contactos paraguayos, avanza la causa por el contrabando de armas
Fueron detenidos dos sospechosos que serían el nexo entre los acopiadores de fusiles en la Argentina y los grupos de narcotraficantes brasileños que intentaban comprar ese armamento
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- Las encomiendas con las partes de fusiles salían desde el centro de esta ciudad. Se cargaban en los ómnibus de la empresa Nuestra Señora de Asunción, con destino tanto a la ciudad formoseña de Clorinda como a Asunción, donde los intermediarios paraguayos Eduardo Ramírez Cantero, alias Matungo, y su socio Carlos León Campos, ambos detenidos anteayer por Interpol, las llevaban a Pedro Juan Caballero para venderlas, como se sospecha, a organizaciones criminales brasileñas como Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho.
La detención de los dos "intermediarios" paraguayos, pedida por el juez federal en lo Penal Económico Pablo Yadarola, es un avance importante en las dos causas por tráfico internacional de armas que se originaron entre octubre de 2018 y junio pasado, cuando el magistrado ordenó allanamientos y secuestró más de 2500 armas en una trama donde hay más de 30 involucrados.
Se sospecha que Matungo y su socio León Campos tenían contactos no solo con Román Ragusa, el hombre que vendía las armas desde la Argentina, sino también con los compradores brasileños a través de Felipe Andrade Teixeira, quien se encuentra prófugo. Este brasileño, según fuentes de la investigación, era el encargado de pasar las armas a Brasil en Pontá Porá, ciudad limítrofe con Pedro Juan Caballero.
El secretario de Seguridad Eugenio Burzaco opinó que con la detención de los dos supuestos traficantes paraguayos "se va cerrando el círculo sobre esta banda criminal que quería poner estas armas peligrosas en la calle". Los dos paraguayos arrestados están en la mira de la Justicia de ese país desde hace mucho tiempo. En un allanamiento al local de Ramírez Cantero en Asunción, realizado por la Policía Nacional de Paraguay en marzo de 2016, se secuestraron dos cajas con partes de fusiles FAL que provenían de Rosario. Se utilizó un nombre falso, Oscar Ortiz, para despachar la mercadería, pero el domicilio del supuesto remitente, San Martín al 2000, es propiedad de uno de los hermanos de Ragusa.
En la investigación surgió que Matungo mantenía comunicaciones frecuentes a través de WhatsApp entre 2016 y 2018 con Ragusa, considerado el jefe de la organización en la Argentina. El 2 de julio pasado, una semana después de que en la Argentina se empezaran a ventilar los tentáculos de la organización de contrabando de armas, Ramírez Cantero negó al diario ABC estar involucrado en la causa que sigue adelante el juez Yadarola. Su nombre había empezado a sonar alrededor del caso. "Las supuestas pruebas que me conectan con un grupo de traficantes de armas desbaratada en la Argentina son totalmente falsas, pues dichos elementos de prueba jamás fueron encontrados o incautados en mi negocio ni en mi domicilio particular", aseguró Ramírez Cantero.
León Campos, su socio, quien era accionista de la firma Comtecpar, fue involucrado en julio de 2001 por tráfico internacional de armas en Bolivia, cuando fue detenido con 52 fusiles y dos ametralladoras antiaéreas calibre 50, armamento que, según la información de la prensa boliviana, fue robado al Ejército de ese país. Se sospechaba en ese momento que las armas iban a ser traficadas a través de Paraguay, con destino a Colombia, donde serían canjeadas por cocaína con los integrantes de las FARC.
La causa en la Argentina comenzó el 17 de octubre pasado cuando la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puso en conocimiento del juez Yadarola un pedido de "envío controlado" hecho por la División Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina. En el escrito se informaba que cinco días antes, la oficina Miami de Homeland Security Investigations (HSI) había interceptado un paquete que contenía 100 piezas de armas de alto calibre. Fue el comienzo de una investigación que terminó descubriendo "una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual", según la descripción que hizo el juez en el expediente.
En un primer capítulo de esta investigación cayó Román Ragusa, considerado el líder, junto a más de 20 personas, muchas de ellas que participaban de la adquisición de partes de armamento, pero que no tenían conocimiento cuál era el destino final. La organización funcionaba como una red sofisticada. Había varios canales para la adquisición de las partes del armamento. Ragusa compraba por internet las armas desde la Argentina, con una tarjeta de crédito local, a un vendedor alemán, que las enviaba a España, donde las recibía Juan Gil Palau, quien a su vez las mandaba a Holanda, donde las acopiaba Martinus Hoeben. Se cargaban en un contenedor en un barco que salía por una empresa paraguaya con destino a Buenos Aires.
La otra forma de ingresar las armas en nuestro país fue a través de pequeñas compras por encomienda en el Estado de Florida. Ese mecanismo fue el detectado en octubre pasado por Homeland Security. Además de Ragusa fueron detenidos otros miembros de la organización, la mayoría personas que se dedicaban a la compra de armas de colección, entre ellos, Ricardo P., quien fue arrestado en Rosario. Ese sospechoso declaró el 21 de diciembre pasado que las encomiendas con armas desde Miami entraban en la Argentina tras una escala en Brasil.
En una segunda etapa de la investigación fueron detenidas otras 17 personas en cuatro provincias argentinas. Uno de los aprehendidos fue el abogado Diego Bollati, jefe de contrataciones del Instituto Cartográfico Nacional, quien junto con su padre tenían la explotación en Córdoba del polvorín militar de la Fuerza Aérea, sobre la ruta 20, a través de la empresa Tala SA. Esa concesión venció en 2010, pero cuando fue allanada por orden del juez encontraron gran cantidad de material bélico. Otro de los detenidos fue Ricardo Deisernia, alias Tuerto, que tenía un arsenal en su casa de Martínez.
Una red internacional
2500 armas incautadas
En una serie de allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad federales se encontró un arsenal, que incluyó un cañón antiaéreo y un mortero.
30 detenidos
El operativo se inició tras detectarse en los Estados Unidos el tráfico de partes de fusiles de asalto; fueron atrapados sospechosos en varias provincias.
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