Con el traslado de más del 93 por ciento de los presos, la cárcel de Villa Devoto quedó cerca del cierre definitivo

Está cerca de llegar el cierre de la siempre polémica cárcel de Villa Devoto. La última prisión federal instalada en el territorio porteño, el establecimiento carcelario que superó durante muchos años los niveles de superpoblación y hacinamiento alberga desde ayer menos de un centenar de reclusos. Desde el pasado domingo se inició la transferencia de presos hacia el nuevo penal que funciona dentro del complejo penitenciario de Marcos Paz. Y unos 1400 condenados y procesados fueron trasladados luego del convenio firmado entre las autoridades nacionales y porteñas. El resto de los internos que cumplen allí penas recibirán el próximo 11 de noviembre la visita del Papa León XIV, si el Sumo Pontífice mantiene su agenda internacional luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en los últimos días.

Ese simbólico contingente de presos separa a la cárcel de Villa Devoto de su definitivo cierre. Fue rápido el traslado de detenidos bajo extremas medidas de seguridad durante los 45 kilómetros de recorrido. “Ayer (por anteayer), en el quinto día del proceso de traslado, otros 209 internos fueron llevados a Marcos Paz. Ya son 1400 los presos trasladados desde Devoto, más del 93% de la población carcelaria. En menos de una semana, con nuestras cinco Fuerzas Federales trabajando juntas bajo un Comando Unificado y con el máximo control. Seguimos. Ley y orden”, dijo la ministra Alejandra Monteoliva.

A finales de septiembre, en la cárcel de Villa Devoto se alojaba a 1493 reclusos, de acuerdo con datos oficiales.

Según se explicó, en el el dispositivo de traslado participaron, aproximadamente, un millar de agentes penitenciarios, con el apoyo de 600 uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

“La coordinación incluyó comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos de traslado. Antes del ingreso de los internos a la nueva unidad, se realizó una prueba integral de habitabilidad y funcionamiento del nuevo complejo con la participación de 1080 efectivos, cadetes y cursantes de los institutos de formación del SPF. Se evaluaron las instalaciones, los servicios esenciales, los sistemas de seguridad y las condiciones de funcionamiento para identificar necesidades y realizar ajustes”, dijeron en el Ministerio de Seguridad Nacional.

Una vez concluido el traslado de los presos de la cárcel de Devoto, serán llevados a la nueva unidad construida en Marcos Paz unos 350 internos que están alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y a disposición del Poder Judicial de la Nación.

Como se consignó, el movimiento de presos entre ambos penales fue rápido, pero surgieron cuestionamientos que fueron resueltos en la Justicia. Ya en los primeros días de transferencia de reclusos se había rechazado un habeas corpus colectivo y correctivo, presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) “en favor de todas las personas privadas de su libertad alojadas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El argumento central del planteo apuntó a que los reclusos no fueron informados previamente sobre la unidad de destino, que sus defensas no fueron notificadas del cambio de condiciones de alojamiento y que tampoco se brindó información a los jueces que llevan adelante los casos de cada preso.

El pedido que apuntaba a mantener la situación actual fue descartado. La decisión fue tomada por el juez nacional en lo criminal y correccional Santiago Bignone, tras una audiencia en la que escuchó los argumentos de las partes.

En ese sentido, el juez Bignone sostuvo: “Del examen de las constancias reunidas en estas actuaciones, adelanto que no se advierte que se haya acreditado una afectación concreta de la integridad personal de las personas trasladadas, de sus vínculos familiares, de la finalidad de reinserción social de la pena, de los derechos de los niños eventualmente involucrados ni de las garantías judiciales y la protección judicial. Tampoco se han identificado circunstancias que permitan concluir que la sola modificación del establecimiento de alojamiento, en el contexto de la reorganización general examinada, haya ocasionado una vulneración de esos derechos o genere, en las condiciones actualmente acreditadas, un riesgo cierto e inminente de que ello ocurra”.

Apenas un par de días después, llegó la confirmación de ese rechazo. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López, confirmó el pronunciamiento del magistrado Bignone.

“La decisión se dio en línea con la postura que había planteado el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°44, Pablo Recchini, en las audiencias previas a la resolución de primera instancia, cuando sostuvo que la relocalización en el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz no implicaba, por sí misma, un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención", indicó el Ministerio Público Fiscal en su página oficial de noticias, www.fiscales.gob.ar.

De todas maneras, los camaristas aceptaron que el traslado de presos no incluyó necesarias notificaciones previas, pero entendieron que “esa omisión debía evaluarse en el contexto de un operativo masivo de realojamiento de más de mil personas, motivado por el cierre definitivo de una unidad penitenciaria”, de acuerdo con la publicación del MPF. Se aclaró que para los jueces, no se había precisado un perjuicio concreto derivado de la falta de comunicación que justificara retrotraer los traslados ya realizados.

En relación con el posible impacto de los traslados sobre los estudios universitarios, la Cámara consideró que “no se ha acreditado la existencia de dificultades que impidan el ejercicio efectivo del derecho a la educación”.

El pedido de bloquear el traslado de presos presentado por el procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare, generó enojo en la senadora nacional Patricia Bullrich. “El procurador penitenciario adjunto quiere impedir el cierre de Devoto. Eso va en contra de su función. Si él se opone a cerrar una cárcel medieval es porque responde a otros intereses, que no son los de la sociedad que le paga el sueldo. Por eso presenté un pedido de informe para que aclare su errático accionar”, dijo.

En ese pedido de informe, Bullrich reclamó que se explique “la flagrante contradicción institucional de exigir durante año la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del complejo penitenciario federal de la CABA (cárcel de Devoto), un establecimiento de 1927 manifiestamente obsoleto, escudándose en la exigencia de ”mesas de trabajo" para dilatar la relocalización". Además, se exigió al procurador penitenciario adjunto la fundamentación de otras medidas que, de acuerdo con los argumentos de la senadora, se oponen a reformas estructurales en el ámbito carcelario.

La apertura formal del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz se concretó tras la firma del acta de recepción provisoria entre ambos gobiernos, lo que habilitó la puesta en funcionamiento del establecimiento en territorio bonaerense. El penal, construido en un terreno de 80 hectáreas, dispone de capacidad para alojar hasta 2232 detenidos, según informaron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

LA NACION

Cárceles en la Argentina

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