Denuncian jueces del Norte la falta de recursos contra el narcotráfico

Después de recibir el firme apoyo de la Corte Suprema, los jueces federales del norte argentino redoblaron ayer la dureza de sus mensajes y pidieron mayor atención y recursos para la lucha contra el narcotráfico . "Acá, en el Norte, estamos en el mínimo de posibilidades [de combatir el flagelo]. De 0 a 10, estaremos en 4,5 o 5 puntos como máximo", dijo Miguel Medina, juez federal de Salta.

Más directo todavía fue Jorge Villada, camarista federal de esa provincia. "Las camionetas 4x4 entran con la droga como quieren", dijo.

Mientras los jueces hacían oír sus reclamos, varios funcionarios del gobierno nacional rechazaron las críticas. "Estamos yendo a fondo con los pesos pesados y no sólo contra un chofer de camión que transporta cocaína", dijo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, también consideró injustos los reclamos, pero aceptó la poca capacidad del Estado para enfrentar a los narcos: "No es fácil luchar contra ellos porque tienen muchos recursos y utilizan tecnología".

La Corte exigió anteayer al Gobierno la resolución urgente de los problemas planteados por los jueces del Norte, que, entre otros puntos, pidieron la designación de magistrados en juzgados que están vacantes, la habilitación de nuevos tribunales y el aumento de los recursos humanos en las secretarías penales y en las fuerzas de seguridad que colaboran en las investigaciones judiciales. Además, mencionaron la ausencia de radares y escáneres en la frontera.

La Iglesia había lanzado una similar advertencia en un duro documento conocido el viernes pasado.

La táctica elegida por el Gobierno para dar respuesta pública a los cuestionamientos fue mostrar a todos los ministerios comprometidos en combatir el tráfico de drogas.

El ministro de Justicia, Julio Alak, salió al cruce del documento de la Corte Suprema -elaborado a partir del pedido de los jueces federales de Salta, Jujuy y Tucumán-: "Los que denuncian, sin embargo, paralizaron la posibilidad de solución". Fue en referencia al fallo del máximo tribunal en el que declaró la inconstitucionalidad de artículos de reforma del Consejo de la Magistratura. "Respecto a las supuestas vacantes por responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, quiero desmentirlo en forma contundente", dijo.

También se refirió al tema el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que visitó ayer uno de los radares instalados en Santiago del Estero. El funcionario siguió el camino trazado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y señaló que la Argentina cuenta con 20 radares primarios y que pronto se instalarán dos más de esos equipos, fabricados por la empresa nacional Invap.

Sin embargo, no se aclaró que esos radares no sirven para la vigilancia de vuelos narcos, sino que sólo son una importante asistencia a la aviación comercial. Los radares primarios no pueden detectar vuelos que no cooperan para determinar su ubicación, por lo que poca incidencia podrían tener en la lucha contra el tráfico de drogas por vía aérea.

A diferencia de los funcionarios políticos, el juez federal Medina aseguró que en el Norte "la ilegalidad se va haciendo una regla y cada vez crece más". Y su colega Villada fue más allá en la expresión de peligro: "El narcotráfico tiene armamento y gente en cantidades que nosotros no podríamos tener nunca".

El riesgo del narcotráfico se había introducido por primera vez durante la última campaña electoral, con las propuestas de los partidos de la oposición en favor de una ley de derribos similar a la que cuenta Brasil o a la que ha sido aplicada por Venezuela en las últimas semanas.

A esa posibilidad se opuso ayer Puricelli. El Gobierno aprobó reglas de derribo por decreto en cuatro oportunidades desde 2005 para resguardar cumbres presidenciales, sin que fuese objetado su valor.

El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, se sumó al debate con un mensaje en la red social Twitter: "Comparto totalmente la preocupación de la Iglesia por el avance del narcotráfico en la Argentina". El mandatario provincial, que se encuentra en una misión comercial en China, tuvo que reemplazar el mes pasado a su ministro de Seguridad tras un narcoescándalo que llevó a prisión a la mayoría de los jefes policiales antidrogas de Córdoba (de lo que se informa por separado).

No sólo los opositores hicieron propio el pensamiento difundido públicamente por los obispos sobre el creciente problema de las drogas. El Gobierno aceptó la voz de la Iglesia y no salió al cruce de ese pronunciamiento. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se mostró ayer de acuerdo con el mensaje eclesiástico, aunque manifestó: "En la Argentina no hemos llegado a los niveles de violencia ni de complejidad que existen en otros países".

Por su parte, el subsecretario de la Sedronar, Julio Postiglione, a cargo de hecho de la acéfala secretaría nacional antidrogas, manifestó que más de 40 programas de diversos ministerios confluyen en cuestiones vinculadas a la prevención de las adicciones y la lucha contra el narcotráfico. Postiglione, ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), expresó que las fuerzas de seguridad realizan en la frontera norte un trabajo serio. La falta de designación de un secretario a cargo de la Sedronar es uno de los puntos menos explicables en la política del Gobierno en relación a las drogas. Se especula con que una de las primera medidas de la presidenta Cristina Kirchner en su regreso a la gestión sería cubrir esa vacante.

Más allá de la polémica pública, el pensamiento de los agentes de seguridad indica que en la Argentina no están instalados los grandes cárteles narcos con sus aparatos logísticos, sino que se ramificaron las disputas por el control del transporte y la comercialización de drogas en luchas territoriales de bandas de mediana capacidad de organización, con gran nivel de violencia, pero sin una red que una cada célula narco.

Rafael Bielsa, ex canciller y ex secretario de lucha contra el narcotráfico, advirtió ayer que la cantidad de homicidios en Rosario es "parecida a la de Ciudad Juárez", el violento distrito de México con altísima tasa de criminalidad y enfrentamiento entre cárteles narcos, y acusó al socialismo de tener un "doble discurso" en el marco del combate a la droga, según consignó la agencia DyN. "En lo que va del año hubo en Rosario 214 homicidios. Esto da una tasa de 21 homicidios cada cien mil habitantes, que es una cifra parecida a la que tiene hoy Ciudad Juárez", sostuvo Bielsa, último director de la Sedronar, la secretaría de lucha contra el narcotráfico cuya titularidad está vacante desde hace ocho meses.

"Me llama la atención que el socialismo (que gobierna la provincia de Santa Fe) reclame ahora que se cubra la titularidad de la Sedronar, ya que cuando yo estaba en el cargo les ofrecí un mapa del delito y no lo aceptaron. Se trata de un doble discurso", dijo Bielsa al sitio Crimen y Razón.

Bielsa, quien no aludió a los cuestionamientos de la Iglesia y la Corte Suprema y sólo se refirió al caso de esa provincia, añadió que "si quieren la colaboración del gobierno nacional, yo no sé por qué el gobierno de Santa Fe no realiza una denuncia ante la justicia federal, como la que presenté yo en su momento ante la UIF con toda la información que tenía sobre el problema".

Por Daniel Gallo

• Narcotráfico
• Arturo Puricelli
• Juan Manuel Abal Medina

---

Conforme a