El intendente de Pinamar pide destituir a un fiscal por no intervenir ante usurpaciones
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LA NACIONDarío Palavecino
PINAMAR. El distrito tiene unas 40000 viviendas de las cuales solo 8000 están habitadas todo el año. La cuarentena que rige desde agosto dejó a los propietarios no residentes sin chances de visitarlas y abrió camino a delincuentes, que con tiempo y sin riesgos quedaron con camino allanado para cometer robos e intentar usurpaciones.
El intendente local, Martín Yeza, acaba de presentar ante el Consejo de la Magistratura un pedido de destitución del titular de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Eduardo Elizarraga, al que advierte poco comprometido con estos casos y con comportamientos y demoras en las causas que le generan sospechas.
"Desde hace 5 meses venimos pidiendo el desalojo de unos usurpadores de los que los vecinos sospechaban que eran delincuentes. ¿Qué pasó? Había un prófugo por asesinato y un violador prófugo", apuntó el jefe comunal en referencia al operativo que culminó con la captura de un individuo que tenía condena por el homicidio del contador Adolfo Herro, asaltado y baleado en su casa de Cariló en 2005.
Elizarraga está a cargo de la Fiscalía Descentralizada N°5, que se habilitó a fines de 2015, casi en coincidencia con el inicio de la gestión de Yeza al frente de este municipio. Está enfocada en la cuestión de usurpaciones, un tema siempre inquietante en una zona donde la mayoría de las propiedades son de uso temporario, con máxima ocupación solo durante los meses de verano y algún fin de semana largo durante el resto del año.
"No conozco los términos de la denuncia, así que poco puedo decir", dijo el fiscal a LA NACION. Y más allá de esa presentación, habló de su desempeño: "Yo he trabajado cabalmente siempre, y entiendo que si el intendente considera que debe denunciarme está bien que lo haga", afirmó.
Yeza pide la destitución del funcionario judicial. "No tengo nada que decir sobre su persona pero sí sobre su función", dijo al advertir que no lo ve comprometido en la lucha contra las usurpaciones.
En su presentación judicial enumera una serie de irregularidades. Cita otro caso previo a la cuarentena y con referencia a una de las localidades del distrito: "El comisario de Ostende llama al fiscal y le pide permiso para actuar, a lo que el fiscal responde "si se acercan al terreno deténgalos". "¿Hablaba de los usurpadores? No, de los funcionarios municipales si intentábamos hacer el desalojo", relata en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram.
También lo acusa de no dar traslado a un juez un caso por delitos de abuso y acoso sexual "habiendo pruebas testimoniales y materiales". "A eso se suman muchas otras sospechas", destacó Yeza para justificar esta presentación que se realizó ante el Consejo de la Magistratura.
En la propia Fiscalía hay un reconocimiento del trabajo que se realiza en el distrito para prevenir las usurpaciones, en particular la toma de terrenos. Citan intentos de construcciones clandestinas que desde el municipio pudieron evitar a tiempo.
En cuanto a la ocupación ilegal de casas se abre un signo de interrogación. Al momento no hay un incremento de las denuncias pero quizás este escenario cambie a la brevedad, cuando los dueños puedan volver a ingresar al distrito y advertir en qué situación están sus propiedades.
Vale recordar que en los distritos de la Costa Atlántica las autoridades municipales mantienen estrictas restricciones para el ingreso de propietarios no residentes, todo en el marco del plan de prevención de coronavirus. Además del permiso de circulación emitido por el gobierno nacional se exige un trámite previo por mail con fundamentos que justifiquen motivos por el que llegarían a sus residencias. En Pinamar se volvió más ágil desde hace algunas semanas, con más autorizaciones. En otros, como Villa Gesell, las dificultades son mayores y los dueños de inmuebles insisten con reclamos y hasta amenazan con recurrir a la justicia para que se les permita verificar en qué estado están sus casas.
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