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Caso testigo: enjuician en Córdoba a un productor de cannabis medicinal
Él y un asistente fueron detenidos en junio de 2017, tres meses después de la sanción de la ley que habilitó el uso terapéutico del aceite de cáñamo, pero tres años antes de que la reglamentación permitiera el autocultivo con ese fin; está citado a declarar como testigo el gobernador Gerardo Morales, de Jujuy
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA. En los tribunales federales de Córdoba se realiza el primer juicio penal del país contra un productor de cannabis medicinal. Daniel Landgren está acusado de fabricación y preparación de estupefacientes en dosis destinadas al consumidor; es enjuiciado junto a Diego Neo, procesado por presunto encubrimiento.
Los dos fueron detenidos en junio de 2017, tres meses después de la sanción de la ley de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, pero tres años antes de que el Gobierno reglamentara la norma para autorizar el autocultivo con fines terapéuticos. En la causa interviene el fiscal federal Carlos Gonella y el juez es José Asís, quien, por pedido de la defensa de Landgren, citó a declarar al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En esa provincia funciona un laboratorio de cannabis medicinal, que es estatal.
El imputado también pidió que se convoque al vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Raúl Gómez, integrante de un grupo de estudio enfocado en el uso terapéutico del cannabis.
Landgren declaró en la primera audiencia y se explayó sobre el uso del cannabis con finalidad terapéutica; también intervinieron especialistas en química y medicina, y dio su testimonio la madre de una usuaria de marihuana medicinal, que relató los resultados positivos que el consumo tuvo para su hija con el fin de mitigar los efectos de la epilepsia refractaria que padece.
El juicio fue impulsado por el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia a cargo del fiscal Carlos Cornejo. La causa se inició luego de que la policía se enterara de la actividad de Landgren por un artículo periodístico publicado en La Voz del Interior. Allí contaba que producía y vendía cremas y aceites hechos a partir del cannabis.
El 25 de julio de 2017 fueron allanados el local de venta y la casa del productor. En la vivienda fue detenido Neo, que en ese momento cargaba una camioneta Renault Duster con goteros vacíos, una balanza digital, un frasco medidor y pequeñas cantidades de cannabis. Del interior de la propiedad se incautaron plantas, fertilizantes y frascos con distintos reactivos.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio de Cornejo, la “ilícita actividad” de Landgren consistía en la “extracción del principio activo de la especie vegetal Cannabis Sativa, más precisamente tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD) con el que preparaba estupefacientes en distintas formas y consistencias, para luego de ello fraccionarlos en dosis destinadas al consumidor”.
En su declaración indagatoria, Landgren señaló que la sustancia no estaba destinada a suministrar dosis psicoactivas a usuarios retroactivos, sino a personas con distintas patologías, tanto niños como adultos, en función de la condición que tiene la planta de cannabis de generar condiciones óptimas de salud.
Dijo haberse asesorado con especialistas de Tel Aviv (Israel), Colorado (Estados Unidos), Cambridge (Reino Unido) y la Universidad Complutense de Madrid. Sostuvo que sus productos respetaban una serie de conceptos ya modelizados a nivel mundial, siendo el más importante la condición de “sustancia medicinal que no puede superar el tres por ciento de disolución por litro de sustrato utilizado al momento de preparar aceites”. Explicó que en la producción de productos medicinales, el THC se evapora y muta a THC A, que es antagónico del efecto psicoactivo.
Cornejo planteó que si bien al momento de los hechos la Argentina contaba con una ley que habilitaba el uso medicinal de la planta y sus derivados, estos debían “producirse y comercializarse dentro de un marco regulatorio” que establecía las patologías que lo tenían permitido, junto con el origen de los productos.
Después de confirmada la elevación a juicio, el 3 de septiembre de 2019, la jueza María Dolores Morales de Cáceres decretó la incompetencia de la justicia ordinaria. La Cámara de Acusación ratificó el planteo el 12 de marzo del 2020, por lo que fue remitido a la Justicia Federal, donde ahora se debate.
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