En medio del juicio un médico tuvo que revisar a la abogada acusada del homicidio de su cliente narco

Solo habían pasado 25 minutos desde que la jueza María Gabriela López Iñiguez, presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) porteño Nº8, declaró abierto el debate para juzgar a la abogada Julieta Estefanía Bonanno, acusada de haber participado de los homicidios de un cliente imputado en una causa por narcotráfico y de su hijo, cuando la audiencia fue interrumpida. Las imágenes que se transmitían por Zoom mostraban a la sospechosa, que seguía las alternativas del juicio desde un salón de la cárcel de Ezeiza, dormida. Entonces, ante la duda del estado de salud de la letrada, la magistrada ordenó una cuarto intermedio para que fuera revisada por un médico del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En el momento en que se ordenó el cuarto intermedio, el abogado de Bonanno, Leopoldo Murúa, presentaba los argumentos de sus planteos preliminares y sostenía la falta de competencia del TOF porteño Nº 8. Sostuvo que el juicio se debería tramitar en el TOF Nº1 de Bahía Blanca, donde la semana pasada comenzó el debate del denominado caso de Bobinas Blancas, el intento de contrabando de 2000 kilos de cocaína.

En la instrucción de Bobinas Blancas, hasta que sufrió un ACV, estuvo procesado Alexander Naged Ramírez, el cliente de Bonanno que fue asesinado en junio de 2018 en el departamento de Belgrano donde vivía con su hijo, también ultimado por un sicario. La abogada está acusada de ser coautora del doble crimen, juicio que comenzó hoy.

La decisión de López Iñiguez de hacer un cuarto intermedio para que revisaran a Bonanno se tomó después de que la magistrada, como el resto de las partes, advirtiera que el personal de SPF había acompañado a la imputada hasta una suerte de sillón donde, después de sentarte, ella cerró los ojos y apoyó su cabeza en el respaldo.

Una vez que comenzó el cuarto intermedio, se pudo ver cómo una médica del SPF controlaba la presión de Bonanno y la auscultaba con un estetoscopio.

“Se encuentra apta para continuar en el juicio”, dijo la presidenta del TOF que le había explicado la profesional médica del SPF. El debate, entonces, se reanudó con un pedio del abogado Murúa: un encuentro virtual con su defendida. La jueza López Iñiguez le respondió que lo tendría cuando terminara con la argumentación de los planteos preliminares.

Entonces, el abogado defensor de Bonanno continuó con su exposición ante López Iñiguez, los jueces Sabrina Namer y Nicolás Toselli y el fiscal del juicio, Marcelo Colombo, entre otros.

Después de cuestionar la competencia del TOF porteño (por una cuestión de territorialidad) y de pedir la suspensión del juicio hasta que se resuelva su planteo, Murúa recusó al tribunal por “parcialidad” al sostener que la defensa no había tenido control de parte de la prueba presentada para el debate.

Tras los planteos de las cuestiones preliminares, la presidenta del tribunal dispuso un nuevo cuarto intermedio para que Murúa tuviera una reunión virtual con su defendida.

Una vez reanudada la audiencia, el fiscal Colombo respondió a los planteos y pedidos del defensor de la acusada. Sobre la cuestión de la competencia, el representante del Ministerio Público sostuvo que ya había sido resuelta, oportunamente, por la Cámara Federal de Casación Penal.

Y en cuanto a la recusación del tribunal, Colombo solicitó que fuera rechazada in limine. Después, el fiscal fundamentó su postura de rechazar los pedidos de nulidad de pruebas de la instrucción, como la apertura de teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos, y de la incorporación de capturas de chats aportados por un testigo de identidad reservada.

Una vez terminada la presentación del fiscal Colombo, el TOF dispuso un cuarto intermedio hasta el 16 de este mes a las 9.30, cuando informarán la decisión sobre los planteos de la defensa.

El doble crimen

Naged Ramírez y su hijo fueron ejecutados por un sicario, que hasta el momento no pudo ser identificado, el 4 de junio de 2018. Las víctimas vivían en un departamento del décimo piso de un edificio de avenida Cabildo al 2600, en Belgrano.

“A efectos de su consumación [el doble crimen], al ser una persona de extrema confianza de los Naged y en virtud de un plan aparentemente acordado en forma previa, Bonanno al menos habría facilitado el ingreso al domicilio [de las víctimas] del sujeto o de uno de los sujetos que les quitaron la vida”, sostuvo, en el requerimiento de elevación a juicio el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.

Para el representante del Ministerio Público, Bonanno conocía a la perfección la forma de ingresar en el edificio donde vivían las víctimas, la ubicación de las cámaras de seguridad y la distribución de los ambientes del inmueble.

En un video registrado por las cámaras de seguridad del edificio donde vivían las víctimas se ve cuando ella entra desde la calle y detrás de ella pasa una persona joven, muy abrigada y encapuchada. Se cree que ese podría ser el sicario que mató a Naged y a su hijo.

Bonanno llegó al edificio situado en Cabildo 2659 a las 21.41 del lunes 4 de junio de 2018. Su presencia quedó registrada por las cámaras de seguridad mientras esperaba que le abrieran la puerta. Naged y su hijo alquilaban el departamento 10º D.

Dinero para el alquiler

La primera explicación que dio la abogada fue que había ido al departamento de su cliente para dejarle dinero para pagar el alquiler. Para entonces, Naged Ramírez ya había sido procesado con prisión preventiva por González Charvay por los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes, en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa. El proceso contra Naged Ramírez fue suspendido en marzo de 2018, es decir, tres meses antes de su homicidio.

“Bonanno, en su carácter de abogada de Naged Ramírez, había desarrollado una relación de confianza, además de la relación laboral que los unía, lo que permitió coadyuvar, en virtud de un plan aparentemente acordado en forma previa, que una persona del sexo masculino también ingresara junto a ella al departamento, al momento de bajar el nombrado [Naged] junto a su hijo para abrir la puerta de la planta baja del edificio. Bonanno al menos habría facilitado el ingreso al domicilio de las víctimas de este sujeto no individualizado que les habría quitado la vida”, se describe en el expediente judicial de la Justicia Federal.

El fiscal Bringas, en el requerimiento de elevación a juicio, remarcó que le había parecido llamativo que el sicario no le hubiese quitado el teléfono celular a Bonanno y que no la hubiera encerrado con llave.

“Párrafo aparte merece la circunstancia de que un sicario que acababa de matar sobre seguro a dos personas deje con vida a la imputada, lo que le podría llegar a suponer en un futuro la existencia de un testigo en su contra. Ello, si se tiene en consideración que la imputada vio a rostro descubierto al sicario, con lo cual, eventualmente, podría reconocerlo, dado que no solo ingresaron juntos al edificio, sino que hasta subieron juntos en el mismo ascensor y, también, le abrió ella misma la puerta del departamento al momento de que esta persona ingresó para así perpetrar las muertes”, afirmó Bringas.

El plan criminal, según la hipótesis de los investigadores judiciales, se orquestó en México, base de operaciones de la organización narco que integraba Naged Ramírez.

Es más, el fiscal Bringas resaltó que en el allanamiento hecho en el domicilio de Bonanno se descubrieron anotaciones que llamaron la atención.

Se trataba de manuscritos, “en los cuales se encontraban anotados algunos nombres de los involucrados en la causa de narcotráfico en la que intervino como defensora la imputada respecto del procesado Naged Ramírez, donde se encuentra escrito a la izquierda del nombre del citado ‘lo van a matar’ y luego sale de allí una flecha hacia arriba que dice ‘muerto’”.

Naged Ramírez había sido procesado con prisión preventiva por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, pero quedó exceptuado provisionalmente del proceso luego de haber sufrido un ACV que le dejó graves problemas de salud y que le impedía, en términos legales, comprender en el proceso penal en su contra la criminalidad de los actos que se le atribuían. Tenía 59 años.