Entre la inoperancia y la irresponsabilidad

Nuestras fronteras adolecen de gravísimas fallas de control terrestre, marítimo y aéreo, y frente a ello la pregunta obligada es si estamos en presencia de funcionarios públicos inoperantes e irresponsables o si aquellos errores son voluntarios y responden a una deliberada complicidad delictual.

A mediados de 2011, la presidenta Cristina Kirchner anunció un plan de defensa de nuestra frontera norte al que colocó el pretencioso nombre de "Operativo Escudo Norte". El plan, totalmente deficiente e ineficaz, consistió en el emplazamiento de un radar de defensa 3D, el despliegue de veinte radares Rasit y en la firma de contratos con Invap para la construcción y el desarrollo de seis nuevos radares de defensa 3D en un plazo de cuatro años.

Los radares Rasit tienen un radio de alcance de apenas veinticinco kilómetros y son utilizados en el campo de batalla para detectar vehículos blindados y formaciones de infantería.

Evidentemente esos radares no fueron de utilidad para el rastreo de grupos de escasa cantidad de personas en zonas de monte denso como el de nuestro Norte ni para detectar aeronaves, que lógicamente vuelan por encima de los cuarenta metros de altura.

Sin radares, sin aviones

Por otro lado, el acuerdo de fabricación celebrado con Invap nunca se cumplió.

De todas formas, aunque se hubiese cumplido, lo cierto es que con tan sólo seis radares 3D se lograba muy poco en lo que a la protección de nuestras fronteras se refiere.

Para cubrir eficientemente el límite norte de nuestro país, con el grado de superposición necesario entre radares, hacen falta por lo menos veintidós radares 3D.

Hoy en día únicamente hay dos radares con esas características funcionando, aunque solamente lo hacen algunas horas al día.

Pero hay algo más escandaloso aún: aunque detecten alguno de los más de cien vuelos ilegales que todos los días atraviesan nuestra frontera, no hay aviones de la fuerza aérea en condiciones de interceptarlos o, si fuera necesario, derribarlos.

Todos esos vuelos ilegales aterrizan y despegan de alguna de las más de mil quinientas pistas clandestinas que hay en nuestro país, ingresando o extrayendo con absoluta impunidad drogas, armas, niños, mujeres, criminales o productos de todo tipo, tamaño y color.

La obligación de proteger y controlar nuestras fronteras no admite medias tintas, debe ser firme y definitiva.

Si el Gobierno no lo hace, es porque deliberadamente ha decidido ser parte del problema.