Fecha confirmada: el 2 de enero de 2023 comienza el juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa

Fecha confirmada. Los ocho jóvenes detenidos acusados de haber matado a golpes a Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido en Villa Gesell, comenzarán a ser juzgados el 2 de enero de 2023.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. La decisión ya fue comunicada a las partes por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, a cargo del debate.

“A los fines de no demorar este proceso, ni alterar los restantes [expedientes] en trámite ante el tribunal, encontrándose solo disponibles los meses de enero (por su afectación al servicio de feria judicial) y de acuerdo a los requerimientos de las partes, consideramos ajustado a las necesidades de todos los intervinientes, atendiendo al principio de celeridad en respeto de las garantías procesales antes esgrimidas, fijar para la realización del juicio oral y público 22 jornadas, que se llevarán a cabo a partir del 2 de enero de 2023 de lunes a viernes”, se sostuvo en la resolución del TOC N° 1 de Dolores.

En la citada resolución se explicó que el juicio se hará en 2023 porque “el tribunal no posee en el próximo año [por 2022] y parte del siguiente [por 2023] disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente, al menos sin desmedro de los derechos de otras personas -en su mayoría privadas de la libertad- que esperan ser juzgados”.

Los ocho jóvenes acusados del homicidio son Luciano Pertossi, de 20 años; Ciro Pertossi, de 21; Lucas Pertossi, de 22; Ayrton Viollaz, de 22; Máximo Thomsen, de 21; Enzo Comelli, de 21;Matías Benicelli, de 20, y Blas Cinalli, de 20. Todos están detenidos en la Alcaidía Departamental La Plata 3, en Melchor Romero.

Los ocho acusados de matar a Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell, están imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

En el juicio se debatirán además las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando, que se encontraban con él cuando fue asesinado.

En la investigación del homicidio, fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.

“Teniendo en cuenta las restricciones de la pandemia y las trabas que hemos tenido por los planteos que hizo la defensa estamos en un tiempo lógico para hacer el juicio. Hay prueba abrumadora de la participación en el crimen de los ocho jóvenes acusados. Seis de los detenidos tenían sangre de Fernando [por Báez Sosa] en su ropa. Otro era quien evitaba que la víctima fuera socorrida por sus amigos y el otro no tenía manchas de sangre porque se dedicó a filmar el ataque y homicidio”, sostuvo a LA NACION el abogado Fernando Burlando, letrado que representa a los padres de la víctima.

La resolución donde se fijó la fecha de inicio del debate y donde se dispuso que el juicio tenga 22 audiencias está firmado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, los magistrados que juzgarán a los ocho detenidos. El Ministerio Público estará representado por el fiscal Juan Manuel Dávila.

En la resolución, rechazaron el pedido del abogado Hugo Tomei, defensor de los ocho acusados para citar como testigos en el debate a los fiscales Verónica Zamboni[funcionaria que estuvo a cargo de la investigación] y Walter Mércuri y la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi.

Testigos

Según se desprende de la resolución del TOC N° 1 de Dolores, en las 22 audiencias del debate serán citados más de 130 testigos.

“El doctor Tomei propuso como testigos a los nombrados funcionarios judiciales y ante la oposición de la contraparte, argumentó que se afectaría su derecho de defensa si no se le permite probar cómo se ha desarrollado el proceso, para lo cual dichos testimonios resultarían de sumo interés. Afirmó que no es su intención investigar a la fiscal Zamboni, sino demostrar el modo en que se operó en la investigación de este caso. El representante del Ministerio Público Fiscal [por Dávila] -con adhesión del particular damnificado [por Burlando y su colega Fabián Améndola]-, se opuso a la convocatoria de los funcionarios de mención. Sin perjuicio de lo alegado por la parte acusadora, este tribunal considera absolutamente improcedente que los magistrados que por sus funciones tomaron intervención en el caso durante la investigación penal preparatoria (IPP), comparezcan a este juicio a prestar declaración. Ello toda vez que los magistrados propuestos como testigos no han tomado conocimiento de los hechos en calidad de tales, sino -obviamente- por su condición de investigadores -en el caso de los fiscales- o de defensor- en el caso de Olindi Huespi. El conocimiento que de los hechos posean en consecuencia- obedece a sus funciones y a la representatividad que en cada caso ejercieron”, explicaron los jueces al fundamentar su decisión.

Según se desprende de la resolución firmada ayer, el juicio se realizará en la Sala de Audiencias Multifueros del Palacio de Tribunales de Dolores. ”Ello toda vez que dicha sala es la única que cuenta con sistema de audiograbación [sic] y con mayor capacidad de aforo, teniendo en consideración la cantidad de personas que deberán asistir a las audiencias”, se explicó.

El ataque

De acuerdo a la instrucción del caso, el crimen de Fernando se produjo “entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en avenida 3 y paseo 102, pleno centro de Gesell”.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de personas presentes en la zona, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.

Según la investigación, los ocho jóvenes que serán juzgados “acordaron darle muerte” al joven estudiante de derecho, y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.

La fiscal Zamboni, a cargo de la investigación, explicó en su pedido de elevación a juicio que “aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron” en el suelo “varias patadas en su rostro y cabeza”, y los golpes le produjeron “lesiones corporales internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”.