Forza, Bina y Ferrón: venganza y muerte tras el tráfico de efedrina
LA NACIONGustavo Carabajal
Hace diez años, según dio por probado la Justicia, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillacci asesinaron a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. ¿El motivo? Sus jefes no querían competidores en la multimillonaria venta de efedrina a los carteles de narcotraficantes mexicanos que, por entonces, eligieron la Argentina para instalar laboratorios de producción de drogas sintéticas.
Forza, Ferrón y Bina, se sostuvo, fueron asesinados de 15 tiros en la casa de los Lanatta, en Quilmes, el 7 de agosto de 2008. Seis días después, los tres cuerpos fueron hallados en un descampado situado a un costado de un camino vecinal en General Rodríguez.
La onda expansiva del triple crimen puso al descubierto el millonario negocio ilegal de un grupo de funcionarios kirchneristas que permitieron que la Argentina se convirtiera en el segundo comprador mundial de efedrina; solo una parte ínfima de esa sustancia era usada por la industria farmacéutica local para producir medicamentos. El grueso de los cargamentos era desviado hacia narcotraficantes mexicanos. La investigación de los homicidios, así, descorrió el velo que ocultaba los aportes ilegales a la campaña electoral del Frente para la Victoria (FPV) para las elecciones de 2007, que terminaron con Cristina Kirchner como presidenta.
Forza fue uno de esos aportantes. A raíz de los cuatro cheques de $ 50.000 que extendió, terminaron procesados el exsuperintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli y el exlegislador porteño Sebastián Gramajo. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzún determinaron que había indicios para procesarlos por presunto lavado de activos de procedencia delictiva. Capaccioli siempre negó ser un recaudador para la campaña electoral kirchnerista. El tema de los aportes espurios dominó la escena hace una década. Hoy pasa lo mismo y atraviesa por igual a los partidos mayoritarios.
Para la Justicia, se habrían encontrado aportes de droguerías hechos con el objetivo de "blanquear" dinero proveniente de hechos ilícitos. Entre esos aportes, figuraban los cuatro cheques de la cuenta de la droguería Seacamp, que pertenecía a Forza y que fueron depositados el 29 de octubre de 2007 en la cuenta del Nº 52709/93 del Banco Nación, propiedad del Frente para la Victoria (FPV).
Nueve meses después, Forza, que había aportado $200.000 a la campaña del kirchnerismo, apareció asesinado de siete balazos en un descampado de General Rodríguez. Curiosamente, el empresario pudo hacer ese aporte a pesar de que tenía más de 400 cheques rechazados. La información surgió de los listados que el FPV presentó ante la Justicia Electoral.
"Forza recibía divisas, las canjeaba y las depositaba para la campaña de Cristina y se quedaba con el 10% de ese monto", dijo el testigo Carlos San Luis durante el juicio oral que terminó con las condenas a los Lanatta y los Schillacci por el triple homicidio.
No obstante, para la Justicia, los homicidios de Forza, Ferrón y Bina tuvieron otra motivación: una venganza por haber intentado desplazar a un grupo rival del tráfico de efedrina a mexicanos.
"Entre 2007 y 2008, adquirir una farmacia o una droguería permitía a algunos oportunistas un rápido ascenso en la escala social, por lo que propietarios de estos comercios, sus empleados o personas vinculadas a este rubro se
dedicaron a la venta de efedrina, una sustancia vegetal derivada de la efedra, importada en los llamados ‘cuñetes’ de la India o de China, dado que nuestro país no la cultiva, que era utilizada legalmente para fabricar descongestivos o broncodilatadores y cuyo valor en el mercado local oscilaba entre los 90 y los 120 dólares. Sin embargo, en el mercado ilegal, donde el principal comprador era México, ese precursor químico se utilizaba para la fabricación de drogas de diseño o sintéticas, como el éxtasis; los carteles mexicanos, ya con el producto manufacturado, lo destinaban esencialmente a los Estados Unidos, llegando a pagar hasta US$10.000 el kilo, por lo que resultaba para sus tenedores un extraordinario negocio", describió la jueza María Graciela Larroque en los fundamentos de la sentencia por el triple homicidio.
Ejecución narco
La Justicia estableció que entre 2004 y 2008 la Argentina fue el paraíso de la venta ilegal de efedrina a los carteles de narcotraficantes mexicanos, que, en nuestro país, compraron casi 41.000 kilos de ese medicamento para fabricar clandestinamente metanfetaminas.
A partir de los elementos aportados por el fiscal de investigaciones complejas Juan Ignacio Bidone, el tribunal integrado por los jueces Larroque, Fernando Bustos Berrondo y Marco Barski logró condenar a prisión perpetua a los hermanos Lanatta y a los Schillacci por el triple crimen. "De no ser por el trabajo del fiscal Bidone y su colega Marcela Falabella, no hubiésemos podido acceder a la reedición histórica del triple homicidio", expresó la jueza Larroque.
La reconstrucción realizada por los representantes del Ministerio Público estableció que "antes de matarlos [a los tres] los torturaron y golpearon". A Bina le cortaron la oreja derecha y obligaron a Forza a ingerir cocaína. Bina y Forza presenciaron la muerte de su amigo sabiendo que luego correrían la misma suerte. A Bina y a Ferrón los mataron de cuatro balazos a cada uno. A Forza lo asesinaron de siete disparos.
"El verdadero móvil del homicidio múltiple fue la efedrina. Nuestro territorio fue ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos, quienes mandaron a sus ‘virreyes’, entre ellos, a Jesús Martínez Espinosa, quien tenía estrecha relación con Marcelo Tarzia, encargado de sus negocios en la Argentina, e Ibar Esteban Pérez Corradi", expresó uno de los jueces en la histórica sentencia.
En ausencia, Pérez Corradi fue acusado de ser el presunto autor intelectual de los tres asesinatos. Fue apresado en junio de 2016 en Ciudad del Este, Paraguay, luego de haber estado prófugo durante cuatro años. En agosto de ese año, el juez federal Ariel Lijo procesó a Oscar Parrilli, entonces máximo responsable de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por haber ocultado un informe que contenía datos precisos del prófugo Pérez Corradi y no entregarlo a los fiscales que habían pedido su captura. No obstante, un año después, la Cámara Federal dictó la falta de mérito de Parrilli, ahora indagado en el "cuadernogate".
La jueza federal María Servini de Cubría procesó a funcionarios de la Sedronar y a un exempleado de la Casa Rosada por "desviar 40.972 kilos de efedrina a condenados y procesados por narcotráfico". Aunque Martín Lanatta, en un reportaje difundido en 2015 por el programa Periodismo para todos, involucró en la maniobra al exministro Aníbal Fernández, el funcionario kirchnerista nunca fue imputado ni procesado.
Las víctimas
Sebastián Forza, empresario
Lo mataron de siete tiros. Había hecho el vínculo con Luis Marcelo Tarzia, lugarteniente del narco mexicano Luis Martínez Espinosa, para venderle efedrina destinada a la elaboración de drogas sintéticas
Damián Ferrón, empresario
Antes de matarlo, lo torturaron. Trabajaba en una droguería de Juan B. Justo y Nazca. Creen que fue llevado engañado a una reunión en un shopping de Sarandí, donde tenía que encontrarse con Forza y Bina
Leopoldo Bina, empresario
También fue torturado: le cortaron la oreja derecha. Al igual que a Ferrón, lo mataron de cuatro balazos. Decía conocer a funcionarios que les permitirían pasar los embarques de efedrina por un aeropuerto
Los acusados
Cristian Lanatta, Condenado: experto tirador, con fluidos vínculos con policías de la zona sur del conurbano. Para la Justicia, en la casa de su familia, en Quilmes, mataron a Forza, Ferrón y Bina. Fue condenado a prisión perpetua
Martín Lanatta, condenado: lo acusan de haber matado a Forza y de haber rebajado con sal un embarque de efedrina que aquel les vendió a narcos mexicanos que tenían un laboratorio de metanfetaminas en Ingeniero Maschwitz
Víctor Schillacci, condenado: según la Justicia, participó del operativo para secuestrar y matar a Forza, Ferrón y Bina. Fue condenado a prisión perpetua. Una serie de cruces telefónicos lo vinculan con los otros acusados
Marcelo Schillacci, condenado: habría sido reclutado por los hermanos Lanatta para secuestrar y matar a Forza, Ferrón y Bina. Se habría encargado de borrar pruebas. Fue condenado a prisión perpetua como partícipe necesario
I. Pérez Corradi, investigado: un testigo dijo que habría ofrecido $100.000 para matar a Sebastián Forza en venganza por haber intentado sacarlo del negocio de la venta de efedrina a carteles mexicanos para fabricar drogas sintéticas
Triple fuga: quince días de una cacería cinematográfica
Los hermanos Lanatta y Víctor Schillacci enfrentan tres juicios por distintos episodios de la evasión
Helicópteros, decenas de móviles y cientos de policías, tiroteos, un rehén, datos falsos. La fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillacci, el 27 de diciembre de 2015, y la cacería humana que se extendió por medio país hasta el 11 de enero de 2016, cuando los tres fueron recapturados, tuvo todos los condimentos de un film de acción.
Ellos dijeron que se habían escapado no para eludir el destino que les había fijado la Justicia –condenados a perpetua por el triple crimen–, sino porque "los verdaderos homicidas" de Forza, Ferrón y Bina los querían eliminar. Seguramente algo de eso intenten instalar en los tres juicios que enfrentarán, en dos jurisdicciones y en tres fueron distintos, por situaciones puntuales de la evasión que golpeó al gobierno de Mauricio Macri a poco más de dos semanas de su inicio.
Estaba previsto que el lunes pasado empezara el juicio en el fuero federal de Santa Fe por el ataque a un gendarme con un tiro de FAL. El hecho, caratulado como intento de homicidio, ocurrió durante la alocada huida que los Lanatta y Schillacci protagonizaron en la localidad de San Carlos, donde recalaron tras escapar de la cárcel bonaerense de General Alvear.
Pero ese debate se pospuso sin fecha ya que el lunes próximo comenzará en La Plata otro juicio que los tiene como acusados por la misma fuga, donde también está imputada por encubrimiento Susana Martínez, suegra de Martín Lanatta.
A las 3.30 del 27 amenazaron con un arma de utilería a un guardia, lo redujeron y le sacaron el manojo de llaves que les permitió atravesar cuatro rejas hasta ganar la calle; se fueron en un Fiat 128 –que tuvieron que empujar, porque no arrancaba– con otro guardia de rehén. Cambiaron a una Toyota Hilux y emprendieron una fuga frenética hacia el conurbano.
A las 4 de la mañana, en el kilómetro 100 de la ruta 20, que une las localidades de Ranchos y Chascomús, se toparon con un retén policial. Balearon a Fernando Pengsawath, que quedó grave con un disparo en el abdomen, y Lucrecia Yudati, con dos tiros, uno en cada pierna.
Todo lo que ocurrió en Santa Fe, luego de que buscaran plata en Quilmes para seguir huyendo, será materia de otros dos juicios. Las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde los Lanatta y Schillacci están detenidos, propusieron que el juicio se haga por videoconferencia, pues consideran riesgoso el traslado. El Tribunal que los juzgará pidió a las autoridades bonaerenses que refuercen la seguridad.
La Justicia Federal de Santa Fe abordará una primera etapa de la fuga, cuando los prófugos huyeron de un campo en San Carlos y se enfrentaron con la Gendarmería. Y para noviembre se espera que el fuero provincial los enjuicie por la privación ilegal de la libertad de un ingeniero agrónomo al que los evadidos retuvieron durante la fuga en San Carlos, y por el robo de una camioneta cerca de Cayastá, donde fueron detenidos.
Primero cayó Martín Lanatta, el 9 de enero, herido por el vuelco de la camioneta. Dos días después, sus cómplices, en un hecho que se transformó en escándalo cuando se anunció al país que habían sido detenidos los tres, aunque en la comisaría 5ª de Cayastá había uno solo.
Según investigó el fiscal Estanislao Giavedoni, el 8 de enero, mientras 400 efectivos federales patrullaban los campos de San Carlos Sur, el trío estaba en el centro de Santa Fe. Ese viernes, a las 8.33, uno de ellos daba vueltas en la VW Amarok del ingeniero agrónomo cordobés Juan Reynoso, de 27 años, al que mantenían encerrado en un departamento de San Jerónimo al 3000. Buscaban papel adhesivo verde para plotear la camioneta como si fuese de la Gendarmería, con el objetivo de llegar en ella hasta Paraguay. Fracasaron.
Tres momentos del caso
- Secuestro y ejecución: Forza, Ferrón y Bina fueron citados en un shopping de Avellaneda; el seguimiento de sus celulares reveló que los llevaron a Quilmes y, de ahí, al campo en General Rodríguez
- Segundo paso: detención de los sicarios. Los cruces de llamadas telefónicas permitieron identificar a Martín Lanatta como el hombre que citó a las víctimas al encuentro en el shopping; se cree que en su casa fue la ejecución
- Tercer paso: juicio y condena: en diciembre de 2012, un tribunal oral de Mercedes condenó a prisión perpetua a los hermanos Lanatta y Schillacci y señaló a Ibar Pérez Corradi como instigador del crimen
Con la colaboración de Germán de los Santos
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