20 propuestas para enfrentar la inseguridad en Buenos Aires

En Zárate, un carnicero persigue, atropella y mata a un ladrón que le había entrado a robar a su negocio. En Lanús, un bebé nunca conocerá a su papá, porque lo mataron para sacarle el auto. Nicolás jamás podrá terminar la carrera de Economía, porque dos motochorros lo ejecutaron de un tiro en la cabeza para llevarse su celular. Que la inseguridad en la provincia de Buenos Aires no es una sensación, queda claro: en lo que va del año, hubo un homicidio en ocasión de robo cada tres días.

Ante esta situación, LA NACION consultó a funcionarios de distintas áreas sobre las medidas que se están llevando a cabo para enfrentar estar problemática que afecta a todos los ciudadanos.

Así piensa el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo . En este sentido, cree que hay que agregar agentes policiales en las zonas más “calientes”. Además, informó que agrandó la flota policial con camionetas, autos y motos, entregó chalecos policiales a cada uno de los oficiales y amplió la capacitación policial de 6 a 9 meses, con más práctica que teoría.

Por otro lado, a través del uso de la tecnología, crearon la inteligencia criminal, encriptaron las comunicaciones para que los delincuentes no escuchen la frecuencia policial y desarrollaron el “anillo digital”. Se trata de un lector de patentes que identifica a los vehículos que circulan por el área metropolitana y envía los datos a los centros de monitoreo donde opera la policía bonaerense, la Federal y la Metropolitana.

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro , ofrece otra perspectiva. “La seguridad no se resuelve sólo con más policía en la calle”, opina. Para él, “la escuela es la institución central de la sociedad”. Genera expectativas y un proyecto de vida. Cuando falla en generar igualdad de oportunidades, genera exclusión social, marginalidad y chicos en la calle, lo que se traduce en violencia e inseguridad.

En ese contexto, el ministerio propone algunas modificaciones en la educación. Por ejemplo, el cambio en la forma de calificación, conocido mediáticamente como “la vuelta del aplazo”, que, según ellos, busca reforzar “la cultura del esfuerzo y del mérito”. Luego, seguirán con un cambio en los contenidos. Buscarán incluir materias que sean herramientas para “los empleos del futuro”, como por ejemplo, la programación. Finalmente, quieren cambiar las formas, para que el docente no sea solamente un “emisor de contenidos”, sino que a través de internet, los chicos también puedan ser partícipes de la búsqueda de información.

Y, por el acceso a las redes sociales que tienen los chicos de todas las edades, llevan a cabo talleres para prevenir el sexting (envío de contenido sexual a través de internet) y el grooming (acercamiento de un adulto a un menor de edad para abusar sexualmente de él). “Hay que concientizar cómo se pueden cuidar ellos mismos”, explica Manuel Vidal, subsecretario de gestión territorial en educación de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Justicia de la provincia, se lanzó el "Plan Estratégico 2016-2026" de reforma penitenciaria en la provincia: incluye la incorporación de unas 2000 plazas anuales a partir de 2017. El objetivo: mejorar las condiciones de alojamiento y promover la educación y la formación laboral de los presos.

Por otra parte, la cartera, a cargo de Gustavo Ferrari , propuso reformar la Ley de Ejecución de la Pena y el Código Procesal Penal bonaerense para que las víctimas tengan “voz” en el proceso penal. Si se aprueban las reformas, la víctima podrá participar de audiencias, opinar sobre medidas judiciales, ser escuchada. También crearán la figura del “abogado de la víctima”.

Santiago López Medrano , ministro de Desarrollo Social bonaerense, explicó a LA NACION que el eje para abordar la inseguridad desde su ministerio está en las “herramientas para la prevención”.

Los planes arrancan en la primera infancia: “En esa etapa, se definen cuestiones cruciales en la vida del chico, como su capacidad cognitiva, lo que va a definir qué le pasa cuando sea adolescente”, explicó Medrano. Luego, en el área de niñez y adolescencia, realizan talleres de crianza con Unicef. Trabajan con madres y padres adolescentes sobre temas relacionados a la violencia intrafamiliar.

Otro de los planes que están llevando a cabo es el programa de egreso para los chicos judicializados. Trabajan en institutos con menores de edad que hayan cometido un delito. “Hasta los 18 años, el sistema contiene al chico con tutores. Luego, todos los adultos que intervenían desde la justicia y la educación desaparecen. Buscaremos herramientas para que el paso a la adultez no sea tan crítico”, anticipó Medrano.

Además del envío de fuerzas federales, anunciado ayer, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el foco principal es la lucha contra el narcotráfico. En ese marco, lanzaron la campaña Argentina sin Narcotráfico , que, según indicaron desde la cartera que dirige Patricia Bullrich , proyecta “un trabajo conjunto mediante el despliegue de las fuerzas federales en zonas estratégicas para combatir la violencia”.

En tanto, con la creación del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), el Ministerio de Seguridad de la Nación se propuso recapturar a quienes se encuentras evadidos de la justicia por distintos delitos cometidos. Hasta el momento, según indicaron, se ha logrado aprehender a 1815 personas sobre las que pesaban distintas órdenes de captura nacionales e internacionales.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco , anunció la reforma de la Policía Federal “para transformarla en una fuerza de seguridad con despliegue en todo el país, enfocada en combatir a los delitos complejos”.

Otra medida es el “Programa Barrios Seguros”, que se implementa a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, a cargo de Elizabeth Caamaño. El programa se divide en tres etapas: 1) Diagnóstico; 2) Intervención Comunitaria; 3) Permanencia. Este programa funciona en el Barrio 31 y 31 bis, desde abril, y se encuentra en la tercera etapa. La intención es llevarlo a otros puntos del país.

En tanto, estos son algunos de los proyectos impulsados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que hacen aportes en materia de seguridad humana:

Se resideñó por completo el área. Se esta trabajando en reglamentar la ley, diseñar estructura con misiones y funciones, como así también protocolos de actuación que permitan profesionalizar y estandarizar el trabajo de los operadores que llevan los casos.

Dictada para jueces, fiscales y funcionarios de las justicias provinciales para mejorar la capacidad de investigación. Al día de hoy el Programa Nacional de Criminalística estuvo en 12 provincias. Ademas se brindan recursos y apoyo financiero para el equipamiento de Laboratorios Científicos de Investigación Forense dependientes de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias.

Para asignar la carga de trabajo e ingresos entre los 2 fueros a fin de mejorar su funcionamiento. Ademas se aumentan los Tribunales Orales Federales para tener mas posibilidades de realizar juicios orales mas rápidos y se brinda la posibilidad de que los jueces puedan realizar juicios de manera unipersonal en supuestos hasta 6 años (obligatorio) y sin oposición de la victima hasta 15.

Por otra parte, como medida a futuro se propone el proyecto de modificación al Código Procesal Penal Federal "con un capitulo amplio de nuevas técnicas de investigación para dotar a jueces y fiscales de mas herramientas de investigación en casos de delitos complejos y crimen organizado".

En tanto, también hay un proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en las Provincias.

"Se crean 110 cargos de juez penal federal para poner a cargo de las existentes secretarias penales para tener jueces especialistas que investiguen de manera exclusiva el crimen organizado. Hoy son multifueros por lo que tienen que resolver sobre todas las ramas del derecho aplicando distintos procedimientos y ademas poseen la competencia electoral", explica Martín Casares, subsecretario de Política Criminal.

Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, plantea las siguientes propuestas:

“La mitad de los presos son reincidentes. La gran mayoría de los presos que saldrán en los próximos años de la cárcel tienen deudas, pocas habilidades para su reincersión social y cargan con el estigma de haber pasado por la cárcel. Al menos 2 de cada 3 volverán a delinquir en menos de seis meses de haber recuperado su libertad”, sostiene Bergman.

Ante esto, explica que“fortalecer dentro de los ministerios de Justicia el tratamiento pospenitenciario que es crítico para facilitar la reinserción social y reducir significativamente los delitos. Este tratamiento pospentienciario, dice el especialista, debería incluir: 1) Asistencia social para fortalecer reinserción en el núcleo familiar (y trabajar en paralelo con las familias receptoras), 2) Programas de tratamientos para desintoxicacion y adicciones, 3) Fuentes laborales concretas financiadas por el Estado, 4) Asistencia terapéutica, 5) Vinculación a programas de transferencias condicionadas, etc

“Si un interno cuesta en la cárcel 300.000 pesos al año, solo una fracción de este monto es más que suficiente para solventar un genuino esfuerzo de rehabilitación social”, concluye Bergman.

Bergman propone la creación (con personal actual existente en distintas dependencias) de unidades que desbaraten mercados ilegales. “No se puede seguir como ahora deteniendo al último eslabón de la cadena (los perejiles) sino hay que ir atrás de los que verdaderamente lucran con los mercados de productos robados, los impulsan y los desarrollan. ¿habrá voluntad política?”, se plantea el especialista.

En tanto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), sostienen que “las políticas de seguridad eficaces son aquellas que consiguen reducir los índices delictivos, pero también la violencia institucional, y que contribuyen a garantizar derechos básicos (como el disfrute del espacio público) a todos los habitantes, incluidos aquellos de los barrios pobres históricamente postergados en este sentido”.

En ese sentido, plantean que “una policía eficaz es una policía que mata menos y consigue resolver conflictos con un uso mínimo de la fuerza. Para lograr esto, consideran que “una medida central y urgente es la reforma de las fuerzas de seguridad en un sentido profesionalizador y democratizador. Se debe fortalecer la conducción política, el control riguroso del ingreso de aspirantes y de los ascensos. Las áreas de control externo o interno, que actualmente trabajan caso a caso, deben ser modificadas para desarrollar investigaciones profundas que permitan identificar y erradicar los patrones de violencia y corrupción que hoy en día transforman a las policías en un obstáculo para cualquier política de seguridad seria”.

Para el Cels, “el diseño, la evaluación y la ratificación o rectificación de estas políticas no resultan posibles si no se producen de manera sistemática datos cuantitativos y cualitativos sobre dinámicas criminales y sobre patrones de actuación policial. Por ejemplo, una política de reducción de homicidios debe partir de analizar y caracterizar las situaciones en que éstos se producen, para diseñar programas específicos de prevención de muertes violentas. Estos datos deben ser de acceso público”.

Laura Jaitman, especialista en seguridad del Banco de Desarrollo Interamericano, adelantó las conclusiones del libro que sale en noviembre “Innovaciones en los costos del crimen y la violencia”.

Según establece la investigación, América Latina es la región más violenta del mundo. “Tenemos un costo del crimen de casi el 3.5 por ciento del producto de la región. Es un valor alto, si se lo compara con el terrorismo, que es el 1%”, explicó Jaitman en una clínica de seguridad que organizó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El gasto público en seguridad se divide entre la policía, la justicia y la administración penitenciaria. El Cono Sur es la región donde hay mayor gasto público en seguridad. De hecho, Argentina gasta el doble en seguridad que los demás países. La cantidad de policías supera a la de los demás países en Latinoamérica, con una de las tasas más altas cada 100.000 habitantes. Aún así, el numero de policías no parecería ser relevante para dar mas seguridad.

Por Sol Amaya y Florencia Barragán

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