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Investigan a más sospechosos por encubrir a policías en San Miguel del Monte
El fiscal prepara los pedidos de prisión preventiva de los trece acusados por la mortal persecución y podrían ser ordenados otros arrestos por obstaculizar la pesquisa
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El fiscal que investiga la masacre de San Miguel del Monte prepara los pedidos de prisión preventiva de los trece sospechosos apresados hasta el momento por los homicidios de tres adolescentes y un joven de 22 años. Además, según fuentes de la investigación, el responsable de la pesquisa no descarta la posibilidad de que se concreten detenciones en los próximos días. Estos nuevos sospechosos aparecen involucrados en las maniobras de encubrimiento pergeñadas para tapar la responsabilidad de los policías en los homicidios ocurridos el 20 de mayo pasado.
Fuentes de la investigación indicaron que no está previsto que el fiscal le tome declaración a Rocío, la única sobreviviente de la masacre, internada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.
De los trece imputados presos, doce son efectivos de la comisaría de San Miguel del Monte; el restante es Claudio Martínez, secretario de Seguridad del municipio, quien tiene a su cargo, entre otras dependencias, el centro de monitoreo de cámaras instaladas por la comuna. Martínez fue acusado de supuesto encubrimiento agravado y fue reemplazado por María Alejandra Cotignola, quien se desempeñaba como directora de Asuntos Institucionales.
Esta designación no habría caído bien entre los familiares de las víctimas, debido a que tendría un vínculo familiar con uno de los policías imputados por encubrimiento, el subinspector José Alfredo Domínguez. Por otro lado, la nueva funcionaria fue agente de policía. Después se recibió de abogada y, en el ejercicio de esa profesión, habría defendido a varios efectivos involucrados en causas judiciales.
Fuentes de la municipalidad de San Miguel del Monte respondieron: "La doctora Cotignola es la directora institucional. Ella rindió examen para la ayudantía de fiscal de Cañuelas y está preparada para la tarea de articular las áreas y dependencias institucionales dentro de la Subsecretaría de Seguridad".
Sin embargo, según fuentes judiciales, la funcionaria "no trabajó en ninguna de las fiscalías de Cañuelas y tampoco en la ayudantía de San Miguel del Monte".
Entre los doce policías detenidos figuran los oficiales Mariano Ibáñez y Leandro Ecilape, y los suboficiales Rubén García y Manuel Monreal, acusados por los asesinatos, debido a que la Justicia habría acreditado que tripulaban los dos móviles que participaron en la persecución del Fiat 147 en el que viajaban los cuatro jóvenes fallecidos y Rocío, la única sobreviviente.
Con respecto a Monreal, el peritaje balístico del proyectil, que los forenses encontraron en el cuerpo de Gonzalo Domínguez, determinó que fue disparado por el arma entregada por el suboficial, que estaba en la segunda patrulla que se sumó a la persecución.
Otro estudio balístico determinó que las cápsulas halladas en una parte del trayecto en el que se desarrolló la persecución fueron disparadas por la pistola reglamentaria secuestrada al sargento García. La escena de ese suboficial con medio cuerpo fuera del móvil, en una presunta actitud de disparo, quedó grabada por una cámara de seguridad del municipio.
Esa imagen fue fotografiada por uno de los empleados del centro de monitoreo, que la hizo pública. La difusión de esta escena constituyó uno de los elementos que sirvieron para derrumbar la versión que instalaron los policías, momentos después de la tragedia.
Con esta fotografía más las declaraciones de varios testigos y los peritajes balísticos, el fiscal Lisandro Damonte fundó los pedidos de detención de los cuatro policías involucrados en los homicidios, primero, y los ocho uniformados imputados por los encubrimientos, después.
Al ordenar esas detenciones el fiscal logró preservar las pruebas que le permitirán fundar los pedidos de prisión preventiva de los trece imputados. Esas solicitudes deberán ser analizadas por el magistrado de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, titular del juzgado que, hasta anteayer, subrogó la jueza Marcela Garmendia.
El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, viajó ayer a San Miguel del Monte, donde tomó contacto con los familiares de las víctimas y sus abogados para explicarles los avances de la investigación.
"Ha sido una muy buena reunión y hemos ratificado el compromiso del Ministerio Público Fiscal de trabajar en el esclarecimiento del hecho y en el acceso a la justicia que les corresponde. Intercambiamos opiniones y evacuamos consultas", expresó el jefe de los fiscales bonaerenses. ß
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