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Los investigadores derrumbaron una coartada de Kiczka y el juez dictó la prisión preventiva para el ahora exdiputado
Peritos informáticos comprobaron que el detenido recibió mensajes con ofertas de intercambio de videos de menores, incluso varios días después del primer allanamiento
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LA NACIONGustavo Carabajal
Germán Kiczka no podía negar que la notebook secuestrada en la casa de sus padres, en el barrio Illia, de Apóstoles, en Misiones, era suya. Su foto era la que aparecía en la casilla de correo electrónico vinculada al usuario “Germán”. En esa computadora, secuestrada el 28 de febrero pasado, en la vivienda de barrio Illia, de Apóstoles, donde vivían sus padres y su hermano y en la notebook hallada en su casa, el 6 de agosto, los investigadores judiciales encontraron 913 archivos con contenido de material de abuso sexual infantil (MASI).
Aunque el ahora exlegislador sabía que lo investigaban por presunto tráfico de imágenes con contenido de abuso sexual infantil, el día que se concretó el segundo allanamiento en su contra, recibió un mensaje con una oferta en de videos con menores abusados.
En la red Telegram, de un número de teléfono agendado como “menores”, el exdiputado provincial recibió un mensaje en el que se expresaba: “Hay un posible grupo que puede que los tenga, pero es de pago en mx y comparten mucho contenido de menores”.
En la misma aplicación hallada en el celular del acusado, los peritos informáticos encontraron un mensaje del 3 de marzo pasado en el que le ofrecían “una nueva compilación de videos con contenido sexual denominados serie 5 de oro, y se nombra a la protagonista a L . . . TEEN”.
A partir de los análisis de esos peritajes en esos archivos y de otras pruebas, el juez Miguel Faria decidió dictar la prisión preventiva para el exlegislador y su hermano Sebastián.
Al resolución dictada por el magistrado Faria en las últimas horas tendría como efecto que el expulsado diputado del espacio político Activar y su hermano podrían seguir detenidos, posiblemente hasta el juicio oral.
Entre otros elementos, la decisión del magistrado se fundó en la gravedad del delito imputado: presunta tenencia y distribución de imágenes niños en situaciones de abuso sexual, que tiene una expectativa de pena de 4 a 8 años de prisión, cuando los chicos que aparecen en esas fotos y videos tienen menos de 13 años.
Además, el magistrado tuvo en cuenta los denominados riesgos procesales para disponer que los hermanos sigan detenidos. De acuerdo al desarrollo del proceso hubo antecedentes de fuga de Germán y Sebastián Kiczka, quienes estuvieron prófugos siete y ocho días respectivamente desde que el magistrado dictó sus capturas, el 20 de agosto pasado.
Una coartada anulada
Al fundar su defensa, el expulsado disputado Kiczka había manifestado que la computadora secuestrada el 28 de febrero pasado en la casa en la que vivía su hermano no le pertenecía porque se la había regalado a Sebastián.
No obstante, los investigadores de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) del Poder Judicial de Misiones establecieron que los argumentos del exlegislador eran falsos.
Cuando esa computadora fue secuestrada, el exdiputado había viajado de vacaciones a Arraial do Cabo, en Brasil. Habitualmente usaba dos computadoras, pero debido a que se fue de vacaciones decidió llevar una notebook y dejó la otra en la casa de su hermano. Esto significa que nunca le regaló el dispositivo como manifestó en su defensa.
Luego de revisar la notebook secuestrada en el primer allanamiento, los peritos determinaron que el usuario de dicha computadora había modificado una aplicación, que se había utilizado para descargar y compartir la mayoría de los archivos con material de abuso sexual infantil.
Hasta el momento, los responsables de la pesquisa no pudieron determinar quién alertó al exdiputado.
No obstante, se habría determinado que el 28 de febrero pasado a las 14.20, mientras estaba en Arraial do Cabo, en Brasil, Kiczka recibió una comunicación telefónica en la que le avisaron sobre el allanamiento.
Entonces, según surgió en el análisis del disco duro de la notebook, desde Brasil y en forma remota, el acusado habría modificado el nombre de la carpeta Incoming del dispositivo que secuestraron los investigadores judiciales en la casa en la que vivía su hermano para borrar rastros.
La investigación que terminó con las detenciones del exdiputado provincial misiones y de su hermano comenzó el 16 de enero pasado cuando la fiscal Daniela Dupuy recibió una solicitud de colaboración emitida por la Coalición de Rescate Infantil (CRC), en conjunto con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés).
A partir de esa denuncia se realizaron nueve allanamientos en la Argentina, que formaron parte de una serie de operativos concretados en forma simultánea en distintos países de América.
Una de las viviendas allanadas durante el operativo denominado Guardianes de la Niñez, fue la vivienda del barrio Illia, de Apóstoles, donde vivía el hermano del exdiputado.
Allí, los investigadores judiciales secuestraron la primera computadora, donde en un programa de intercambio hallaron 603 carpetas con imágenes de abuso sexual infantil.
Luego del allanamiento del 28 de febrero y después de analizar las pruebas secuestradas en la computadora del ex legislador, la fiscal Dupuy declinó la competencia en la Justicia de Misiones. Así fue que, a partir de ese momento, el sumario quedó a cargo del juez Faria y de los investigadores de la SAIC.
A medida que la pesquisa avanzó, el magistrado ordenó un segundo allanamiento. Dicho procedimiento se concretó el 6 de agosto pasado, en la casa del diputado. Allí, los funcionarios judiciales hallaron la segunda computadora de Kiczka.
Cuando se hizo el peritaje de la segunda notebook, los técnicos identificaron la ruta en la que el acusado guardaba estadísticas del programa usado para almacenar esas imágenes. Así fue que, entre los dos dispositivos se encontraron 913 archivos, que tendrían contenido de abuso sexual infantil.
En la segunda computadora, el administrador “Germán” guardaba 52 carpetas organizadas a modo de backups de distintos teléfonos celulares. En algunos de esos archivos se encontraron videos, en los cuales “a simple vista se advierte que son menores de 13 años”, según se consignó en el pedido de captura contra el exdiputado acusado.
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