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Ordenaron la detención de 15 guardiacárceles por la denuncia de torturas y abusos sexuales contra cinco presas del penal de Magdalena
Los hechos bajo investigación ocurrieron en junio pasado en la Unidad Penitenciaria N° 51
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LA NACION
La investigación de las presuntas torturas, golpizas y abusos sexuales denunciados por cinco mujeres presas en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena tuvo, en las últimas horas, un avance significativo con la detención de 15 funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) concretada este martes en distintas dependencias carcelarias provinciales.
Entre las personas arrestadas se encuentra personal que ocupaba importantes cargos en la unidad penitenciaria, como la jefa de vigilancia y tratamiento, la subjefa y la jefa de requisa, entre otros.
Según informaron a LA NACION fuentes oficiales, las medidas tuvieron como objetivo asegurar pruebas y poner a disposición de la Justicia a las personas eventualmente involucradas en los hechos bajo investigación.
Las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, a cargo del juez Juan Pablo Masi, luego de una investigación iniciada a partir de los hechos denunciados.
La decisión representa un nuevo avance en una causa que se inició a partir de las denuncias de cinco reclusas, quienes relataron haber sido sometidas a prácticas de extrema violencia después de una pelea ocurrida en uno de los pabellones de la cárcel.
Los hechos
El operativo se realizó durante la madrugada de este martes y fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Justicia, la fiscalía que interviene en la causa, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
De acuerdo con las presentaciones incorporadas al expediente, todo comenzó el 3 de junio, cuando se produjo una discusión que derivó en una pelea entre internas.
Después de ese episodio, agentes penitenciarios y efectivos del Grupo de Intervención ante Emergencias ingresaron al sector. Según las denuncias, durante el procedimiento utilizaron gas pimienta y obligaron a varias mujeres a permanecer dentro de sus celdas.
Pero, de acuerdo con los testimonios recogidos durante la investigación, la intervención no terminó allí. Las mujeres denunciaron que fueron obligadas a desnudarse y luego fueron retiradas a la fuerza de sus celdas. Algunas habrían sido arrastradas y trasladadas a distintos sectores del establecimiento, donde, siempre según las acusaciones, fueron sometidas durante horas a golpes, amenazas, humillaciones y prácticas de violencia mientras se encontraban esposadas o en condiciones de indefensión.
Dos de las mujeres también denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales.
La causa judicial incorporó testimonios que describen una secuencia de violencia de extrema gravedad.
Una de las mujeres denunció haber sido sometida a una práctica conocida como “submarino húmedo”. Según su relato, mientras era víctima de esa modalidad de asfixia, habría sido obligada a besar las botas de una autoridad penitenciaria. Cada vez que se negaba, aseguró, recibía nuevos golpes y amenazas. La misma mujer denunció además haber sufrido abusos sexuales.
Otra interna relató que fue arrastrada de los pelos, golpeada y mantenida inmovilizada durante horas sobre un colchón que estaba impregnado con gas pimienta.
También hay testimonios de mujeres que habrían permanecido durante extensos períodos de tiempo en ropa interior, sin acceso a agua ni alimentos, y de una detenida que denunció haber estado esposada de manos y pies mientras sufría dificultades respiratorias por la exposición al gas.
Los relatos, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presentan distintos puntos de coincidencia y describen una secuencia que habría continuado incluso después de que las internas fueron retiradas del pabellón donde se había producido la pelea.
La investigación también incorporó cuestionamientos sobre la atención médica posterior a los hechos. Según una de las denuncias, una enfermera se habría negado a revisar a las mujeres y no habría dejado constancia de lesiones que, de acuerdo con los testimonios, eran visibles.
La denuncia había sido impulsada en junio por la CPM y la investigación en su momento quedó en manos del fiscal platense Álvaro Garganta.
A partir de los testimonios y las primeras medidas de prueba, la pesquisa avanzó con declaraciones, relevamiento de información y otras diligencias destinadas a determinar qué ocurrió dentro de la Unidad 51 y quiénes participaron de los procedimientos denunciados.
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