Prisión preventiva para diez policías y un exfuncionario por las cuatro muertes en Monte

Fue "una masacre de niños indefensos" la del 20 de mayo pasado en San Miguel del Monte. Así lo definió ayer el juez de Garantías de La Plata Eduardo Luis Silva Pelossi, al dictarles la prisión preventiva a 10 policías bonaerenses y al exsecretario de Seguridad del municipio, unos por su eventual participación en la "persecución inmotivada" y tiroteo al auto en el que iban cuatro chicos y un joven que no habían hecho nada que justificara semejante cacería, y otros, por el posterior encubrimiento del horroroso desenlace, que intentaron hacer pasar como un mero accidente de tránsito.

Silva Pelossi resolvió también dictar la prisión preventiva para dos de los uniformados de la Policía Comunal de Monte que habían sido señalados como presuntos encubridores. Dispuso, en consecuencia, que recuperen la libertad, aunque seguirán imputados en la causa en la que aún se intentan develar las causas de la persecución en la que murieron Camila López, de 13 años; Danilo Sansone y Gonzalo Domínguez, de 14, y Carlos Aníbal Suárez, de 22, dueño y conductor del Fiat 147, que se destruyó al chocar contra un acoplado. De ese impacto solo sobrevivió Rocío Quagliariello, que el miércoles pasado, en la víspera del primer mes de la tragedia, cumplió 14 años, ya en su casa, de alta luego de haber pasado 24 días internada en Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Según surge de la resolución, a la que tuvo acceso la agencia Télam, Silva Pelossi hizo lugar parcialmente al pedido formulado por el fiscal Lisandro Damonte y procesó a los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez por "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de arma de fuego consumado y en tentativa".

Dio por acreditado que esos policías estaban en los dos patrulleros que participaron de la persecución y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta nacional 3.

Silva Pelossi ordenó además la preventiva para los policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Blanco y José Alfredo Domínguez por "falsedad ideológica de instrumento público agravada, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".

En tanto, por encubrimiento agravado dictó la prisión del teniente Héctor Enrique Ángel y del exsecretario de Seguridad Claudio Martínez.

En cambio, disintió con el fiscal Damonte en cuanto a la situación de los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez, a quienes les dictó la falta de mérito por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica.

El juez justificó las prisiones preventivas porque, según su criterio, los procesados podría intentar "eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación". Para ello tuvo en cuenta que "la naturaleza y características del hecho son de suma gravedad, por la pluralidad de intervinientes, la nocturnidad, la calidad de funcionarios públicos dotados del deber de resguardar a civiles, el ilícito empleo de armas de fuego y el peligro que ocasionaron a terceros con la persecución inmotivada".

Además tuvo en cuenta "la calidad de menores indefensos de cuatro de las víctimas y del adulto, todo lo cual hace a una agresión homicida inmotivada hasta el momento". Silva Pelossi apoyó, así, la calificación de la jueza de garantías que estuvo a cargo de la causa en su ausencia, Marcela Garmendia, para quien se estaba ante "la perpetración de una masacre de niños indefensos".

En el fallo, según publicó Télam, el juez destacó el "compromiso cívico que asumieron los testigos, dado que con sus declaraciones permitieron correr el velo del aparente accidente de tránsito" que intentaron simular los policías.

En cuanto al exsecretario de Seguridad comunal, tuvo en cuenta "la demora en la entrega de los soportes digitales [con los videos de las cámaras de monitoreo] a la intendenta de San Miguel del Monte, siendo que en las primeras horas del suceso ya tenía conocimiento de las ilicitudes perpetradas por los efectivos policiales".

También le atribuyó que, pese a haber observado las imágenes de las cámaras, se comunicó con la intendenta a las 3.30 del día del hecho para anoticiarla de que "...había ocurrido un accidente y previo hubo un seguimiento de parte de la policía, y que el hecho no tendría que ver con ese seguimiento (sic)".

Todavía no se pudo determinar qué motivó la tenaz persecución del Fiat 147; no se conoce que sus ocupantes hubiesen cometido ningún hecho ilícito. La familia de Aníbal Suárez denunció que el joven había sido extorsionado semanas antes de la tragedia por policías de Monte porque no tenía los papeles del coche en regla. Quizás escapó porque temía una nueva extorsión o porque vieron a los policías hacer algo que no debían estar haciendo. Tal vez pueda contestarlo Rocío, si recupera la memoria, pues aún no recuerda qué pasó desde unas ocho horas antes del horror.