Salta: detuvieron a un intendente acusado por el robo y contrabando de rieles hacia Bolivia

El intendente de una localidad de Salta fue detenido en una causa en la que se investiga el robo y contrabando de rieles desde esa provincia hacia Bolivia. El imputado, que quedó demorado bajo la figura de arresto domiciliario, es Atta Miguel Gerala y estaba al frente de la comuna Coronel Juan Solá. Por este mismo caso, ya habían sido detenidos e imputados el hijo del funcionario, José Miguel “Yopi” Gerala, y el comerciante David Edilberto Medina.

A pedido del fiscal general Eduardo Villalba, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, formalizó este martes la imputación, según se informó de manera oficial. El funcionario judicial acusa al intendente por los delitos de contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un trabajador público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario.

Asimismo, Villalba le imputó a Gerala padre -que estará bajo arresto domiciliario hasta el 31 de diciembre- el delito de malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal. Además, la fiscalía solicitó y consiguió el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.

La investigación comenzó el 23 de agosto del año pasado a partir de la denuncia de personal de Correo Argentino, entidad que reportó como sospechoso el envío, a través de encomiendas, de más de 480 cubiertas que eran comercializadas por el vendedor Medina.

Como ese hombre ya tenía antecedentes por el delito de encubrimiento de contrabando es que la Justicia focalizó la investigación sobre sus movimientos, a la vez que se dispuso una serie de intervenciones telefónicas. Se pudo determinar que Medina no solo se dedicaba al contrabando de importación de neumáticos de Bolivia para su comercialización en el país, sino también al de exportación de material ferroso, en particular de rieles que eran robados del Ramal C-25, en el tramo entre las estaciones de las localidades de Padre Lozano y Morillo, en el chaco salteño.

Las pesquisas se centraron en el robo de rieles, ya que no solo se trataba de patrimonio del Estado Nacional, sino también en razón de que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 70/23, prohibió expresamente la exportación de material ferroso. De las tareas de investigación se estableció que Medina tenía varios proveedores de rieles robados. Uno de ellos, identificado solo por las conversaciones que mantenía con el comerciante, afirmó de manera contundente contar con una gran estructura para el saqueo de esos elementos e incluso decía que podía asumir el traslado del material robado a un galpón de calle Alberdi al 900, en Orán, donde eran acopiados.

En julio pasado, en tanto, la fiscalía recibió una denuncia que sindicaba al hijo del intendente como el principal responsable del saqueo de rieles, lo que se confirmó al cotejar su número de teléfono con el proveedor que hablaba insistentemente con Medina para avanzar con la maniobra, al punto tal que aseguró contar ya con varios rieles sustraídos de los pueblos de Pluma de Pato, Dragones y Morillo.

Recordó que la maniobra se completaba a través del paso de los rieles robados por fincas privadas, ubicadas en el límite fronterizo, cuyo fondo colinda con Bolivia. Allí el material era recibido por compradores que previamente se contactan con Medina y acordaban los valores de la transacción ilícita.

La investigación avanzó sobre el hijo del intendente de Coronel Juan Solá, pudiéndose comprobar que la infraestructura de la que hacía gala era, en realidad, propiedad del municipio. El fiscal Villalba sostuvo que los Gerala se valieron de las herramientas, maquinarias de corte y hasta el grupo electrógeno de la comuna para concretar el delito. Incluso, el funcionario judicial señaló que los rieles robados, en parte, eran resguardados en predios oficiales y hasta en la casa del propio jefe comunal. Durante un allanamiento en esa vivienda se encontraron 15 rieles que fueron secuestrados y que estaban valuados en la suma aproximada de 19 millones de pesos.

En función de ello, la fiscalía sostuvo que Gerala padre tuvo una participación necesaria, ya que aportó el material necesario para el robo de los rieles, incluso vehículos. Explicó que los acusados se valían de la mano de obra de integrantes de comunidades originarias de la zona, quienes reconocieron su participación ilícita promovida por su hijo. Villalba comparó el accionar con el saqueo de caños del Gasoducto GNEA, siendo el móvil, en ambos casos, la codicia y el desprecio por los bienes del Estado, lo que se agrava dada el carácter de funcionario público que ostenta.

El fiscal solicitó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para el intendente, medida que fundó en los riesgos procesales, sobre todo porque el acusado podría incurrir en el entorpecimiento de la investigación penal, como, por ejemplo, influir negativamente en los testigos. El mínimo de la pena que podría recaer en el jefe comunal sería de cinco años de cárcel, por lo que la ejecución condicional queda excluida. Gerala negó las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia, a la vez que rechazó cualquier vinculación del municipio con los hechos imputados.

LA NACION

• Salta
• Contrabando

---

Conforme a