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Un policía fabricaba en su casa líquidos para vapear cigarrillos electrónicos
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LA NACIONGabriel Di Nicola
En el ambiente del consumo de cigarrillos electrónicos, sus líquidos para vapear eran muy recomendados porque eran "ricos y buenos". Los productos, que eran fabricados en su casa de Villa Ballester bajo la marca Valhalla, se ofrecían en Facebook y en una página web. Pero ahora, J. K., oficial mayor de la Policía de la Ciudad, fue procesado sin prisión preventiva por "vender y distribuir mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo".
Así lo resolvió en las últimas horas el juez federal Sebastián Casanello. El oficial mayor de la Policía de la Ciudad no fue el único procesado: otras ocho personas corrieron la misma suerte.
La investigación comenzó hace casi dos años después de una presentación de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. En esa presentación se denunciaba que J. K. se dedicaba a la elaboración y comercialización de líquidos para cigarrillos electrónicos y también vendía los equipos para vapear. Según se explicó, lo hacía por medio de la red social Facebook.
"La prueba recabada permite tener por acreditados, con el grado de probabilidad exigido para la instancia, los hechos endilgados. Todos lxs imputadxs, mediante maniobras de fabricación, venta, distribución, provisión, almacenamiento, promoción y publicidad, han formado parte de una red de personas que concretaba la comercialización de productos prohibidos -cigarrillos electrónicos y accesorios para su uso-, disimulando su carácter nocivo, al menos entre enero del 2017 a mayo del 2019", sostuvo Casanello en una resolución donde utilizó el lenguaje inclusivo.
Cómo explicó Casanello en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION, están prohibidas por disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) la importación, distribución, comercialización y publicidad del "sistema electrónico de nicotina, conocido como cigarrillo electrónico".
"Resulta incuestionable el pleno conocimiento que lxs encartadxs tenían de la actividad ilegal que desarrollaban y su peligrosidad, al considerar lo dispuesto por Anmat, de donde se deriva, especialmente, la clandestinidad que presentaba la fabricación y venta de los aceites de Valhalla".
En su declaración indagatoria, el oficial J. K. sostuvo que el uso del cigarrillo electrónico no está prohibido en el país y que en la causa no se acreditó el tráfico de mercadería peligrosas. Además, dijo que no se había comprobado que los elementos secuestrados fuesen perjudiciales para la salud o que "contuviesen sustancias tóxicas como así tampoco nicotina".
"Conforme surge de la valoración probatoria realizada, lxs imputadxs pusieron a disposición de un número indeterminado de personas mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter, pese a la prohibición administrativa vigente en la materia, toda vez que los cigarrillos electrónicos y aceites eran puestos en venta y promocionados a través de un sitio de Internet y una red social de uso masivo como es Facebook", afirmó el juez de la causa en su resolución.
Según el expediente judicial, los líquidos para vapear eran fabricados por J. K. en su casa de Villa Ballester, en San Martín, y eran distribuidos por los otros procesados en las zonas norte, oeste y sur del conurbano.
"Los aceites secuestrados en cada allanamiento no acompañaban prospectos con especificaciones de uso, contraindicaciones y advertencias sobre posibles efectos adversos en la salud. En efecto, tanto en el etiquetado como también en las diversas publicaciones y promociones efectuadas, lxs imputadxs omitían informar sobre su fabricación y, primordialmente, que tales productos no se hallaban autorizados por la Anmat y que por el contrario, se encontraban prohibidos", explicó Casanello.
Y agregó: "En el caso de los cigarrillos electrónicos, tampoco se alertaba, por ejemplo, sobre su posible explosión y consecuente peligrosidad. A esto se le suma el canal ilegal de ingreso al país, evadiendo los controles de Anmat, lo que refuerza el conocimiento de su clandestinidad".
En el procesamiento sin prisión preventiva, Casanello dispuso para cada uno de los imputados un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500.000 pesos.
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