Covid. La justicia ordenó vacunar a una joven con síndrome de Down

MAR DEL PLATA.- Un juez federal hizo lugar a una acción de amparo y ordenó que se aplique la vacuna para prevenir de Covid-19 a una joven de 27 años que padece síndrome de Down y una cardiopatía congénita.

La presentación judicial se realizó a comienzos de este mes y hoy tuvo resolución a favor del planteo presentado por Eugenia Vega Otamendi, representada en esta acción por su padre, Alejandro Pablo Vega.

“No tenemos registro de antecedentes de un fallo similar”, dijo a LA NACION el abogado que llevó adelante la presentación y consiguió que el juez Alfredo López, titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata le haga lugar.

En su resolución, el magistrado ordena al ministerio de Salud de la Nación y al ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que “en forma inmediata provea lo conducente para que a la amparista de autos le sea otorgada la aplicación de la vacuna correspondiente, con las dosis pertinentes”.

En su escrito deja en claro que la medida se otorga “bajo responsabilidad de la requirente, del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires y de las empresas que provean la vacuna”. Esto a raíz de –y así lo cita- la variedad de marcas, “irregularidades que han surgido respecto de la distribución y aplicación”, “denuncias penales de público y notorio conocimiento a que han dado lugar, como así también su aprobación para uso de emergencia con carácter experimental”. Y aclara que en la acción de amparo tampoco se pide por una marca en particular.

Vega adjuntó en la presentación la historia clínica de su hija, en la que se detallan su discapacidad y distintas patologías que afronta, entre ellas hipotiroidismo. Y también un trasplante ocular. “Eugenia tiene sus estudios primarios completos, cursa primera año de secundaria para adultos, hace surf, tiene novio y hasta se quiere casar”, contó su padre, conforme con este fallo pero ahora a la espera de los pasos procesales pendientes para que se haga efectiva la medida dispuestas por el juez.

Por estas horas deberían llegar las notificaciones a los organismos de Estado que son parte del Plan Nacional de Vacunación para que tomen conocimiento de la resolución firmada por López y la hagan efectiva a la brevedad.

Vega está inscripta en el Plan Vacunarte desde el pasado 23 de febrero como miembro de los denominados “grupos de riesgo” y sigue a la espera de un turno que hasta el momento no le ha llegado. “No ha sido considerada ni se ha dispuesto mi vacunación, no obstante haber ingresado 7,5 millones de vacunas al país”, describía en primera persona en la presentación que hizo con representación legal de su padre.

Su padre destaca que las personas con Síndrome de Down tienen patologías asociadas vinculadas a una alteración cromosómica, entre ellas cardiopatías, problemas respiratorios, diabetes o celiaquía, entre otras.

En el caso de Eugenia ya fue operada del corazón cuando apenas tenía cinco meses de edad, consecuencia de una problema cardíaco de nacimiento. “Como el Plan Nacional de Vacunación establece grupos de riesgo, entre ellos los que tienen patologías de base, y no le llega el turno es que no encontramos otra salida que recurrir a la Justicia”, explicó Vega. Entiende que a la fecha hay solo 200000 vacunados dentro de ese grupo, una cifra mínima dentro del lote de personas que arrastra estas patologías que los exponen más frente a la posibilidad de contraer la enfermedad.

“Dada la discapacidad de la accionante, ésta requiere una especial atención por parte de quienes deben proteger y garantizar sus derechos”, fundamenta el juez López en su resolución, y advierte que si bien las personas discapacitadas con enfermedades han sido incluidas en el “Plan estratégico para la vacunación contra el Covid-19 en la República Argentina”, hasta el momento “las autoridades no han establecido fecha cierta de vacunación, aunque son personas que, tal como la ha dispuesto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, gozan de una preferente tutela constitucional”.

“Los derechos de las personas con discapacidad están resguardados por la Constitución Nacional y tratados internacionales, en los que se reconoce que tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad”, acota en su escrito.

Por Darío Palavecino

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