Crisis sanitaria: la advertencia de los laboratorios de análisis clínicos que podría afectar la atención en octubre

Los laboratorios de análisis clínicos suspenderán la atención a través de las coberturas (obras sociales y prepagas) si en los próximos días no se revierte la desactualización del valor de las prestaciones y se reducen los plazos de pagos, que actualmente son de entre dos y tres meses. La medida, que se traduce en que los pacientes tengan que abonar las prácticas, regiría a partir del 1° de octubre, según precisaron a LA NACIÓN.

La medida la anunció este lunes la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra), que nuclea a los colegios, las asociaciones y las federaciones profesionales de todas las provincias, “si no se corrigen los desajustes causados por la inflación y los retrasos en los pagos, dado que estos problemas afectan, gravemente, el funcionamiento de los laboratorios”.

Esos problemas, según explicó María Cecilia López, presidenta de la Cubra, son los efectos directos del aumento en dólares de los insumos que utilizan a diario, el retraso en la actualización del valor de la actuación profesional (se mide en unidades bioquímicas) y la demora de entre 60 y 90 días en los pagos por las prestaciones que hacen los financiadores.

Los precios de lista de los insumos, según estimaron, ya subieron hasta un 400%, con mayor impacto en productos descartables, jeringas y agujas, todos esenciales para el trabajo diario. Solo en las dos últimas semanas, el aumento que relevaron está en alrededor de un 30%, por lo que proponen para sostener la atención que las coberturas acorten los plazos de pago a 15 o no más de 30 días desde la fecha de facturación de los laboratorios o los profesionales.

“Todos estos problemas están poniendo a la actividad de los bioquímicos en una situación de gran inestabilidad y precariedad”, sostuvo López.

Más del 60% de los reactivos con los que hacen las determinaciones en los laboratorios son importados y lo mismo sucede con las materias primas de los que se elaboran localmente. “No hay un insumo que sea 100% nacional. Además, el stock en estos tiempos es complicado porque hay algunos laboratorios que están con mucho stock y, otros, con nada”, explicó López.

En riesgo

Una práctica que, como definió, está “al borde de no poder realizarse” es la pesquisa neonatal, un estudio que se hace a partir de gotitas de sangre que se les saca a los recién nacidos al pincharles el talón. Es una pesquisa obligatoria para anticiparse a problemas de salud que pueden afectar el crecimiento y el desarrollo del bebé. Con los resultados, se pueden tomar medidas de prevención y suplementación. Hay laboratorios que ofrecen la versión extendida de la prueba, con más marcadores.

“Si hay una práctica que nos sirve como termómetro es la pesquisa neonatal, a la que realmente debe tener acceso toda la población. Es un análisis que siempre está al borde, en peligro de no poder realizarse –explicó López–. En esto, no tenemos vuelta atrás porque tiene que ofrecerse y siempre debe hacerse bajo las condiciones adecuadas. En muchas obras sociales y prepagas, el pago ya roza por debajo del valor de los insumos necesarios. En algunas provincias se están pagando los análisis que hay que hacer con las [cinco] gotitas de sangre que se extraen [de un bebé] o el panel extendido.” Señaló que un valor promedio de $5000 por prueba no cubre hoy ni los insumos requeridos.

En el día a día, según continuó la presidenta de Cubra, los teléfonos de la entidad no paran de sonar. “Estamos usando todos los contactos que tenemos disponibles para evitar que los pacientes se queden sin atención y si hay un laboratorio que se quedó sin insumos, tratamos de resolverle el problema –dijo–. Pero el escenario es que los proveedores nos dicen que tampoco tienen insumos y no aceptan pagos para reservas porque no saben cuándo podrían tenerlos. Necesitamos lograr acordar ciertos puntos para poder seguir trabajando en este contexto.”

Arancel

Uno de esos puntos, que sería el más sensible, es definir con los financiadores un arancel mínimo ético “como piso” para los servicios profesionales. “Estamos pidiendo que la Superintendencia de Servicios de Salud nos ayude como organismo rector de la normativa que rige los convenios con las obras sociales y las prepagas, además del acortamiento de los plazos de pagos: que no sean de entre 60 y 90 días, sino de 15 días o un mes desde la facturación –detalló López a este medio–. También necesitamos que la Secretaría de Comercio nos ayude con la importación y la disponibilidad de los insumos.”

Ante la consulta de LA NACIÓN, fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud respondieron que ese organismo “no regula acuerdos, ni precios ni interviene entre privados”.

Pero frente a la misma pregunta, la abogada Silvia Laura Piedrabuena, que en abril pasado hizo una presentación ante ese organismo en nombre de la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (Calab), detalló por qué es correcto solicitar su intervención. Las autoridades de Calab, como ahora lo hace la Cubra, ya habían planteado en una reunión de febrero pasado la necesidad de contar con un nomenclador bioquímico único (NBU) para unificar los aranceles de referencia profesionales.

“Ante la falta de respuesta, presentamos un recurso administrativo que se fundamentó en dos resoluciones y una ley que rigen funciones de la Superintendencia de Servicios de Salud: 194/2001, 607/2022 y los artículos 18 y 19 de la Ley N°26.682 –detalló la abogada–. Esas normas nos dicen que, por un lado, la autoridad de aplicación, es decir la superintendencia, debe fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren el desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados. A la vez, el incumplimiento del pago de esos aranceles o la mora en el pago a los prestadores puede ser sancionada. El artículo 19 [de la ley] dice también que los modelos de contratos entre los financiadores y los prestadores deben adecuarse a los que defina la autoridad de aplicación.”

Es decir, según resumió Piedrabuena, que se requirió a través de esa presentación fundada en la normativa vigente “que se garantice ante todo el derecho a la salud con calidad para la población, con transparencia y publicidad de los actos de gobierno, junto con procedimientos de actualización arancelaria mensual acorde a un valor ético en función de la realidad”. Al mismo tiempo, según continuó la abogada, se instó al cumplimiento de la Ley N°27.232, de 2015, que establece un NBU para el sector público, privado y de la seguridad social.

Las autoridades de la Cubra llegaron a este punto tras solicitar por nota con otras confederaciones médicas una reunión con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y PAMI. Aún no recibieron respuesta de ninguno de esos dos organismos, según confirmaron. Piden que la cartera sanitaria convoque “de manera urgente” a una mesa de trabajo conjunta.

“Esto nos preocupa muchísimo y nos vimos obligados a salir a informarle a la población nuestra situación –señaló López–. Queda en cada bioquímico tener que pararse frente al paciente para decirle que no puede prestarle el servicio y eso no es justo con la población que los elige, en muchos casos desde hace años, y está en una situación vulnerable porque necesita un resultado.”

La Cubra estimó que, con una demanda de análisis bioquímicos y más acceso de los pacientes a los análisis clínicos, los fondos del sector de la salud destinados al trabajo en los laboratorios no llegan a ser del 5%, mientras que antes eran del 7-8%. Esto, para la presidenta de la entidad, “hace que la actividad se resienta porque no tenemos resto, ni cómo hacerle frente a un mercado que disminuyó la inversión”.

Fuentes en representación del sector de la medicina prepaga reiteraron, como lo hicieron frente a pedidos de otras especialidades, que no están de acuerdo “con el cobro de un copago o arancel por fuera del sistema”. A la vez, indicaron: “El congelamiento de las cuotas del sector precipitó el desfinanciamiento y eso hizo que se produzcan descalces para los financiadores y los prestadores. Estamos en negociaciones con el Gobierno para ver cómo podemos restituir la normalidad para que este tipo de situaciones no se sigan multiplicando”.