De la convivencia con la cárcel a la expectativa por el futuro del predio: qué quieren los vecinos de Villa Devoto

“Gracias a Dios”. La respuesta llegó sin dudar cuando un vecino de Villa Devoto fue consultado sobre la salida de los presos de la cárcel situada en Bermúdez 2651, el último complejo penitenciario federal que funciona dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires. En una recorrida realizada por LA NACION, esa sensación de alivio apareció repetidamente entre quienes convivieron durante décadas con el penal. Otros, en cambio, manifestaron incertidumbre. Porque mientras el cierre de la cárcel pone fin a una presencia histórica en el barrio, abre una nueva incógnita: qué ocurrirá con el predio cuando deje de funcionar como establecimiento penitenciario.

El futuro del espacio, que ocupa la manzana delimitada por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano, todavía no está definido. Según pudo averiguar LA NACION, los terrenos pertenecen al Estado Nacional, que se los cedería a la administración porteña, y será necesaria una ley de la Legislatura porteña para cambiar su uso.

En paralelo, el traslado de los presos depende de la puesta en funcionamiento del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, al que fueron transferidos. Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informaron que la gestión de Jorge Macri destinó alrededor de US$100 millones en la nueva cárcel de esa ciudad bonaerense.

Humberto Frías tiene 78 años y vive en la zona desde hace cuatro décadas. A lo largo de ese tiempo, recuerda episodios vinculados con intentos de fuga y situaciones que, según cuenta, afectaban la tranquilidad de quienes vivían cerca del penal. “Uno sale y no sabe si le van a meter un tiro o si va a venir alguno a agarrarlo. Tenemos que dormir como los pájaros con un ojo cerrado, sino no podríamos vivir”, recuerda a LA NACION. Además, Frías vive a media cuadra de la calle Nogoyá, donde los familiares hacían fila para poder ingresar en los horarios de visitas: “Abrían las tapas de gas y ponían cosas ahí adentro, como monederos porque si no no los dejaban entrar”.

Quien también tiene memoria sobre la historia de la cárcel, que se remonta a su infancia, es Susana Espósito, de 62 años, dueña de una rotisería de la zona. Aunque habita en otro sector de Devoto, evoca el clima de tensión que se vivió durante la liberación de presos en la década del 70. Tenía alrededor de siete años cuando vio militares armados en el techo de su casa. Su madre las escondió a ella y a su hermana debajo de la cama. También recuerda haber escuchado gritos provenientes del penal. Son imágenes que conserva de una época que marcó su percepción de la cárcel, aunque distingue esos episodios de la experiencia cotidiana de los últimos años.

Mariano Bordón, de 60 años y empleado en el negocio de Susana, considera que el funcionamiento del penal mantenía a los presos dentro de un espacio controlado y teme que, si el terreno queda abandonado o sin un proyecto claro, aparezcan problemas nuevos.

La percepción de quienes viven en la zona no es uniforme. “Yo vivo al frente de la cárcel. Antes del traslado el ambiente era tranquilo. Al vivir toda la vida en el barrio siempre nos sentimos seguros, más allá de todo lo que fue pasando en la cárcel con el pasar de los años”, cuenta a LA NACION otra vecina que prefirió preservar su nombre. Sin embargo, relata que cuando había motines, lo que sucedía en la cárcel los alcanzaba: “Tiraban piedras, venía gente de afuera a tirar cosas para adentro, eso hasta ahora seguía pasando, por eso creo que también cerraron. Nosotros nunca tuvimos incidentes”.

Varios vecinos se mostraron reticentes a hablar con LA NACION sobre el cambio por temor a posibles reacciones de los familiares de los presos. El traslado todavía es reciente y, según señalaron, algunos familiares no están de acuerdo con la medida debido a la distancia del nuevo establecimiento penitenciario.

Si bien las experiencias sobre la convivencia con el penal son diferentes, el destino del terreno aparece como una preocupación compartida. Graciela (solo dio su nombre de pila) tiene una preferencia clara: quiere que se construya una plaza, sin complejos residenciales ni grandes emprendimientos. “Solo pasto al aire libre”, resume.

Una vecina (prefirió mantener su identidad en reserva) de la calle Indio también propone que el espacio tenga una función recreativa, aunque admite otra posibilidad: edificios de hasta tres pisos de altura. Tiene 50 años y, al recordar su experiencia con el penal, explica que los motines no afectaban directamente su vida cotidiana; muchas veces se enteraba de lo que sucedía a través de la televisión. Para ella, la transformación debería priorizar un lugar donde puedan crecer los chicos del barrio. Sobre el traslado de los presos dijo: “Por lo que vi, para mí van a estar mil veces mejor en la otra cárcel, es hermosa”.

Tati (solo dio ese nombre), que se mudó con su pareja a una cuadra de la cárcel hace aproximadamente un mes, tiene una mirada diferente. Considera que su salida puede favorecer el aumento del valor de las propiedades, y cree que podría desarrollarse un emprendimiento inmobiliario en el terreno. Sin embargo, también expresa desconfianza sobre quién podría beneficiarse: “Las tierras son del Estado, así que se la van a dar a algún amigo del poder”.

Quienes también coinciden con esta postura son Mario y Omar, dos trabajadores técnicos que desarrollan sus tareas en la calle Pedro Lozano. No describen la convivencia exclusivamente desde el miedo: uno de ellos incluso afirma que le preocupan más los políticos que la cárcel y cree que esto es un “curro”. Ambos desconfían de lo que pueda ocurrir con las tierras y temen que el valor inmobiliario del predio termine pesando más que los deseos de los residentes.

Mientras avanza el traslado de los detenidos a la cárcel de Marcos Paz, el futuro del predio de Villa Devoto todavía no está definido. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, informó en una entrevista radial, el pasado miércoles, justo el día en que LA NACION hizo la recorrida, que alrededor de 1190 prisioneros ya fueron llevados al nuevo establecimiento. “En Devoto hay 1500, ya estamos casi en el 80% de las personas trasladadas. Quedan unos 400 y pico”, precisó.

Algunos reclusos permanecerán en el penal hasta después de la visita prevista del papa León XIV, el 11 de noviembre a las 8. La funcionaria explicó que se trata de “un operativo muy fuerte con las cinco fuerzas federales”.

Una vez finalizado el traslado, comenzará otra etapa. “Yo le entrego Devoto al AABE -Agencia de Administración de Bienes del Estado-, sin personas ni mobiliario”, explicó Monteoliva. Según detalló, a partir de ese momento se iniciará el “proceso para definir los usos del suelo, de acuerdo con la normativa porteña y se avanzará con la venta del inmueble”.

“Parte de lo que se obtenga de esa venta será lo que la Ciudad va a recuperar”, señaló, en referencia a la inversión realizada para construir el establecimiento penitenciario en Marcos Paz. Sin embargo, la ministra aclaró que todavía no sabe qué se hará en el predio: “De acuerdo a lo que Jorge Macri planteó, requiere definiciones que se conversarán a futuro, hay muchos actores involucrados sobre la mesa”.

Consultada por LA NACION sobre la posibilidad de que los terrenos se transfieran a la Ciudad en lugar de venderse, la prensa de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) respondió: “Por ahora no hay definiciones”.

Por su parte, el diputado Facundo Del Gaiso (Vamos por Más) aseguró que aún no presentó un proyecto a la Legislatura porque, según sostuvo, ya existe un convenio entre los gobiernos nacional y el porteño que establece que el 65% del predio se destinará a espacio público y el 35% restante a usos urbanos. Sin embargo, ese acuerdo no implica necesariamente que ya estén definidos los usos específicos ni las condiciones para construir: “Nosotros tenemos que poner los indicadores de zonificación. Eso es lo que tiene que venir a Legislatura y va a venir el año que viene”.

De todos modos, no espera que la discusión comience de inmediato: “Para mí hay que ver cómo empieza a ponerse el penal y después se verá”. Aunque, sí aclara que es necesario que el Gobierno termine de acordar con la Ciudad que se realice la demolición: “Si no se va a perder mucho tiempo en un terreno que va a estar abandonado”.

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, aún no saben cuánto demorará la demolición ni quién la llevará a cabo. Sin embargo, señalaron que la manzana no tiene actualmente una normativa urbanística que establezca las alturas y los usos permitidos para una futura obra. Formalmente, el predio está catalogado como Urbanización Futura (UF), una categoría que comprende terrenos públicos ocupados por instalaciones o usos que podrían removerse.

“Hay que cambiarle el uso, que ahora es cárcel. Cualquier cosa que se quiera hacer tiene que pasar por la Legislatura”, explicaron a LA NACION y señalaron que es una situación compleja porque hay partes de la parcela designadas como “espacio de la memoria”.

Según indicaron, la normativa porteña establece que el 66% deberá destinarse a espacio público. Además, señalaron que las calles que rodean el penal están zonificadas como “Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 0”.

Adicionalmente, informaron que la gestión de Jorge Macri destinó alrededor de US$100 millones a la construcción de la cárcel de Marcos Paz. Según indicaron, cuando asumió la actual administración, en diciembre de 2023, la obra estaba paralizada, por lo que fue necesario rescindir el contrato con la empresa constructora y volver a licitar la obra. “Esta gestión la terminó en menos de 18 meses”, señalaron. También calcularon que la administración anterior, que estaba a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, había ejecutado menos del 40% del gasto total previsto.

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