Declaró por primera vez la enfermera acusada por las muertes de bebés: qué dijo

CÓRDOBA.— Por primera vez desde su imputación y detención, que se llevó a cabo el 19 de agosto, la enfermera Brenda Agüero prestó declaración indagatoria en la causa en la que se investiga las muertes sospechosas de al menos cinco bebés nacidos sanos y la descompensación de otros ocho que pudieron sobrevivir. Todo fue en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, donde ella trabajaba desde diciembre del 2020. Dijo ser inocente y no haber tenido ninguna participación en los hechos por los que se la acusa de homicidio agravado reiterado por dos fallecimientos.

Luis Pareja, uno de los abogados de Agüero, dijo a LA NACION que en el hospital había un “sistema generalizado de ocultamiento” y que la mujer, en mayo, le pidió a su jefa que la sacara de Obstetricia por la angustia que vivía. “Estuvo a punto renunciar y volver al Allende [sanatorio a donde ya había trabajado] en marzo o abril de este año. El Fiscal puede ver que presentó de nuevo su currículum y chequear esto con sus compañeras”, agregó.

En otro tramo de la declaración, que duró dos horas y media, refirió que ya el año pasado había casos sospechosos: “Puede ver en el celular secuestrado las fotos que tengo que me envió una compañera con un bebé con tres pinchazos en la mano en forma de V”. Esa fue la declaración de Agüero, según su abogado.

Los abogados de Agüero, Luis Obregón y Pareja, pidieron que se le realizaran las pericias psicológicas y psiquiátricas a su defendida para determinar si es imputable después de haber declarado. La enfermera, de 27 años, sostuvo ante el fiscal Raúl Garzón que es “inocente” y que había advertido a su jefe “inmediato superior” su “preocupación” por las muertes.

Pareja insistió en que la explicación de Agüero para demostrar que “no tiene nada que ver” con las muertes de los bebés es lógica y clara. “Desbarató toda la acusación, que es raquítica, y contó que les había avisado a su jefa y a la delegada del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Viviana Martínez, de su preocupación y que nadie hizo nada. La única prueba que hay es la planilla de horarios de su trabajo que coincide con los días de las muertes y un reconocimiento indirecto”.

Los estudios complementarios a las autopsias de las dos criaturas fallecidas el 6 de junio (cuando otros dos se descompensaron) por los que está imputada y detenida indicaron que el nivel de potasio era “incompatible con la vida humana”.

La potasemia no se produce naturalmente en bebés recién nacidos sanos y de madres sanas, por eso la idea dominante es que el mineral fue suministrado. El exceso de potasio provoca un paro en diástole (es decir, por máxima sedación del corazón).

“Ella niega rotundamente la realización de un contacto físico humano”, subraya Pareja. Ante la consulta de este diario respecto de que hay mamás que aseguran que alzaba a los bebés, el abogado respondió: “Puede haberlo alzado, pero eso no es prueba de homicidio. Ella dependía de Enfermería, de Obstetricia, no de Neonatología”.

La familia de Agüero y sus abogados habían señalado que la mujer no tenía nunca contacto con las criaturas. Pero algunas de las madres que son querellantes en la causa afirmaron que la habían reconocido, y contaron que habían estado en contacto con sus hijos. El abogado insistió en que esos testimonios no la hacen culpable.

Pareja agregó que “alguna vez” Agüero avisó a su “jefe inmediato de Enfermería” la “preocupación” que le provocaba la serie de muertes. Pareja no identificó públicamente quién es esa persona pero sí aclaró que no se trata de ninguna de las tres profesionales imputadas en la causa por omisión de cumplimiento de deberes de funcionario público.

Ellas son Liliana Asís, exdirectora del Hospital Materno Neonatal, desplazada del cargo por la Provincia, y de las exdirectoras de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Luisa Morales.

¿Por qué entonces no recurrió a la Justicia? “Porque le faltaron elementos —dijo Pareja—. Lo mismo habría que preguntarle, al menos, a medio hospital”. Insistió en que a Agüero le llamaba la atención las “complicaciones inmediatas” que tenían los bebés y que desembocaron, en al menos cinco casos, en muertes.

En el caso de los otros tres fallecimientos —el 18 de marzo, el 23 de abril y el 23 de mayo—, el fiscal Garzón analiza con su equipo los estudios científicos ampliatorios de sus historias clínicas porque no hay autopsias. Si necesitara ordenar una exhumación —un procedimiento por demás doloroso para las familias—, debería tener la certeza de que una necropsia aportaría datos concretos.

Ayer por la tarde, horas antes de este día clave para la investigación, se realizó una nueva marcha pidiendo justicia por las muertes. Esta vez fue en pleno centro de la ciudad (las anteriores se realizaron en la puerta del Materno Neonatal y una frente a la casa de Gobierno). Globos blancos y un cartel que atravesaba la calle con la leyenda “Justicia por los bebés del Neonatal” fue la identificación de los participantes.

También apuntaron contra el Gobierno de Córdoba y señalaron que “no solo el exministro de Salud, Diego Cardozo, es responsable”. Cardozo renunció al cargo hace diez días. Si bien ordenó una investigación administrativa interna no fue a la Justicia. Ahora, en paralelo a la causa principal, hay otra que averigua por qué si un fiscal conoció en mayo, a través de una reunión, de la existencia de tres fallecimientos, no impulsó un proceso.

Por Gabriela Origlia

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