El Congreso aprobó la ley de obesidad

La prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad, la bulimia y la anorexia serán cubiertos por los planes médicos de obras sociales y firmas de medicina prepagas, según la ley sancionada ayer por unanimidad en el Senado. La norma ya despierta críticas de las empresas privadas de medicina que cuestionan los mayores costos que implicarán estos tratamientos.

En el país no existen cifras oficiales sobre casos de bulimia y anorexia. Sólo se sabe que la Argentina se ubica segunda en la incidencia mundial de esos trastornos, sólo superada por Japón. Según el texto que terminó convirtiendo anoche en ley la Cámara alta, la cobertura abarca todos los tratamientos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y las prácticas para una atención multidisciplinaria e integral de esos trastornos que adquieren así categoría de enfermedad.

Sin embargo, dependerá de la reglamentación de la ley si esa cobertura incluirá intervenciones como los distintos tipos de cirugía bariátrica (ver aparte). Además de incluir la cobertura de estos trastornos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), la norma sancionada ayer también establece directivas para combatir esas patologías desde el punto de vista cultural.

Así, el texto que ahora deberá reglamentar el Poder Ejecutivo, obliga al Estado, por medio del Ministerio de Salud, a impulsar programas de información en materia de nutrición y salud alimenticia. También se regulan otros aspectos no menos importantes de esa problemática, como evitar la instalación de una cultura de la delgadez como norma de vida. Al respecto, la ley propone que su reglamentación contenga controles a las publicidades sobre ropa y moda, prohíbe la participación de menores de 21 años en los avisos de productos para bajar de peso y la obligación de que todo método para adelgazar esté respaldado por un especialista médico o por un nutricionista.

La senadora Haidé Giri (PJ-Córdoba), titular de la Comisión de Salud, opinó: "Ninguna de estas enfermedades es ajena a la oferta cultural de nuestra sociedad, relacionada con el modo de alimentación". Por su parte, el radical Alfredo Martínez (Santa Cruz), reconoció la poca importancia que tiene el tratamiento de este tipo de alteraciones de la alimentación. "Se trata la obesidad como un tema estético y es una enfermedad cuyas consecuencias son tremendas para quien la sufre", afirmó.

El proyecto también contempla la aplicación de programas tendientes a combatir la discriminación contra quienes padecen obesidad. En ese sentido, la ley considera un hecho discriminatorio la negativa a aceptar el tratamiento de cualquier trastorno relacionado con ella.

La legisladora también defendió la permanencia en la ley de algunas de las cláusulas sancionadas por el Senado en noviembre pasado, entre ellas, la insistencia en incluir a la bulimia y a la anorexia en los alcances de la norma ("no podemos hacer una ley por cada patología", afirmó), y en eliminar la obligación para la Administración de Prestaciones Especiales, dependiente del Ministerio de Salud, de cubrir las mayores erogaciones ocasionadas por la cobertura integral de estos trastornos. Ambos cambios habían sido introducidos en el proyecto en su paso por la Cámara de Diputados, en junio último.

La única modificación aceptada fue la inclusión de la leyenda "El consumo excesivo es perjudicial para la salud" en la promoción pública de alimentos con elevado contenido calórico y pobres en nutrientes, similar a la que se coloca en los paquetes de cigarrillos y en los envases de bebidas alcohólicas. Al respecto, la Cámara baja había eliminado de ese artículo la mención a productos con azúcar, ante el reclamo de las provincias que la producen, lo cual también fue aceptado por el Senado.

"Estábamos llevando adelante una campaña en contra de la producción del azúcar y nos dimos cuenta de la diferencia entre productos químicos y naturales", explicó el radical Martínez. La ley también regula la venta de "comida chatarra" en instituciones educativas, al establecer que deberán ofrecerse productos que "integren una alimentación saludable y variada". Alcanza a los quioscos y a las máquinas expendedoras.

• El Senado aprobó ayer un proyecto de ley que obligará a los medios de comunicación a prestar, de manera gratuita, sus señales para la difusión de anuncios sobre la búsqueda de niños desaparecidos. Al respecto, la senadora Sonia Escudero (Salta), destacó la importancia de esta sanción al afirmar que "de la mano de este tema siempre vienen ligados delitos aberrantes". El texto aprobado es una modificación a la ley de Radiodifusión, que ya contemplaba una cláusula en este sentido para el caso de personas extraviadas, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.

Por Gustavo Ybarra

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