El primer protocolo nacional contra el acoso escolar prevé un registro de casos y perseguir los ‘deepfakes’ y otros abusos con IA

VALENCIA.- La ministra de Educación española, Milagros Tolón, presentó el miércoles ante el Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar el primer protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso para toda España. El protocolo, que incluye un procedimiento para responder de la misma forma a las situaciones de acoso en todo el país, permitirá crear un registro común de los casos de acoso (desglosados en sus distintas manifestaciones) con el objetivo de mejorar el diseño de medidas para combatirlo, e incluye varias novedades.

Incorpora la respuesta a nuevas formas de acoso derivadas del uso de la IA generativa, como los deepfakes. Y prevé que los centros educativos se dirijan directamente a organismos públicos especializados, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Agencia Española de Protección de Datos para recibir “asesoramiento técnico y legal” y para lograr “la retirada de contenidos sensibles publicados en internet sin consentimiento”.

La propuesta de protocolo será elevada próximamente al pleno del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, un organismo integrado por representantes del profesorado, los estudiantes, las familias y las comunidades autónomas. Allí será aprobado, salvo sorpresa, por asentimiento, apuntan fuentes del organismo, ya que la cuestión se vino trabajando tanto con los representantes de la comunidad educativa como con los ejecutivos autonómicos. “No es un documento más, es una hoja de ruta para actuar mejor, antes y con más garantías”, afirmó la ministra.

La comunidad educativa recibió el planteamiento del ministerio de forma favorable, aunque con matices. “Mejorar los protocolos y avanzar hacia un modelo común para todo el Estado es positivo. Pero al final todo recae en los docentes. Las conductas autolesivas, la xenofobia, los casos de acoso… Y sin estructuras de apoyo suficiente, como unos equipos de orientación suficientemente dotados, y los recursos necesarios, este acuerdo puede ser papel mojado”, advierte Ramón Carrillo, representante en el Observatorio del sindicato STES. Tolón señaló que el nuevo protocolo se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno, dirigida a potenciar el bienestar emocional en los centros, para lo que, de entrada, el ministerio va a duplicar la financiación del programa que tiene con dicho fin, pasando a aportar 10 millones de euros.

Los casos de acoso escolar, especialmente los más dramáticos, como el suicidio de la Sandra, de 14 años, el pasado octubre en un colegio de Sevilla, sacuden regularmente España. A pesar de ello, y de la reclamación de las asociaciones de familiares de víctimas, el país carece de un marco común de actuación. Un déficit que, según los expertos, provoca diferencias en las medidas y los tiempos de respuesta ante este tipo de agresiones. Y genera lagunas de información homogénea, dificultando el diagnóstico del problema y la evaluación de las medidas adoptadas para combatirlo. La explicación de esa heterogeneidad ―vacío no hay; todas las comunidades autónomas cuentan desde hace tiempo con sus propios protocolos― es, de un lado, que las competencias de organización escolar están transferidas a las autonomías, y, del otro, un déficit histórico de liderazgo del Ministerio de Educación en la materia (hace 10 años, su entonces titular, el popular Íñigo Méndez de Vigo, anunció la creación de un registro estatal de casos) que ahora se quiere corregir.

Aplicación

El protocolo presentado este miércoles no será, por ello, de aplicación automática en los centros educativos, ya que el Gobierno carece de la capacidad para imponerlo. Pero ejemplos anteriores ante otros retos graves, como los protocolos sanitarios para prevenir los contagios de covid en los centros educativos, demostraron que un sistema educativo cuasifederal como el español puede adoptar medidas de forma armonizada eficientes (el país se convirtió en una referencia en la OCDE en la forma de reabrir las escuelas durante la pandemia). Entonces, los protocolos sanitarios escolares de, por ejemplo, Baleares y Galicia no eran idénticos, pero compartían sus puntos nucleares, y la esperanza del ministerio es que ahora pase lo mismo.

La tardanza en establecer un marco común ―que expertos y observadores consideran incomprensible dada la magnitud del problema― tiene diversas causas. El Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar, el órgano sobre el que de forma natural debía recaer la misión, se creó en 2007, en la primera legislatura del Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En la década siguiente, sin embargo, marcada por los recortes en educación que siguieron a la crisis financiera, y ya con los gobiernos populares que presidió Mariano Rajoy, la actividad del organismo decayó hasta el punto de que hacia el final de la década, con el PSOE otra vez en el ministerio, fue necesario aprobar nueva normativa, dado que la vigencia de los nombramientos de sus vocales había expirado sin ser renovados. Desde entonces, la actividad del organismo se ha reanudado progresivamente. Y además de financiar estudios, publicar guías y organizar congresos, elaboró el protocolo presentado este miércoles. El documento está basado, además de en la evidencia disponible y las guías internacionales, en ejemplos de buenas prácticas que ya se dan en las comunidades autónomas, entre las que suelen considerarse especialmente avanzados territorios como La Rioja o Cataluña.

El protocolo estatal plantea una serie de pautas de actuación resumidas en ocho pasos, que comienza con el deber de cualquier miembro de la comunidad educativa (o de “agentes externos como servicios sociales”) de comunicar inmediatamente a la dirección del centro cualquier situación de acoso que conozca. Los pasos siguientes, que incluyen la adopción de medidas cautelares, la recogida de información y evidencias, el análisis y toma de decisiones, las notificaciones (a las familias, por separado, en menos de 24 horas, y también: a la consejería, a la inspección educativa, a un registro oficial, a los recursos especialidades, a la Fiscalía si hay indicios de delito…), la elaboración de un plan de intervención (en un máximo de 10 días), el seguimiento y evaluación del caso (durante un mínimo de seis meses) y, finalmente, el cierre del expediente, no implica grandes novedades respecto a lo que ya tienen regulado, en general, las comunidades autónomas.

Agresiones viralizadas

Se añade, sin embargo, la novedad de que los centros podrán recabar ayuda de organismos con conocimientos técnicos que escapan a lo que manejan los colegios e institutos, como la Agencia de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad. O el hecho de que, a la hora de determinar que efectivamente se trata de un caso de acoso ―para lo que normalmente deben darse simultáneamente varios criterios―, en el caso del ciberacoso “la repetición o persistencia” no siempre sea necesaria, pudiendo bastar “un único acto viralizado”. El protocolo plantea que los centros presten especial atención al alumnado que, según la evidencia, sufre con más frecuencia el acoso, como el extranjero, perteneciente a minorías étnicas, LGTBI o con discapacidad. Y apuesta por mejorar la formación de los profesores en la materia y crear recursos comunes que puedan utilizar todas las escuelas e institutos.

El enfoque de la guía de actuación, destacó Tolón, es restaurativo. Es decir, que no solo protege a la víctima y castiga al agresor, sino que trata de que el acosador reconozca el daño causado, “comprenda el impacto real de sus acciones en la víctima” y trate de repararlo. Y plantea una estrategia preventiva que trata de instaurar en los centros la llamada “cultura de la paz”, involucrando a los jóvenes y a sus familias en la creación de un clima de empatía, y llevando a cabo actuaciones conjuntas con instituciones y colectivos sociales de la zona donde está ubicado el centro escolar. Nuria Manzano, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, experta en acoso escolar, considera relevantes muchos de los puntos que incluye la propuesta. Y añade que, en su opinión, debería ir acompañado “de una campaña explicativa y de sensibilización a la población, para desmontar creencias limitantes y prejuicios que tienen incluso los padres”.

© Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, S.L.U.

Por Ignacio Zafra

EL PAIS@Ediciones El Pais, S.L.U.

• Bullying

---

Conforme a

Bullying

Entrá a la guía de Fundación La Nación y encontrá los tips de los expertos sobre cómo prevenir, actuar y encontrar ayuda frente a este problema

IR A LA GUÍA

“Quiero que sepan cuánto me dañaron”. Juana sufrió bullying extremo y antes de dejar su colegio leyó una carta demoledora ante el curso

Sol, mar y arena. Evangelina Anderson mostró sus looks de playa en Miami: trajes de baño estampados, pañuelos y joyas

Más casos. “Es la máxima presión que se pueda imaginar”: cómo es atender 1405 intentos de suicidio de menores en un año