Fertilización asistida: lograron ser padres con ayuda de Defensa del Consumidor

Betiana Desimone tenía un sueño: ser mamá. Un deseo como el de muchas otras mujeres, pero, en su caso, caro y complicado. Betiana está casada con Gabriel Domínguez desde hace siete años y conviven hace doce. Después de muchos exámenes médicos, confirmaron que no podían concebir en forma natural y que debían realizar un tratamiento de reproducción asistida. Allí comenzaron un largo proceso para lograr ser padres.

Recorrieron distintos médicos, hospitales, clínicas, obras sociales y organismos gubernamentales, que en lugar de ayudar, sumaban nuevos obstáculos para la pareja. Probaron todos los caminos. Querían tener un hijo y estaban dispuestos a todo para conseguirlo.

Finalmente recurrieron, como último recurso, a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio. El organismo logró que, tras una audiencia entre las partes, la empresa de medicina prepaga cubriera el 100 por ciento de los gastos y medicamentos de todos los tratamientos de fertilización in vitro que el matrimonio decida realizar. Pasaron siete años desde que comenzaron este camino, hasta que pudieron tener a Sofía en sus brazos.

Es el primer reclamo de este tipo del que tienen registro, en esta gestión, en Defensa del Consumidor. Fernando Blanco Muiño, director nacional del organismo, dice que “en promedio, el 76% de los reclamos se resuelven a favor del consumidor, aunque depende de la jurisdicción”.

A Betiana y Gabriel les costó un tiempo definir cuál era el problema por el cual no podían concebir. Una vez identificada la causa, supieron que el método que los ayudaría a lograr el embarazo iba a ser una fecundación in vitro.

Es una técnica de reproducción asistida en la que se busca formar un embrión en laboratorio, con el óvulo y el espermatozoide, para luego implantarlo en el útero de la madre. Es un procedimiento definido como de alta complejidad. A partir de la ley 26.862, sancionada en julio de 2013, el estado garantizó “el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida” para toda persona mayor de edad.

Cuando Betiana supo que el Estado cubría este tipo de intervenciones, se acercó al Hospital de Clínicas. “Pero cuando fui saltó en su base de datos que yo tenía obra social de empleado de farmacia y me explicaron que quienes tienen obra social, deben acercarse a las empresas para realizar el tratamiento”, cuenta Betiana, que además aclara que está de acuerdo con que así sea.

Betiana ya se había contactado con su obra social y la respuesta la había dejado perpleja: “Me dijeron que me cubrían un tratamiento, pero con espermas de un banco de espermas”. Ellos querían un hijo de los dos, no un hijo de un donante anónimo, su obra social no iba a ser la solución.

Decidieron probar con Galeno, que era la empresa de medicina prepaga de Gabriel. Tampoco fue sencillo. Primero les explicaron que los dos debían tener la misma obra social para que la empresa cubriera el tratamiento. Decidieron derivar los aportes de Betiana y ella pasó a ser afiliada de Galeno también. Luego, tuvieron que pasar diez meses para poder comenzar el tratamiento.

Cuando lograron la autorización del procedimiento de fertilización in vitro, les dijeron que la empresa les cubría todo menos la medicación y debían pagar un 40% de los medicamentos. “Con la ignorancia, y el deseo de ser padres lo pagamos” cuenta Betiana.

Ella es empleada farmacéutica y Gabriel trabaja en un comercio. Son de Lanús. “Alquilamos y vivimos al día”, dice Betiana sobre su situación económica. Explica que tuvieron suerte porque ambos consiguieron un adelanto de aguinaldo y de sueldo en sus respectivos trabajos.

Ese tratamiento, en julio de 2015, fracasó. En octubre, hicieron un nuevo intento con los embriones que habían quedado fecundados y congelados del tratamiento anterior. Le implantaron a Betiana los embriones junto con una nueva ola de ilusiones. Pocos días más tarde, les confirmaron otro resultado negativo. Más malas noticias, más dinero perdido, pero mayor el deseo de tener un hijo. En diciembre de ese año, un amigo de la pareja, que trabaja en una empresa de medicina prepaga, les explicó que la empresa debía hacerse cargo del costo total del tratamiento, incluso de los medicamentos.

Con mayor conocimiento del tema, en 2016, se contactaron primero con la Superintendencia de Servicios de Salud, donde no obtuvieron ningún resultado concreto. Luego, Betiana llamó a Defensa del Consumidor, al área de Consumo Protegido (Coprec), que es un sistema gratuito de resolución de conflictos que propone una instancia conciliatoria prejudicial entre los proveedores y los consumidores.

En ese momento, cambió la suerte y todo comenzó a encarrilarse. En 48 horas le respondieron su llamado y le asignaron un abogado, Franco Camilletti. A los 20 días, citaron a las partes a una audiencia y el conflicto quedó solucionado en esa misma reunión. “Yo recuperé mi plata y la satisfacción de que un organismo público me haya ayudado”, dice Betiana.

En el documento resultante de la audiencia, Galeno se comprometió a devolverle en el lapso de 72 horas todos los gastos incurridos por el tratamiento anterior y a cubrir, de ese día en adelante, todos los tratamientos de la pareja. LA NACION intentó comunicarse con la empresa pero dijeron que no harían declaraciones.

En octubre comenzaron un nuevo tratamiento de alta complejidad y finalmente llegó el resultado positivo. Las buenas noticias vinieron todas juntas en 2016 para los Domínguez. Betiana disfruta hoy cada segundo de la vida de Sofía. “Ahora extendí mi licencia hasta diciembre sin goce de sueldo, la quiero disfrutar todo lo que pueda”, asegura.

Pero los planes para extender la familia están latentes y no se quieren demorar. Actualmente, Galeno se hace cargo de los gastos para cubrir el mantenimiento en frío de los embriones que la pareja dejó congelados para un próximo intento. Betiana ya cumplió 40 y esperan poder empezar el próximo tratamiento el año que viene, cuando Sofía cumpla un año. “Sofía es lo mejor que tengo, ella es todo, ya va a llegar un hermanito”, dice Betiana.

El Dr. Gustavo Botti, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina reproductiva (Samer), dice que “un 15% de las parejas tienen problemas para quedar embarazadas en forma natural”.

Debe pasar un año de intentar concebir sin éxito, para que se pueda dar un diagnóstico de infertilidad. El Registro Argentino de Fertilización Asistida (RAFA) lleva cuenta, desde 2004 hasta 2014, de 62.961 ciclos iniciados de procedimientos de fertilización in vitro.

Por Lucrecia Lacroze

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