FUBA: investigan los contratos para hacer fotocopias de los últimos 16 años

Aún siguen los coletazos por la disputa de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). En el medio de las elecciones, que se caracterizaron por resultados muy reñidos y por las tomas de varias facultades, el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó con una investigación para determinar las irregularidades que hubo en esa federación durante la presidencia en conjunto del Partido Obrero (PO) y La Mella (kirchneristas).

Así se descubrió que la exconducción de la FUBA se encargó de concesionar las fotocopiadoras de las sedes del ciclo básico común (CBC) a empresas privadas, que le pagaban un canon mensual que, explicaron fuentes académicas, genera dudas por el bajo monto. En total, según los documentos a los que tuvo acceso LA NACION, son 10 las concesiones que hay entre fotocopiadoras y bares. Todas ellas le aportaban a la conducción anterior $323.100 por mes, es decir, $3.877.200 por año. Una cifra mucho menor de lo que ingresa.

En promedio, un alumno del CBC gasta cerca de $300 por materia. El ciclo, que tiene 50.000 alumnos nuevos por año, se compone de seis materias, lo que significaría $1800 por estudiante por año.

De todos modos, el Rectorado de la UBA decidió que los contratos se mantengan de forma precaria hasta fin de este año.

La particularidad es que en las concesiones aparecen nombres y firmas de diferentes referentes de la saliente conducción de la FUBA, en especial del miembro del PO, Julián Asiner. Tal es el caso de uno de los contratos para la sede Drago, donde Asiner selló un acuerdo con Fabián Novello, que según su inscripción en la AFIP se dedica al rubro en cuestión. El convenio fue firmado por Valentín Serrano, en representación de Asiner. Serrano es uno de los estudiantes de Sociología que en junio pasado denunció a la "patota" del Rectorado cuando sostuvo que había un presunto "fraude" en la convalidación de la conducción reformista de la FUBA.

En otro contrato al que accedió este medio, pero para la sede San Isidro, se cumplió la misma operatoria con Carlos Juncos, un empresario también del rubro. El canon que se estableció fue de $27.000.

Una alta fuente del kirchnerismo universitario se mostró suspicaz sobre las concesiones: "Por un lado dicen no presentar balances porque no son burócratas, pero por otro firman contratos con terceros para hacer negocios particulares. Y, por lo que vimos, es en contra de los intereses de los estudiantes".

"Veinticinco mil pesos mensuales por un local que vende eso en un día es una estafa a la comunidad educativa. Es claro que el grueso del canon lo facturaban en negro. Ahora será la Justicia la que tenga que investigar. Asiner debería dar muchas explicaciones", agregó esa fuente.

"La conducción anterior, que denuncia que ahora hay un intento de privatizar la educación pública, fue la primera en tomarla como tal. Por eso la FUBA busca ser la representación gremial de los estudiantes y no una forma de financiar la política fuera del ámbito académico", manifestó el consejero superior por el alumnado, Ezequiel Marin.

En la Justicia también se esperan novedades sobre una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. El fiscal federal Guillermo Marijuan investiga el presunto desvío de fondos de aquella conducción de la FUBA entre 2002 y 2018.

En esos 16 años no presentaron balances de las cuentas ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Consultados por LA NACION, desde ambos espacios sostuvieron que dicha presentación carece de sentido porque "los socios de Franja Morada" son los que están a cargo ahora de la FUBA.