Interrogantes de una polémica

P.- ¿Por qué ahora se dio marcha atrás?

R.- Según el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aclaró que no es preciso "intervenir" en la importación de libros y revistas que lleguen al país bajo el régimen courier o de envíos postales, "siempre que ingrese para uso o consumo del destinatario y su finalidad no sea la comercialización".

P.- ¿Cuál es la resolución?

R.- La resolución 453/2010 obliga a certificar que las tintas que se utilicen en productos gráficos no contengan "más de 0,06% de plomo", por lo que la mercadería quedaba retenida en la Aduana. El objetivo oficial es resguardar la "seguridad de la población" mediante "mecanismos de control tendientes a eliminar los peligros derivados del uso de tintas con altos contenidos de plomo en productos gráficos".

P.- ¿A quiénes afectaba?

R.- A particulares que traían por courier ; por ejemplo, un libro comprado por Internet ya no llegaba más a la puerta de su domicilio, sino que debían ir personalmente a Ezeiza, al área de cargas y retirarlo allí. Además, no puede ser más utilizado por editoriales o librerías para envíos que no superen los 50 kilos ni tengan un valor superior a 1000 dólares.

P.- ¿Qué es un courier ?

R.- Son empresas globales que brindan un servicio de correo y encomienda hasta la puerta del domicilio. Las más importantes son DHL, UPS y Fedex.

P.- ¿A quiénes no afectaba?

R.- La normativa no afectaba las transacciones de libros y materiales impresos de grandes volúmenes, dado que esas importaciones se realizan a través de containers en la posición arancelaria 4901, distinta a esta normativa.

P.- ¿Cómo surgió la norma?

R.- Frente a la importación de libros el Gobierno habría cedido a un pedido de la Federación Argentina de la Industria Gráfica para proteger de las importaciones al sector. Este argumento no estaba incluido en la norma por la cual se frenó abruptamente el ingreso de libros y publicaciones.

P.- ¿Qué reacción provocó?

R.- La medida generó una avalan cha de quejas y reclamos en las redes sociales por lectores y editores que no podían recibir ni comercializar una publicación proveniente del exterior. También hubo una declaración del grupo de intelectuales Plataforma 2012, que se refirió con ironía acerca del cuidado de la salud pública que perseguía la normativa.