Investigan a un juez por presunto cohecho

LA PLATA.– Un juez de garantías de esta capital, investigado en una causa judicial por un presunto pedido de dinero para favorecer la situación legal de un procesado, replicó haber sido objeto de escuchas ilegales por parte de otro magistrado.

El profesional investigado es César Melazo, titular del Juzgado de Garantías N° 2, que ayer y antes de tomarse cinco días de licencia pidió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense ser juzgado por un tribunal de enjuiciamiento a magistrados.

Melazo denunció que su teléfono fue “ilegalmente” intervenido por un juez “incompetente”. Se refirió al juez de garantías N° 3 de esta ciudad, Néstor De Aspro, que hizo lugar a la intervención de los teléfonos celulares y del domicilio de Melazo y de su teléfono oficial, en la causa N° 5632.

Fuentes del juzgado N° 3 informaron a La Nacion que “Melazo está comprometido en esta denuncia por un presunto pedido de dinero para favorecer la situación de un procesado”. Y dijeron que en el curso de esta investigación las escuchas constituyen una medida probatoria “regular”.

Melazo no es el único funcionario judicial denunciado por presunto delito en la administración de justicia; en la misma causa se investigaría además al fiscal Carlos Gómez, que actuó junto con el juez de garantía, en la detención de una banda de cuatreros. También, a varios policías involucrados en el procedimiento que llevó a las detenciones.

La denuncia fue radicada ante la Policía Judicial de la Procuración por el abogado de Raúl Onorato, un procesado a disposición de Melazo.

El procesado

Onorato se encuentra en prisión preventiva por asociación ilícita, adulteración y uso de instrumento público, fraude a la administración pública y encubrimiento.

La organización cayó el 31 de mayo último, e involucró a nueve personas, entre ellas un policía federal, un funcionario del Senasa, un empleado de la Municipalidad de Ezeiza y rematadores de hacienda.

La Policía Judicial derivó la investigación que involucra al juez Melazo a la Unidad Funcional de Investigaciones N° 5 de Quilmes, a cargo de Ricardo Maidana.

En el curso del sumario, Maidana pidió las escuchas en los teléfonos de Melazo a De Aspro, el 23 de agosto último. Este accedió y la intervención la hizo la SIDE. El sábado último, Melazo interpuso una acción de hábeas data ante el juez de garantías N° 1, Guillermo Atencio, ante la sospecha de que sus teléfonos estaban intervenidos.

El juzgado le dijo que De Aspro había ordenado las escuchas. Melazo reaccionó. Y en un escrito presentado ante la Suprema Corte de Justicia afirmó: “Es absurdo que un magistrado en ejercicio pueda ser objeto de medidas de coerción procesal, si paradójicamente ni siquiera puede ser indagado por sus pares”. Y agregó: “Un juez no puede intervenir telefónicamente a otro para probar delitos”. El juez De Aspro dijo a La Nacion: “No hay impedimento de rango constitucional para ordenar la medida probatoria, a la que hice lugar”.

Flavio Gliemmo, abogado del magistrado investigado dijo La Nacion que un juez de la provincia sólo puede ser juzgado por un tribunal de enjuiciamiento de magistrados.

Y agregó que a partir del pedido de Melazo la Procuración de la Suprema Corte tendrá cinco días para evaluar si hay pruebas suficientes para determinar si inicia un jury o no.

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