Juicio para uno de los mayores casos de narcotráfico

En medio de denuncias de irregularidades por parte de los abogados defensores, comenzará mañana el juicio oral y público contra nueve colombianos, un uruguayo y un argentino procesados por el contrabando de 1030 kilos de cocaína.

La droga fue decomisada el 7 de marzo de 1995 en un campo del departamento El Recreo, en la provincia de Catamarca, durante un operativo conocido como Café Blanco.

No se trata de un caso más de drogas, sino que tiene la particularidad de haber sido el que lideró el récord de secuestros hasta comienzos de este año, cando se encontraron 1700 kilos de cocaína en la operación Strawberry.

Abogados de los acusados y familiares de uno de ellos, el piloto GuillermoSosa, denunciaron que en el secuestro habría participado un agente encubierto o informante, que no aparece como tal en el sumario, y que luego se transformó en uno de los prófugos de la organización.

Se trata de Mario Alvarez, a quien catalogaron como un estafador de poca monta que se convirtió en el contacto local de los colombianos para comprar los campos de Santiago del Estero y Catamarca, desde donde se planificó la llegada de la droga.

Carlos Sosa, el hermano del piloto, denunció en un reportaje publicado por La Nación que Alvarez llegó a estar preso, con las esposas puestas, y luego escapó.

Pero esto fue negado por el jefe de los investigadores policiales del caso, comisario Mario Naldi, retirado tras una lluvia de denuncias en su contra.

El juicio se desarrollará en el asiento del grupo Albatros de la Prefectura Naval, situado en Corrientes 150, Olivos.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín, integrado por Augusto Díaz Ojeda, Alejandro de Korvez y Angela Ester Ledesma.

La acusación correrá por cuenta del fiscal Carlos Cassani y de Jorge Cica, que participó en la investigación de la causa.

Los procesados son los colombianos José Guillermo Camargo Salamanca, Humberto Niño, Manuel Cardona Méndez, Ricardo Delgado León, Guillermo Javier Martínez García, Armando Sanabria Monroy, Fabio Nel Sanabria Castillo, Gilberto Acuña Delgado y Simeón Soto.

También estarán entre los acusados el uruguayo Enrique Julio Villalba Yaco y el piloto argentino Ricardo Guillermo Sosa.

Los abogados defensores tratarán de atacar la forma como se investigó el caso. Víctor Stinfale, que patrocina a José Guillermo Camargo Salamanca, considerado el jefe de la operación, anticipó, en diálogo con La Nación , que su estrategia, compartida con la defensa de los restantes colombianos, consistirá en tratar de probar que Alvarez fue lo se denomina un "agente provocador". Es decir, un infiltrado que encargó a Colombia el embarque de la cocaína para posibilitar su secuestro. Intentarán demostrar que el cargamento fue financiado con dinero de las arcas del Estado y, más aún, Stinfale dijo que está convencido de que el cargamento de cocaína que llegó era de 2000 kilos, de los cuales la mitad desapareció.

En caso de probar que Alvarez, actualmente prófugo, actuó como provocador, un fallo de la Corte del año 1995 avala su argumentación para que el proceso sea declarado nulo.

Eduardo Zito, otro de los letrados que defenderán a Humberto Niño, comentó que, a su juicio, la causa es "una confabulación de Alvarez y personal de la Policía Bonaerense para perjudicar a los colombianos".

Según su hipótesis, se trató de una "mexicaneada" donde desaparecieron unos mil kilos de cocaína.

Los fiscales no sólo rechazaron esas imputaciones, sino que defendieron la transparencia del procedimiento.

Cica aseguró que lo que consta en el sumario es la realidad del operativo y enfatizó que Alvarez es un prófugo de la Justicia, que no actuó ni como agente encubierto ni como informante.

A pesar de la cerrada negativa, en la fiscalía aseguran que aun admitiendo este hecho como hipótesis, esto no invalidaría la causa, porque Alvarez tenía, según los acusadores, un papel secundario en la organización, pues era el nexo local encargado de la logística y no tenía poder para asumir toda la operación.

Funcionarios judiciales habrían mantenido reuniones reservadas con algunos de los colombianos para una posible negociación de información a cambio de la protección de su identidad y de un cambio de vida en los Estados Unidos.

Pero el canje se frustró. Algunos de ellos negaron su relación con el narcotráfico; otros temen morir o que sus hijos sean asesinados por el Cartel de Cali.

El decomiso de los 1030 kilos de cocaína en marzo de 1995 comenzó a gestarse dos años antes. El 12 de marzo de 1993, el por entonces comisario Mario Naldi aportó al juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, el dato acerca de la organización del envío de Colombia a la Argentina.

Distintas fuentes policiales aseguran que Naldi le llevó el operativo a la Policía Federal, pero la fuerza prefirió no participar hasta que el policía consiguió el financiamiento necesario para llevar adelante la operación con la ayuda de la SIDE.

En el sumario, Naldi declaró que recibió la información mediante la llamada de una mujer, identificada desde las primeras fojas de la causa como María. Esta misteriosa dama, que se comunicó más de media docena de veces con la Brigada de San Martín, dio la identidad de los colombianos, las fechas de su arribo al país y los números de teléfonos fijos y celulares con los que se manejaban.

A partir de los datos de la inverosímil María, la causa avanzó y se dispusieron seguimientos y escuchas. La organización, por intermedio del Argentino Mario Alvarez, compró el campo Palo Blanco, en ElRecreo, cerca del límite entre Santiago del Estero y Catamarca, con una pista de aterrizaje, y alquiló una finca en Ascochinga, un lugar cercano.

Los preparativos demoraron dos años, pero sorpresivamente los colombianos abandonaron el país en diciembre de 1994 y dejaron a MarioAlvarez custodiando la infraestructura que habían montado. Hasta que en enero de 1995 regresaron en distintos vuelos.

Finalmente, el 6 de marzo de 1995, una de las comunicaciones radiales reveló que el cargamento de la droga estaba en vuelo hacia Palo Blanco.

El campo ya estaba repleto de agentes de la SIDE y de la Policía Bonaerense, que, escondidos en la torre de la antena de radio, seguían los pasos de los sospechosos. Los policías allanaron los lugares vigilados y arrestaron a los colombianos. Tras una intensa búsqueda, encontraron la droga bajo tierra.

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