La Corte Suprema dejó libre a Grosso

Carlos Grosso recuperó ayer la libertad después de 208 días de prisión. Y consiguió lo que quería: que un fallo de la Corte Suprema de Justicia afirmara que las acusaciones en su contra no tienen suficiente fundamento.

La llamada mayoría automática de la Corte -Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano- consideró arbitraria la prisión preventiva por asociación ilícita del primer intendente porteño del gobierno de Carlos Menem y asesor de la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá. Los ministros Carlos Fayt y Augusto Belluscio votaron en disidencia y Enrique Petracchi no votó.

En una brevísima sentencia, el máximo tribunal criticó el uso de la figura de asociación ilícita para encerrar a funcionarios acusados de corrupción, en la misma línea de razonamiento que desarrolló el año último en el fallo que devolvió la libertad al ex presidente Menem y a su ex cuñado Emir Yoma, que habían sido acusados de liderar y manejar una organización criminal dedicada al tráfico de armas.

La Sala VII de la Cámara del Crimen había revocado por cuarta vez, el 15 de marzo último, el sobreseimiento definitivo de Grosso en la causa en la que desde 1991 se investigan presuntas irregularidades en la licitación del Golf-Velódromo de Palermo.

Imprevistamente, un mes y nueve días después, luego de una apelación presentada por el fiscal Pablo Lanusse ante la Cámara, Grosso se presentó en el despacho del juez de instrucción Eliseo Otero y le dijo que quería que revocara su caución de 20.000 pesos y que lo dejara preso.

En una carta que entregó entonces a LA NACION explicó que se presentó voluntariamente ante la Justicia "ante crecientes rumores en ámbitos políticos y judiciales" de que ordenarían su detención, "para demandar que se haga justicia y se termine una etapa de ignominia jurídica e injusta condena social".

El 24 de abril último Grosso quedó alojado en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, donde ayer a la mañana su defensor, Roberto Vald, le comunicó que anteanoche la Corte había revocado su prisión preventiva.

La notificación del alto tribunal llegó al estudio jurídico del abogado del ex funcionario a las 22.45. Pero como Grosso tenía el teléfono celular apagado pasó la noche en vela y sólo confirmó ayer la noticia que esperaba desde hacía meses.

Luego, todo fue muy rápido. Vald y su socio Nicolás Maciel pidieron al juez Otero la excarcelación de Grosso y lograron que no demorara más de un par de horas el envío del expediente de la Corte a la Cámara y de la Cámara al juzgado. Poco después de las 14 el magistrado dictó la falta de mérito del ex intendente y ordenó su inmediata libertad.

Grosso dejó la intendencia porteña en 1992 en medio de una catarata de denuncias por corrupción. "Yo el costo político me lo banco, pero el judicial no", aseguró. Desde entonces enfrentó 40 causas penales, de las cuales sólo la de la licitación del Golf-Velódromo y otras tres siguen abiertas.

La buena suerte de Grosso en los Tribunales comenzó a cambiar a fines de la década pasada. El juez de instrucción Ricardo Farías lo procesó en 1998 por defraudación a la administración pública y violación de los deberes por haber entregado dos hectáreas al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) y también fue procesado en los expedientes en los que se investigan las licitaciones del Campo Hípico Municipal y de la llamada Escuela Shopping. Su defensa asegura que ambos están prescriptos.

La causa que llevó a Grosso a prisión comenzó con una denuncia del actual jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que aseguró que la concesión del Golf-Velódromo se instrumentó por medio de una empresa ad hoc, AESA, supuestamente vinculada con el menemismo y creada exclusivamente para ganar la licitación.

"No resulta claro cuáles habrían sido los delitos que la organización habría encarado, toda vez que el a quo (la Cámara) se limitó a realizar enumeraciones (...) sin suficiente fundamento en una instrucción que ya lleva más de diez años", destacó la mayoría de la Corte.

Los ministros del máximo tribunal fueron duros con los camaristas Abel Ponorino Peró y José Manuel Piombo, que dictaron la prisión preventiva de Grosso: "La decisión en recurso aparece sustentada en la exclusiva voluntad de los magistrados intervinientes, con un claro y manifiesto agravio a la garantía (del debido proceso) establecida en el artículo 18 de la Constitución nacional".

Hace un año, cuando Grosso reapareció públicamente y dijo en la Casa de Gobierno que Rodríguez Saá lo había elegido como asesor por su inteligencia y no por su prontuario, provocó el segundo cacerolazo masivo en menos de una semana. Horas después, otra vez en medio del escándalo, abandonó el gobierno.

Grosso espera que las cosas hayan cambiado, al menos algo, con los ocho meses que pasó encerrado y el fallo de la Corte en su favor.

“Yo el costo político me lo banco, pero el judicial no”, dijo el entonces funcionario menemista cuando renunció en 1992 a la intendencia porteña. Hace un año, cuando reapareció como asesor presidencial en la Casa de Gobierno, aseguró: “Rodríguez Saá no me eligió por mi prontuario sino por mi inteligencia”.

• Denuncias. El ex intendente justicialista enfrentó en la última década 40 causas penales, de las cuales 36 fueron cerradas.

• Procesamientos. El ex funcionario fue procesado por primera vez en 1998 por administración fraudulenta. También está acusado por irregularidades en las licitaciones del Club Hípico y la llamada Escuela Shopping.

• Prisión. Grosso pidió a la Justicia que revocara su caución de 20.000 pesos y que lo dejara preso el 24 de abril último. La Cámara del Crimen había dictado su prisión preventiva por asociación ilícita en la causa del Golf-Velódromo. Ayer, la Corte Suprema consideró que ese fallo era arbitrario.

Por Laura Zommer

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