La custodia de Yabrán llamó a Jassan

DOLORES (De nuestros enviados especiales).- Dos días después del crimen del periodista José Luis Cabezas, el teléfono celular del ministro de Justicia, Elías Jassan, recibió una llamada desde la residencia de la calle De la Ballena 196, en Pinamar.

Esa casa era ocupada por custodios de Alfredo Yabrán, entre ellos Roberto Archuvi, cuyo rostro se parece en un 95 % a un identikit de un sospechoso que merodeaba la residencia de Andreani la noche previa al crimen.

La residencia de la calle De la Ballena está situada a pocos metros de la casa del empresario postal en la ciudad balnearia.

El contacto se hizo a las 18.34, al número celular 477-0500, que figura a nombre del ministro de Justicia. Esta información surge del listado de llamadas que los investigadores entregaron al juez.

Anoche, Jassan dio a conocer un comunicado en el cual sostiene que desde diciembre no utiliza ese teléfono y acusa a "típicas operaciones de servicios" como la causa de esta versión.

La Nación pudo establecer de fuentes inobjetables que el citado número celular figura actualmente a nombre del alto funcionario.

De todos modos, antes de diciembre, ese mismo teléfono celular registra una gran cantidad de llamadas con Yabito SA, una de las empresas del grupo Yabrán, reconocida como propia por el empresario postal.

El secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Brown, admitió a La Nación conocer el resultado del entrecruzamiento de llamadas y dijo que no lo había informado al gobierno nacional.

Del registro de las comunicaciones telefónicas surgen otros datos que llaman la atención: 1) La gran cantidad de comunicaciones -58- registradas entre el celular adjudicado a Jassan y la empresa Yabito, entre octubre y marzo últimos.

2) El día del crimen, a las 13.20, desde la residencia de De la Ballena 196 se llamó a Miami, en los Estados Unidos.

4) Cinco llamadas a la casa de Yabrán de la localidad de Martínez se repitieron entre el 26 y el 27 de enero.

Esos días también se produjeron comunicaciones con las oficinas del empresario en la calle Carlos Pellegrini 1168 y con las empresas Edcadassa y Ciccone Calcográfica, todas situadas en la Capital Federal. Yabrán siempre ha negado que Ciccone y Edcadassa le pertenezcan.

5) Otro dato curioso: el 24 de enero, a las 22.54, la noche previa al crimen del periodista, se registra una comunicación con la isla Guadalupe, en el Caribe.

La siempre negada relación entre lo más alto del poder político y el cuestionado empresario Alfredo Yabrán sufrió ayer uno de los más duros golpes, de la mano de los investigadores del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.

Así, el resultado del seguimiento de llamadas provenientes de teléfonos registrados a nombre de una de las pocas empresas que Yabrán reconoce como propias causó en la Casa de Gobierno un hermetismo más expresivo que cualquier exclamación.

Nadie podría afirmar si era la calma que precede a la tormenta o el silencio que sucede a un cataclismo. Sí puede decirse que tanta reserva tiene una explicación tan sencilla como obvia: el hombre al que recurrían los agentes de seguridad del empresario es un ministro de la República y nada menos que el de Justicia.

Pero Elías Jassan es mucho más que un conspicuo funcionario. Se trata de un amigo personal del Presidente, que llegó a una cartera de la Nación por la confianza que le dispensa el primer mandatario antes que por su militancia partidaria o por su pertenencia al menemismo como corriente política.

Por eso, el Presidente lo ha salvado en los últimos meses de las numerosas embestidas que nacieron de afluentes del mismísimo y siempre agitado río menemista.

Con esos antecedentes en su recuerdo, el ministro eligió apagar con nafta el fuego de una hoguera que puede tener efectos más cruentos para el Gobierno que la propia revelación: dijo que su aparente vinculación con el crimen de Cabezas "sólo puede ser atribuida a típicas operaciones de los servicios".

Sus allegados se encargaron de aclarar que estaba apuntando hacia el propio jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy.

Como si todo eso no fuera suficiente, la investigación pareció darle la razón al hombre que más ira desata en el Gobierno: el ex ministro Domingo Cavallo. Este nunca se cansó de denunciar que Jassan era uno de los hombres del Presidente que tenía relaciones con Yabrán.

El manto de sospechas que había tendido el ex titular del Palacio de Hacienda se transformó así en una nube que cubrió todo el cielo menemista.

Tampoco puede escapar al análisis que el silencio también se apoderó del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que lidera Eduardo Duhalde; nada menos que el mayor aspirante oficialista a suceder a Carlos Menem en la presidencia de la Nación.

El hermetismo tenía en este caso una tonalidad diferente de los sonidos del silencio que emanaban de la Casa Rosada. Una inocultable satisfacción se percibía anoche en los funcionarios bonaerenses, quienes se negaron a opinar sobre la revelación.

No obstante, el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Brown, fue elocuente al decirle a La Nación : "Nunca le comuniqué al Ejecutivo Nacional estos resultados de la pesquisa. Nuestra obligación es informarle al juez. Pero la opinión pública puede quedarse tranquila de que la decisión del gobierno bonaerense es la de llegar hasta las últimas consecuencias sin importar quiénes pueden estar implicados en el crimen".

Brown adelantó, además, que en los próximos días habrá otros resultados importantes del seguimiento de llamadas de los teléfonos vinculados con Yabrán.

El secretario se rehusó a confirmar o negar si en ese cruce de comunicaciones habría llamados a oficinas del Ministerio del Interior, como se rumoreaba ayer en Dolores.

Si bien está fuera de toda duda el impacto político de la revelación, cabe preguntarse qué es lo que aporta a la investigación del asesinato de José Luis Cabezas. Y en este tema sólo pueden deslizarse algunas especulaciones.

Por ejemplo, se puede decir que no escapa a los investigadores que las empresas que le brindan seguridad a Yabrán están integradas por ex miembros del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia.

Tampoco les es ajeno que Carlos Redruello, el hombre que instaló a los integrantes de la banda de Pepita la Pistolera como los primeros responsables del crimen, es considerado un informante de los guardiacárceles.

Estas no son más que sospechas que los investigadores siguen como otras tantas hipótesis, y que empezarían a develarse en la próxima semana.

También dan pie para que Jassan diga que se trata de lo que él denomina "operaciones de los servicios".

Lo cierto es que las llamadas descubiertas no alterarán en lo inmediato el estado de la causa judicial, pero sí el de las relaciones políticas y la situación del Gobierno, en cuyo seno se acentúan las disputa.

Tal vez las comunicaciones también sirvan para acrecentar las sospechas de que el crimen de Cabezas fue la punta de un inmenso iceberg que navegó por las procelosas y no siempre transparentes aguas del poder.

Ahora el témpano comienza a advertirse en toda su magnitud y y amenaza con desatar una crisis política de derivaciones impredecibles.

DOLORES (De muestros enviados especiales)._ Pese a que el ministro de Justicia, Elías Jassan, aseguró una y otra vez que "Alfredo Yabrán no significa nada para mi", los investigadores del homicidio de José Luis Cabezas establecieron que desde una de las tres empresas que el hombre de negocios reconoce como propia, Yabito S.A, se comunicaron, en menos de seis meses, en 58 oportunidades con el teléfono celular que figura a nombre del colaborador del Presidente.

El nombre de Jassan apareció en el escenario de la investigación luego de que el juez José Luis Macchi ordenó que se analizaran todas las comunicaciones surgidas desde las empresas de Alfredo Yabrán: Yabito S.A., Lanolec y Aylmer.

La agenda del ex oficial policial Gustavo Prellezo, acusado de ser el presunto autor material del crimen del fotógrafo, fue la punta del ovillo que siguieron los detectives en busca del posible autor intelectual del homicidio.

Ante el asombro de los investigadores, al revisar dicha agenda hallaron varios números telefónicos pertenecientes a las empresas citadas.

Acto seguido, con la llegada del movimiento de llamados realizados desde estas compañías, se comprobó que 58 de esos contactos estaban dirigidos al teléfono celular 477-0500, aparato que figura a nombre de Elías Jassan, con domicilio en Tres de Febrero 1950, piso l7°, de la Capital.

De todas esas comunicaciones, nueve se realizaron el 23 de octubre de 1996; veintiseis, el 31 del mismo mes; siete, el 21 de noviembre, y cuatro, el 13 de marzo de 1997.

En todos los casos, los contactos se realizaron desde la sede que Yabito S.A. posee en Carlos Pellegrini N° 1168. piso 7, oficina A.

Sin embargo, hubo una comunicación que llamó la atención de los investigadores: la del 27 de enero de 1997 a las 18.34, originada en el (0254) 9 - 0278 que según el informe presentado por la Cooperativa Telefónica dePinamar (Telpin) pertenece a Yabito S.A y funciona en la residencia situada en De Las Ballenas 196 de dicha ciudad balnearia.

Precisamente ese es el número que de puño y letra anotó Yabrán en el reverso de la tarjeta que personalmente le entregó a Prellezo.

El domicilio corresponde a la residencia Sauzalito, donde de acuerdo a varios testimonios que obran en la causa 56.456 que impulsa el juez José Luis Macchi por el homicidio del reportero gráfico, vivió en enero último, Roberto Archuvi, en ese entonces empleado de la agencia de seguridad Bridees S.R.L contratada por Gregorio Ríos, jefe de la custodia personal de Alfredo Yabrán, para cuidar al empresario.

En las últimas horas los investigadores le enviaron al juez Macchi un identikit con un 95 por ciento de semejanza con uno de los sospechosos que merodeaban por la residencia de Oscar Andreani la noche del crimen.

Dicho identikit, que fue confeccionado en base a los datos aportados varios testigos cuya identidad no trascendió, se parecería, según indicaron fuentes policiales al citado Archuvi.

El nombre del suboficial retirado del Ejército Argentino Roberto Emilio Archuvi, de 38 años, se hizo público el 23 de mayo último cuando Gregorio Ríos lo mencionó en su declaración testimonial ante el juez Macchi.

En esa oportunidad el magistrado quería aclarar el motivo por el cual Archuvi llamó al celular de Ríos, el 415 - 2327, el 25 de enero a las 5.25 desde Pinamar, justo a la misma hora en que José Luis Cabezas era secuestrado por sus asesinos.

Según consta en la causa, Ríos adujo que Archuvi lo llamó "para solicitarle un préstamo de dinero, para la subsistencia, comprar alimentos, yaque estaba de vigilancia en una casa propiedad de un gerente de OCASA que había sido robada en ese mismo mes, y que recuerda que se llama Sauzalito".

Después de escuchar a Ríos, el juez Macchi le ordenó a la instrucción policial que le tomara declaración testimonial al ex militar para evacuar las citas.

Así fue que una semana después, Archuvi se presentó en la Brigada de Investigaciones de Dolores y reafirmó los dichos del jefe de seguridad de Yabrán.

De su declaración se desprende que "desde el 11 de enero último se ocupó de cubrir la vivienda identificada como Sauzalito, lugar en el que permaneció solo y la funció era la de cuidar el predominantemente el patio trasero. Allí permaneció hasta el 31 de enero, cuando regresó a Buenos Aires".

Esta exposición confirmaría que el el día en el que se hizo el llamado de 20 segundos al celular del ministro Elías Jassan, el vigilador ocupaba la residencia desde la que se realizó la comunicación.

Si bien Archuvi, aseguró que el propietario de la casa era un gerente de OCASA, una de las empresas cuya propiedad le adjudicó a Yabrán el ex ministro Domingo Cavallo, en el informe que Telpin le entregó a los investigadores del caso Cabezas aparece como titular de la línea:Yabito S.A., firma reconocida por el enigmático empresario telepostal.

El nombre de Sauzalito también aparece en la foja 3233, del cuerpo 16 del expediente que impulsa Macchi. Allí consta el testimonio del abogado Rodolfo de Gall Mello, vecino de Alfredo Yabrán y de su cuñada, Blanca Pérez de Alonso, en Pinamar.

El letrado "recordó que el último año, en circunstancias en las que fueron agredidos unos periodistas, que intentaron sacarle fotos a Yabrán, se buscaba un Ford Falcon rojo que presuntamente habría sido escondido por los custodios del empresario y que habría sido visto en el fondo de Sauzalito".

Según le manifestó Gall Mello a los pesquisas, sus dichos podrían ser corroborados por el portero del edificio Duna VI, situado en De Las Ballenas y De Las Artes.

Los cruces de llamadas entre la empresa de seguridad Yabito S.A., propiedad de Alfredo Yabran y el actual ministro de Justicia Elías Jassan tuvieron sus picos en jornadas que registraron hechos significativos en la confrontación Cavallo - Yabran.

Los días en que se registraron más llamados telefónicos supuestamente vinculados con el enfrentamiento entre el empresario telepostal y el entonces ministro de Economía, son los siguientes:

• 31 de octubre (26 llamados): el día 29, dos fiscales y la diputada frepasista Cristina Zuccardi pidieron que se investigara a Corach, a Cavallo y a Jassan. El 1 de noviembre se anunció que la Aduana tendría control privado para evitar subvaluaciones de importaciones y evasiones impositivas. También ese día, se archivaron en la Justicia las denuncias de Cavallo acusando de mafioso a Yabran. Y el 4, se intervinieron las aduanas en casi todo el territorio.
• 23 de octubre (9 llamados): el 21 de ese mes el ex ministro de Economía declaró en la Justicia y antes de ingresar a Tribunales aseguró que diría todo lo que sabía con respecto a casos de corrupción. El 22, un diputado peronista afirmó que el debate por la Ley de Correos, se postergaba hasta tanto se solucionaran los problemas entre Cavallo y el gobierno.
• 21 de noviembre (7 llamados): el 13, el ex ministro de Hacienda brindó pruebas a la Justicia sobre operaciones comerciales relacionadas con empresas vinculadas a Yabran. El 15, Cavallo pidió ante el Juez que en la querella que Yabran le inició, se citara a Erman Gonzalez y a ex titulares de los ministerios de Defensa y Economía. El 21 de noviembre la Justicia y la DGI salieron a investigar importaciones en la Aduana. Y el 22 de ese mes, la empresa Inversiones y Servicios S.A. (accionista de Interbaires, Villalonga Furlong, Edcadassa e Intercargo) denunció a Cavallo por no haber pagado el monto por el que el Estado compró la firma, pese a que una partida de 50.000 pesos habría salido del presupuesto con ese destino.

En un período que va desde el 15 de octubre al 21 de noviembre de 1996 Jassan y Yabran se comunicaron 53 veces. Tres llamados se realizaron el 13 de marzo de este año y uno el 27 de enero: dos días después del asesinato de José Luis Cabezas.

Imputaciones: Domingo Cavallo acusó al ministro de Justicia, Elías Jassan, de estar relacionado con el empresario Alfredo Yabrán.

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, acusó desde un principio al ministro de Justicia, Elías Jassan, de operar en favor del empresario postal Alfredo Yabrán, por lo cual, cada vez que se acuerda, le reclama al presidente Carlos Menem que lo separe del gabinete.

El titular de Justicia es uno de los blancos de Cavallo, al igual que el ministro del Interior, Carlos Corach, a quien el ex jefe del Palacio de Hacienda también relaciona con Yabrán. Cavallo, desde el 23 de agosto de 1995, sostuvo que el enigmático empresario es el "jefe de una mafia enquistada en el poder".

Una de las principales imputaciones del ex alto funcionario de Menem hacia Jassán es la de haber presidido la Fundación Nueva Justicia, la cual -sostienen los cavallistas- percibía fondos de Oca y del hotel Presidente. Oca es un correo privado cuya propiedad se le atribuye a Yabrán y este niega. El hotel, en cambio, pertenece a Aldo Fuad Elías, un empresario menemista y cercano a Yabrán que condujo fugazmente la Aduana desde noviembre de 1990, tras la renuncia del brigadier (R) Rodolfo Echegoyen, misteriosamente muerto 40 días despues de su dimisión.

Cavallo le imputa a Yabrán una presunta responsabilidad por el sospechoso suicidio de Echegoyen.

Los cavallistas también acusan a Jassan de haber orientado la licitación del repatentamiento de automóviles en favor de Ocasa, una firma postal que Yabrán reconoce como propia, y de Ciccone Calcográfica, empresa de impresiones que supuestamente controla el cuestionado empresario, aunque lo niega.

A fines de 1993 Jassán, todavía secretario de Justicia, redactó el pliego y tuvo un duro enfrentamiento con Encotesa, el correo estatal conducido por el cavallista Haroldo Grisanti. Encotesa impugnó la licitación por entender que se favorecía al yabranismo, pero Grisanti tuvo que agachar la cabeza cuando Menem firmó el decreto sin atender a las recomendaciones de los asesores cavallistas. "En aquella época Menem era nuestro jefe", recordó ayer un ex abogado de Encotesa para explicar el silencio de entonces.

Así fue como Yabrán quedó con el control supuesto de la impresión y la distribución de las patentes de los automóviles. Aunque, luego de una recisión de Ocasa, esta firma postal le cedió el negocio a Oca, una firma de la competencia, supuestamente, cuyos dueños son la cuñada y el concuñado de Yabrán y aparece vinculada con éste en todas las denuncias en su contra.

El ministro de Justicia negó todo, pero las pruebas parecen decir lo contrario

La empresa Yabito, con sede en la Capital Federal y en Pinamar, es una de las tres que el empresario Alfredo Yabrán reconoce como propias. En la Capital, el número de teléfono es 394-2528. En Pinamar es 025490278.

¿Qué motivo podría tener el ministro de Justicia, Elías Jassan, para recibir 57 llamadas en su celular, que tiene el número 477-0500?

Las comunicaciones se distribuyen entre octubre -el 31 hubo 26 llamadas- y noviembre de 1996, se reanudan el 27 de enero de 1997 -dos días después del asesinato de José Luis Cabezas, cuando uno de los custodios de Yabrán se comunica con el celular de Jassan durante sólo 20 segundos- y el 13 de marzo, también de este año.

Todos los números telefónicos involucrados figuran en la agenda que le fue secuestrada al ex oficial inspector de la Policía Bonaerense Gustavo Prellezo, a quien se sindica como el autor material del crimen del fotógrafo de la revista Noticias.

Jassan había afirmado que si un funcionario suyo se comunicaba con Yabrán sería despedido. La revelación de esas comunicaciones dejan al ministro de Justicia en una situación difícil de explicar.

Algunos de sus allegados dijeron que "no es cierto", y atribuyeron "intencionalidad política" a cualquier intento de vincular al empresario Yabrán con el Gobierno.

Este razonamiento se difundió entre los funcionarios a partir de que la Justicia lo involucró a Yabrán como testigo en la investigación del asesinato de José Luis Cabezas.

Ni la negativa, ni la supuesta intencionalidad política que argumenta el Gobierno, alcanzan para explicar tantas llamadas entre una empresa de Yabrán y el ministro de Justicia.

Por lo menos, no alcanzan para aclarar los hechos, ya que los números telefónicos y la cantidad de llamadas están registradas en un informe que la Policía Bonaerense entregó a la Justicia, en Pinamar y que fue incorporado a la causa 56.456, que es la que lleva adelante el juez Macchi en la investigación del homiciodio de Cabezas.

"Hay que ser respetuoso de la ley argentina, que establece el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario", advirtieron en la Casa de Gobierno sin aclarar a la inocencia de quien se refería: si a la de Jassan o la de Yabrán.

Lo curioso es que no hay cuestionamiento de la inocencia de los protagonistas. Sólo que los frecuentes contactos telefónicos ponen en evidencia una conexión que el Gobierno sostiene que no existió.

Hace ya casi dos años, en el Congreso de la Nación, Domingo Cavallo denunció a Yabrán ante los diputados como "el jefe de la mafia".

Desde entonces, los acontecimientos tomaron rumbos que parecen haber adquirido vida propia y ponen en evidencia de que es un mal momento para la política.

Hoy, la actividad política, en mayor o menor medida, aparece presuntamente asociada al homicidio de José Luis Cabezas, al irresuelto caso de la muerte de María Soledad Morales, en Catamarca; al asesinato de Alfredo María Pochat, quien investigaba supuestas irregularidades en la delegación Mar del Plata del Anses, por mencionar sólo algunos de los casos más resonantes.

Si antes se vivió la etapa de la política de los negocios, ahora esto derivó en una peligrosa vinculación con organizaciones presuntamente criminales.

Es como una vuelta de tuerca en la que desde hace aproximadamente quince años, el poder de turno se fue enredando con el empresario Alfredo Yabrán, quien hoy aparece como un elemento de discordia dentro del oficialismo y del radicalismo.

Debe recordarse, por caso, el protagonismo que adquirió el misterioso empresario cuando su empresa, Villalonga Furlong, acordó con la Fuerza Aérea el control de los servicios estratégicos de los grandes aeropuertos internacionales del país.

Esas relaciones, casi siempre riesgosas, llegaron hasta un punto en que pueden convertir a Yabrán en un factor determinante para corregir imágenes del pasado y para ser un factor determinante para el futuro de varios políticos, desde el Presidente para abajo.

Temor: fuentes radicales dicen que una campaña sucia del oficialismo vinculó a Yabrán con el ex presidente para obstaculizar su candidatura a diputado.

El alfonsinismo sabe que cualquier vinculación de su máximo jefe con la figura de Alfredo Yabrán lo perjudicará electoralmente en su camino hacia la diputación por la provincia de Buenos Aires, según admitieron a La Nación fuentes partidarias.

Es por eso que, desde ayer, Raúl Alfonsín busca explicar minuciosamente su papel como ex presidente en las concesiones aeroportuarias, aun a costa de tener que diferenciarse de viejos colaboradores como César Jaroslavsky, quien fue el único radical que hizo pública su amistad con el empresario telepostal.

En este mano a mano con las repercusiones del asesinato de José Luis Cabezas, a los hombres de Alfonsín les preocupa más la lucha externa que la interna.

Presumen que el Yabrán ligado a la Unión Cívica Radical (UCR) forma parte de "una campaña sucia" ideada por el oficialismo para compartir la relación del dueño de Ocasa con los gobiernos de turno y a la que -agregan- podrían existir aportes desde el exterior sustentados por la posición de Alfonsín en favor de la ley de patentes.

Esta trama de temores y deducciones se convirtió ayer en un tema excluyente de conversación entre los radicales. Sobre todo, después de que el director de la revista Noticias, Héctor D`Amico, reveló que el ex presidente se había comunicado en 1991 con la editorial para interesarse por una publicación relacionada con el empresario telepostal.

Y después de que Alfonsín desmintió haber levantado el teléfono en beneficio de Yabrán.

En una misma mañana y por tres radios distintas, el candidato a diputado aclaró que, por lo menos conscientemente, no conocía al empresario telepostal, a sabiendas de que las peores consecuencias serían en las urnas.

"¿Cuándo querías que saliéramos a explicar esto -se preguntó en confidencia uno de los voceros de Alfonsín-. Yabrán no representa lo mismo ahora que hace 20 días atrás: hoy se lo vincula con un asesinato".

Pero el despegue no fue sólo del empresario sino de un hombre que durante muchos años estuvo muy cercano al Alfonsín jefe de Gobierno: César Jaroslavsky.

Si bien es cierto que la relación entre ambos dirigentes es distante desde hace años, causó un cimbronazo interno la dureza con la que Raúl Alfonsín le pidió a quien fuera jefe del bloque de diputados durante su gobierno que no comprometiera al partido.

Nadie en la UCR puede negar el peso de la trayectoria de Jaroslavsky y el alcance de sus declaraciones, aunque ahora su fuerza interna está disminuida, como quedó demostrado en su frustrada postulación como precandidato a senador en las últimas internas que se disputaron en territorio porteño.

"Lo de César Jaroslavsky es lo que menos nos preocupa -aclaró ayer a La Nación una fuente alfonsinista-.Vamos a superar la desaveniencia interna".

Esos mismos referentes sostienen que ya hubo otros dos intentos frustrados de meter en la misma bolsa a Alfonsín, a Alfredo Yabrán y a las concesiones de los servicios aeroportuarios que se firmaron, en una primera instancia, durante la administración radical.

Ahora el acento estará en encontrar la mayor cantidad de herramientas destinadas a alejar al candidato de la imagen del empresario telepostal, del homicidio del reportero gráfico de la revista Noticias y de la corrupción.

Los radicales temen encontrarse en la misma trampa de la que intenta salir el justicialismo: el Yabrán omnipresente que profundiza las diferencias entre elpresidente Carlos Menem y el gobernador Eduardo Duhalde, según la cercanía desde donde se lo mire.

DOLORES (De nuestros enviados especiales)._ Tras conocerse el testimonio del oficial ayudante Cristian Pastore, quien reconoció al ex oficial Sergio Camaratta en el video filmado durante la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani, el abogado defensor del ex titular del destacamento de Valeria del Mar solicitó "medidas de prueba para destruir dicha falacia".

Horacio Lanza, letrado del detenido por su presunta participación primaria en el asesinato de José Luis Cabezas afirmó que la persona que parece en el video no es Sergio Camaratta y que la aseveración de Pastore "demuestra la mala fe del declarante, que como se comprobara oportunamente se encuentra enemistado con el ex policía".

En su presentación ante el juez Macchi, Lanza destacó que "llama poderosamente la atención que recién después de cuatro largos meses, salga a la luz este video y que, sugestivamente han tenido en su poder los medios de prensa antes que las partes".

Entre las medidas solicitadas, se destaca el pedido de acceder al video en cuestión y, de ser necesario se le provea de una copia del mismo; que se se cite a prestar declaración testimonial al empresario Oscar Andreani para que manifieste quién es la persona que aparece en la filmación y que la Policía Bonaerense remita el legajo personal del oficial Pastore.

Las fotos de Camaratta para compararlas con la toma del video fueron acercadas por el oficial Aníbal Luna, quien estuvo detenido por haber recibido un llamado de Prellezo poco después del crimen.

Por último, Lanza expresó irónicamente que "si la persona que aparece en el video es Camaratta, yo soy Francescoli".

Por Claudio Jacquelin

---

Conforme a