La necesidad de una ley contra el hambre de los chicos

Una iniciativa popular para promover que el Congreso de la Nación sancione una ley que haga obligatoria la alimentación de 2.300.000 chicos menores de 5 años y madres embarazadas que viven en condiciones de pobreza en todo el país fue presentada anteayer ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El 70,3 % de los chicos argentinos -considerados desde el nacimiento hasta los 18 años de edad- hoy es pobre. En total suman unos 8.600.000 niños y jóvenes. De este total hay 2.300.000 menores de 5 años en situación de gran desprotección: en la actualidad, tres chicos mueren por día por desnutrición o por contraer enfermedades relacionadas con la pobreza; por ejemplo, a causa de diarrea infantil por tomar agua contaminada.

El proyecto es impulsado por La Nacion, la Fundación Poder Ciudadano, la Red Solidaria, el especialista en temas sociales del Grupo Sophia Horacio Rodríguez Larreta (h.) y el periodista Luis Majul.

La condición de pobreza de un alto número de chicos dificulta su acceso a la alimentación, al cuidado de la salud y a la educación. Como está comprobado que esto tiene graves consecuencias para el futuro del desarrollo físico, la capacidad de aprender y el coeficiente intelectual de los chicos, el proyecto de ley se denomina "El hambre más urgente".

Todos los interesados en adherir a tal iniciativa podrán hacerlo firmando una planilla en mesas instaladas especialmente a tal fin por Poder Ciudadano desde el lunes 23 del actual.

Además, Poder Ciudadano convocó esta semana a voluntarios de todo el país para armar mesas que reciban firmas. Para anotarse en las mesas se debe escribir a mery@poderciudadano.org, o llamar por el 4999-8888, las 24 horas, los siete días de la semana. La ubicación de las mesas será publicada en La Nacion en los próximos días.

Para enriquecer el proyecto y sumar un amplio consenso, éste será discutido en una audiencia pública con expertos, políticos y los diversos actores que hoy contribuyen a paliar el problema del hambre en la Argentina. Esta se realizará el viernes próximo, a las 10, en el Club del Progreso, Sarmiento 1334, Capital Federal. Los interesados en participar deben comunicarse al 4331-4925/6 o escribir a virginia@poderciudadano.org.

La iniciativa popular es la forma bajo la cual los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante el Congreso. Para que éstos sean tratados deben recolectarse 400.000 firmas de la población, esto es, un número de ciudadanos no inferior al 1,5 por ciento del padrón electoral utilizado para las últimas elecciones nacionales. Una vez que se consigan estas firmas, el Congreso deberá iniciar su tratamiento legislativo.

El proyecto fue elaborado por Horacio Rodríguez Larreta (h.), miembro fundador del Grupo Sophia -una organización civil apartidaria dedicada a la solución de los problemas públicos-, y desarrollado en conjunto con la Fundación Creer y Crecer. Rodríguez Larreta (h.) es un reconocido experto en temas sociales con vasta experiencia en la administración pública, habiéndose desempeñado como gerente general de la Anses, interventor en el PAMI y subsecretario de Acción Social.

Los objetivos del programa

El proyecto de ley propone la creación del Programa Nacional de Desarrollo Infantil, por el cual el Estado instrumentará los medios para que se alimente, dé cuidado sanitario y estimulación temprana a todos los chicos menores de 5 años y madres embarazadas en situación de pobreza. Una persona es considerada pobre cuando los ingresos totales de su núcleo familiar no superan los $ 700 mensuales. Los chicos comprendidos en esa edad son aproximadamente 1.738.000, y las madres, unas 560.000.

Si bien el proyecto de ley no lo menciona explícitamente, el plan promueve que estos cuidados se realicen en jardines maternales, los cuales serán administrados y gestionados por organizaciones no gubernamentales (ONG). El artículo 8 del proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo transferirá directamente los fondos a las ONG.

La propuesta de la creación de los jardines será planteada como una opción por ser discutida con los legisladores una vez que ésta sea tratada en el Parlamento.

Los objetivos del plan son:

• El fortalecimiento de los roles parentales y de crianza.

• La progresiva recuperación nutricional de la madre y el niño.

• El desarrollo psicomotor de los chicos.

• El mejoramiento de sus habilidades y destrezas al momento del ingreso escolar.

• Y el desarrollo comunitario.

A los chicos que asistan a los jardines se les brindará diariamente la alimentación requerida de acuerdo con su edad y su situación nutricional, que es, en promedio, de 1200 calorías por día, lo que comprende desayuno, almuerzo y merienda reforzada.

El plan prevé que se necesitarán unos 7400 jardines en distintas regiones del país, de los que actualmente ya existen cerca de 3000 utilizados para otros programas por organizaciones de la sociedad civil -con financiamiento del Estado, provincias y municipios-, o sea, cerca del 37 por ciento del total necesario. Se estima que hay también otros 2000 centros similares, sin ayuda estatal, administrados por ONG, que podrían prestar el servicio mencionado.

Cada jardín tendrá capacidad para unos 200 chicos en promedio y deberá ser atendido por 23 personas, lo que incluye maestras, madres cuidadoras y asistentes sociales, entre otras.

La totalidad de los jardines puede estar en funcionamiento en un plazo de 18 meses. Al final del primer año, habría ya más de 5000 jardines en funcionamiento que darían atención a 1.300.000 chicos y futuras madres.

El financiamiento

Se propone que el financiamiento del Programa Nacional de Desarrollo Infantil sea una prioridad incorporada en la Ley de Presupuesto 2003 y que no se incremente ninguna partida sin antes garantizar los fondos necesarios para terminar con “el hambre más urgente”.

El costo total del programa para el Estado asciende a 1300 millones de pesos aproximadamente. Este monto equivale al 1,2 por ciento del total del gasto público total del país (incluyendo a la Nación, provincias y municipios) y al 0,4% del PBI. Si se compara con otros gastos del Estado, es sólo un cuarto del gasto político a nivel nacional (más de $ 5000 millones) o el gasto de las legislaturas provinciales ($ 814 millones en 2000).