La UBA investigará los títulos fraguados

El Colegio Público de Abogados de la Capital y la Universidad de Buenos Aires han emprendido una investigación y entrecruzamiento de datos a partir del descubrimiento de dos personas que se matricularon en la primera entidad, sin poseer el grado de abogados.

A partir de una serie de denuncias en el Colegio Público de Abogados, se inició una investigación, por sospecha de la existencia de algunos abogados con diploma falsificado, matriculados dentro de los 60.000 profesionales que agrupa este foro porteño.

El primer caso de abogado falso ya ha sido investigado, identificado y prsentado ante la Justicia. Se acusa a Gonzalo Villalobos, quien había sido miembro del tribunal de ética del Colegio, de haber presentado un diploma falso para matricularse en el Colegio de Abogados porteño. El decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Andrés D`Alessio, expresó que Villalobos "no es abogado de ninguna parte".

Durante la investigación de este caso, el 13 de noviembre último se produjo un pequeño incendio intencional en los archivos de Derecho, donde se encontraban varios legajos de graduados, entre los cuales se hallaba el de Villalobos.

No obstante, como la facultad guarda fichas con un resumen de las materias rendidas, los legajos perdidos pueden reconstruirse. Se descubrió de ese modo que Villalobos no había terminado su carrera, y que había rendido 16 de las 28 materias que incluye la cursada completa.

La facultad cuenta además del legajo y la ficha, con los registros de la Dirección de Títulos y con una base de datos de computación, esta última desde 1986.

A raíz de este hecho, el Colegio de Abogados decidió exigir que el postulante para matricularse deje en la entidad una fotocopia del título y el certificado analítico de las materias.

El segundo caso corresponde a Eduardo Magnani, quien se matriculó en 1991, presentando un supuesto diploma emitido en 1989. Hasta el lunes último, el acusado de abogado falso, pertenecía al Consejo Directivo del Colegio de Abogados.

Se decidió presentar una denuncia en contra de Magnani en el Juzgado federal N°12, por presunta falsificación de títulos.

El último incidente delictivo tuvo lugar el viernes último, cuando robaron un libro de registro de títulos, mediate la violación de la puerta de un anexo al rectorado de la UBA.

Ese mismo día, tres individuos se habían presentado en el lugar y solicitaron justamente el libro desaparecido, pedido que les fue denegado, ya que se trata de información exclusiva para la universidad.

En el documento hurtado debía figurar el diploma del presunto abogado, Eduardo Magnani, quien hasta el lunes pertenecía al Consejo directivo del Colegio de Abogados. El número utilizado por Magnani pertenecía en realidad a otra abogada.

Pero una copia certificada del registro había sido remitida al Colegio Público de Abogados de la Capital.

Mientras Villalobos se encuentra prófugo ante la Justicia, a Magnani se la ha suspendido provisoriamente la matrícula en el Colegio de Abogado, ya que según expresó el presidente de esta entidad, "es una gran responsabilidad para el Colegio que Magnani siga ejerciendo en estas circunstancias".

El acusado sostuvo que presentará su defensa, después de la cual el Consejo directivo tomará una resolución. En caso de probarse la falsedad del título de Magnani, se declarará nulo el acto de matriculación y la causa pasará a manos de la Justicia.

Tanto Shuberoff como el decano D´Alessio y el doctor Bacqué aseguraron que ambos episodios son ajenos a la Universidad de Buenos Aires y al Colegio Público de Abogados, aunque prometieron avanzar en las investigaciones.

Defensa: Magnani niega tener el diploma fraguado, pero asegura que en la Facultad de Derecho opera una organización ilícita.

"Todo lo que se dice acerca de mi condición de abogado es mentira", respondió rápidamente Marcelo Magnani a La Nación, al ser interrogado por las acusaciones que el Colegio de Abogados y la Universidad de Buenos Aires hacen a su persona.

Sin embargo, las declaraciones de Magnani no quedaron ahí. A las acusaciones recibidas, el abogado sospechado contestó con acusaciones inversas. "Desde noviembre del año último el consejo del Colegio de abogados tiene en sus manos una nómina de 261 nombres de profesionales truchos y más de 2000 en estado de irregularidad", aseguró Magnani.

"Lo que estan haciendo las autoridades del colegio es encubrir a los abogados que figuran en esta lista", añadió el consejero acusado de no tener título universitario, que concluyó: "Es todo una cuestión política".

Con más calma, y como presidente de la lista 13 a la cual pertenece Magnani, el doctor C arlos Cichello explicó lo sucedido: " El año últi mo, la jefa de matrícula del colegio de abogados, Silvia Finochietto, presentó un informe en donde aseguraba la existencia de una asociación ílicita en la facultad de Derecho de la UBA".

"La Comisión de Vigilancia -a la cual pertenece Magnani- abrió un expediente para investigar lo que Finichetto había denunciado. Y justamente fue el mismo abogado acusado quien pidió que se apurara la investigación", añadió Cichello.

"Incluso -dijo el presidente de la lista 13- el presidente Bacqué le dijo a Magnani que no lo apurase".

Pero esta situación estalló, hace dos semanas, cuando la facultad de Derecho envió una nota, que firma el vicedecano donde asegura que el incendio sucedido un tiempo antes en una de la oficinas de la casa de estudios, había sido intencional. El informe concluía con los resultados de una investigación que afirmaba que Magnani no había recibido el título de la facultad.

"Magnani va a la facultad para ver los registros, y no lo dejan pero le dicen que su diploma está perfectamente registrado", explicó Cichello que continuó: "Ante el pedido de Bacqué de un informe por escrito, el rectorado de la UBA contestó confirmando lo antes dicho: en el número de matrícula de Magnani figuraba otra persona".

Así las cosas, el acusado presentó un escrito donde, además de negar todo, pidió que se forme una comisión especial para verificar una vez más los registros, pero el pedido fue denegado. Como broche de oro de esta confusa situación, desaparece el libro donde estaría registrado o no Eduardo Magnani.

A la hora de dar su opinión, Cichello apoya a Magnani. "No se puede negar que en este asunto existe una mafia, y su instalación no se justifica para truchar sólo dos diplomas", dijo y añadió: " Si las autoridades dicen que la falsificación es un hecho aislado estan ofendiendo mi inteligencia".

Sanciones: el Código Penal prevé una multa para el responsable de esa conducta y pena de prisión por ejercer ilegalmente una profesión.

El caso del falso abogado Marcelo Magnani no es el primero en la historia de los hombres de leyes del país. En nuestra legislación esta conducta está prevista desde 1921, fecha en la que se sancionó el Código Penal Argentino.

El delito que podría imputarse a este supuesto letrado que nunca se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es la usurpación de títulos y honores.

La conducta que realizó este miembro del consejo directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal está contemplada en el artículo 247 del mencionado código y es un delito contra la administración pública.

El texto que prevé este ilícito fue reformado el 8 de septiembre de 1995, con la ley 24.527.

"Será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le corresponden", dice la norma.

Además, en caso de comprobarse que ejerció la profesión siendo un falso letrado podría recibir también una pena de prisión.

La letra de la ley dice así: "Será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente".

Asimismo, en caso de que Magnani hubiera desempeñado algún cargo público, podría aplicársele el delito previsto en el artículo 246 del código en materia penal. "El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente", recibirá una pena de entre un mes y un año de prisión e inhabilitación por el doble del tiempo que la condena.

Por Juliana Monferrán

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