Las cinco irregularidades que detectó una auditoría interna en la campaña de vacunación para Covid

Una auditoría interna de la campaña de vacunación para Covid-19 que se cerró en marzo de este año describe al menos cinco irregularidades en los expedientes de los embarques con 25,7 millones de dosis recibidos el primer semestre de 2021. El relevamiento se dividió en dos etapas: antes y después del Vacunatorio VIP, con el reordenamiento político del Ministerio de Salud tras el escándalo por el uso irregular de dosis por fuera del orden de prioridad por riesgo. Los problemas detectados, sobre los que esa cartera respondió en enero último, se mantuvieron en todo el período. Aun así, los evaluadores concluyeron que el cumplimiento oficial resultó “razonable”.

Documentación dispersa, actas de recepción de dosis faltantes, registros incompletos de los controles de los operadores logísticos y ausencia de datos de referencia que permitan vincular en todos los casos cada lote con la importación, la intervención de la Anmat para la liberación de los lotes y los pagos a los proveedores están entre las omisiones que señala la Sindicatura General de la Nación (Sigen). En una comparación que hizo LN Data de más de un centenar de actas de recepción de dosis con las resoluciones de pagos a los proveedores hasta el mes pasado, con la última transferencia que documentó la cartera sanitaria, esos problemas continúan.

La auditoría, a la que se accedió a través de un pedido de acceso a la información pública, abarca la gestión de la vacunación dividida en dos períodos: entre finales de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021, que incluye el cambio de autoridades en el Ministerio de Salud de la Nación por el Vacunatorio VIP a finales de febrero, y entre el 1° de abril y el 30 de junio del mismo año. El informe final es del 3 de marzo de este año.

El objeto planteado era revisar “el circuito de recepción, almacenamiento y trazabilidad” de las primeras 25.706.800 dosis para el Plan Estratégico de Vacunación contra Covid-19. Para eso, según se detalla, los auditores relevaron 16 expedientes abiertos por 14 embarques en la primera etapa (diciembre-marzo) y 27 por otros 14 envíos en la segunda (abril-junio). La Sigen elaboró un informe para cada período.

El Ministerio de Salud le respondió a la Sigen a mediados de enero de este año, luego de recibir las observaciones. En la mayoría de los casos, dijo que actuaría para resolverlos, excepto por el uso de un sistema de monitoreo de insumos sanitarios (SMIS) para el seguimiento del stock en las provincias. “Existen limitaciones técnicas y políticas para la implementación obligatoria o general de un sistema único en un país con gobiernos federales”, argumentó. La sindicatura coincidió.

Falta de integridad y controles

Las irregularidades —a las que la Sigen se refiere como “oportunidades de mejora”— se repiten en ambos períodos relevados y tienen que, además, ver con la integridad de los expedientes oficiales, los controles a los operadores logísticos (Andreani y Correo Argentino) y las actas de recepción de dosis.

“Se han podido visualizar por fuera de los expedientes del ingreso de vacunas al país documentos que debieran formar parte de esas actuaciones y que los expedientes de pagos al operador logístico no se encuentran vinculados”, describen los auditores.

A la vez, hay documentación incompleta o ilegible y faltan informes técnicos de controles a cargo de distintas áreas de Salud. En los remitos de entrega de dosis a las provincias también faltan datos como fecha y hora de despacho y recepción o etiquetas con los códigos de barra del operador logístico para el seguimiento del estado de las dosis.

También faltaron constancias de recepción de vacunas y falló la digitalización de los remitos, responsabilidad que el ministerio atribuyó a las empresas de logística contratadas. En los registros de audiencias oficiales figura que recién este mes hubo una reunión con Correo Argentino para “evaluar una propuesta de digitalización” de expedientes del ministerio.

Las actas de recepción definitiva de las vacunas no incluyen los lotes arribados, lo que aparece en notas de la Secretaría de Acceso a la Salud por fuera de los expedientes. “En los casos que arribe más de un lote no queda incluida en forma fehaciente la identificación de los lotes con las vacunas recibidas correspondientes a la guía aérea”, advierte la Sigen. Esa documentación faltaba en tres expedientes.

¿Desordenados?

LN Data comparó, una por una, 188 actas de recepción con 115 resoluciones de pago hasta el 30 de junio pasado, última fecha con esas autorizaciones disponibles. Esa información no se pudo relacionar con los lotes a los que se refieren ni cantidades de dosis, ya que no siempre coinciden con el listado oficial de los embarques de cada vuelo provisto por la cartera sanitaria mediante un pedido de acceso a la información pública.

En ese desorden administrativo aparece que el Gobierno pagó casi 15 millones de dosis menos que las que recibió (109.445.320 de 124.421.685) con contratos de pago contra entrega. No fue posible dar con actas de recepción de 18 lotes cargados al SMIS incluidos en la respuesta oficial. Son 6.458.250 dosis arribadas entre febrero y diciembre del año pasado.

Pero aun con las irregularidades señaladas, los auditores llegaron a la conclusión de que “es razonable el nivel de cumplimiento del proceso logístico ejecutado” en la campaña de vacunación. LA NACION consultó a la Sigen sobre esa aparente contradicción, pero desde el organismo refirieron a los informes sin más explicación. Al cierre de esta nota, el Ministerio de Salud de la Nación no respondió sobre el motivo de las irregularidades señaladas y cuáles había subsanado.

A pedido de LA NACION, el ingeniero Ricardo Franceschelli, exsecretario de Normativa e Innovación de la Sigen y expresidente de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, analizó los resultados de la auditoría. “La lectura permite ver el esfuerzo por reflejar hallazgos importantes, aun desde lo numérico y legal, pero que se desvanecen con los títulos inadecuados y las conclusiones incoherentes”, opina.

Señala que el trabajo no alcanza los estándares de calidad para una auditoría. Hubo “omisión de una mirada crítica del ciclo logístico completo en cuanto a la trazabilidad de la preservación de las vacunas y su aplicación satisfactoria en la población”, según apunta. Esa “última milla”, que comienza cuando el insumo abandona los depósitos centrales, es el eslabón más débil, como recuerda Franceschelli, que también fue el promotor y director por la Sigen del posgrado de Especialización en Auditoría Interna Gubernamental estructurado con la Universidad Nacional de La Plata. El informe, según observa, tampoco precisa los descartes por interrupción de cadena de frío, roturas, pérdidas o problemas de transporte.

“Se plantean «oportunidades de mejora» de la integridad de los expedientes, los documentos de los controles realizados, las actas de recepción y el SMIS que indican claramente falencias que son auténticos desvíos que merecen acciones correctivas de emergencia —dice sobre resultados comunicados a siete meses del período evaluado—. En tal sentido, la elección de ese título mitiga la gravedad, mientras que la conclusión general sobre la razonabilidad del cumplimiento lo hace aún más. El informe procura conciliar el abordaje de lo políticamente correcto; pero esta actitud significa una estafa para la comunidad. Es hora de ejercer acciones sobre realidades y aprovechar la probada excelencia profesional de los cuadros técnicos que subyacen en Sigen”.

Cómo se gestó la auditoría

La noticia de que el Gobierno relevaría el circuito de las vacunas para Covid se conoció en marzo del año pasado por el escándalo de la vacunación irregular de funcionarios, políticos, familiares y militantes. Tras una reunión cuatro días antes, se informó que el ministerio a controlar y la Sigen habían definido cómo hacerlo.

“El Comité de Control [Interno] del Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por su titular, Carla Vizzotti, y el síndico general de la Nación, Carlos Montero, diseñó una estrategia orientada al relevamiento y al fortalecimiento de la transparencia de la entrega de vacunas para la prevención de la enfermedad Covid-19″, precisó la comunicación oficial.

Ese acababa de ser uno de los temas de la primera reunión de ministros de Salud del país tras la salida de Ginés González García, como quedó documentado en el acta de ese encuentro al que asistió el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Varios ministros provinciales expresaron su preocupación por la insistencia de los medios para acceder a los registros locales.

Cafiero les anticipó que el Gobierno anunciaría medidas y les pidió que las acompañaran para “avanzar sobre la transparencia y la apertura de datos a toda la población”. Hacía pocos días que el periodista Horacio Verbitsky había relatado en radio cómo se había vacunado con un atajo, como por lo menos otros nueve privilegiados en esa cita en un despacho de Salud. Se lo hizo pasar por “personal estratégico” para poder recibir la vacuna. Fue, de hecho, en esa misma reunión que la flamante ministra les hizo otro pedido a sus pares: que también acompañaran el cambio de la definición de “personal estratégico” como grupo con acceso priorizado a las vacunas.

En el acta quedó asentado el apuro del Gobierno para que los ministros avalaran “una definición más específica” que la del propio ministerio meses antes en los lineamientos del plan de vacunación. Vizzotti atribuyó el cambio a recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain). Su presidenta, Mirta Roses, e Ignacio Maglio, titular del Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid-19, defendieron la modificación.

Entre los dos trimestres auditados, la distribución de dosis subió un 303% y las aplicaciones lo hicieron un 251%, con el aumento a 12 semanas del intervalo interdosis a finales de marzo por retrasos en la llegada de segundas dosis. Por grupos de riesgo, y tras el cambio de definición, la categoría “Otros”, donde se agrupan las aplicaciones registradas con errores o falta de datos, subió un 5464%. Siguieron la de personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo (1737%) y de personal estratégico (239%).

Otra recomendación de los asesores oficiales a la nueva ministra, según quedó asentado en actas, era crear una Comisión de Trazabilidad y Monitoreo. Al mes, se anunció el trabajo del ministerio con la Sigen y la Red Federal de Control Público, que preside el síndico general, para “el fortalecimiento de la transparencia de la entrega de vacunas”. Montero también es tesorero de Boca Juniors, según informa el club.

Metodología. Cómo lo hicimos

LN Data contrastó las 188 actas de recepción de vacunas hasta finales de junio pasado publicadas en formato PDF en la página del Ministerio de Salud de la Nación (última actualización a la semana pasada) con la misma información provista mediante un pedido de acceso a la información pública al mismo organismo (Módulo SMIS de Gestión de Stock de ministerio, actualizada al 24 de junio pasado).

De acuerdo con esa respuesta, arribaron al país entre el 24 de diciembre de 2020 y el 23 de junio de este año 124.421.685 dosis para la campaña de vacunación contra el Covid-19. Sin embargo, al menos una decena de arribos no pudo ser constatada contra los documentos oficiales disponibles.

Para calcular la cantidad de dosis pagadas, se dividió el monto total en dólares —especificado en las 115 resoluciones de pago— autorizado para las trasferencias a cada laboratorio por el valor unitario de cada vacuna. Con ese resultado, se cotejó la cantidad de dosis arribadas con las dosis pagadas.