Ley de envases, una deuda pendiente para lidiar con los residuos plásticos
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LA NACIONAlejandro Horvat
En la Argentina se producen aproximadamente 927.000 toneladas de envases plásticos al año. De ese total el 26% se recicla y el resto va a los rellenos sanitarios o basurales del país. Esto genera contaminación y, además, hace que la industria del reciclado funcione solo al 50%, cuando podría representar una fuente de trabajo para miles de personas.
En Europa esta problemática se solucionó con una Ley de Responsabilidad Extendida al productor, que en el plano local intentaron promulgarla bajo el nombre de Ley de Envases. Esta reglamentación hace que los fabricantes de productos que usan envases plásticos se hagan cargo de la gestión de esos residuos, algo que en la Argentina aún está lejos de suceder ya que los distintos proyectos de ley quedaron truncos. Como el Estado se hace cargo de los residuos, para las empresas es más económico volver a producirlos que armar un circuito de reciclado.
"Existen varios motivos vinculados a la demora de más de 25 años por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo para impulsar la Ley de Envases. Uno de ellos es la falta de sensibilidad de quienes ocupan los altos cargos por los distintos problemas ambientales. Es habitual que las políticas nacionales en esta materia la toman funcionarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, que poco conocen de la grave situación en las provincias, donde hay basurales a cielo abierto en cada una de ellas, y menos aún conocen lo que sucede en los municipios. Hay un abandono generalizado en esta materia y esto involucra a todos los partidos políticos", dijo Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Hilbrecht también apunta a la "permeabilidad" de los funcionarios estatales a presiones por parte del sector envasador: "El poder de lobby de este sector es enorme, constante y persistente en el tiempo. Con distintas excusas recorren los pasillos del Poder Ejecutivo alertando que una ley de esta naturaleza amenaza las finanzas de sus compañías y que la economía informal quedará fuera de la obligación de cumplir con el pago de la suma monetaria que determine la ley. Todos estos son argumentos falsos y que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente".
Otro aspecto que señala el funcionario es la falta de formación profesional o antecedentes en la materia de quienes asumen en las cartera de medio ambiente, aduce que, por lo general, son cargos que se asignan políticamente como prenda de cambio de las distintas coaliciones de gobierno de turno.
En España, por ejemplo, la sanción de una Ley de Envases dio lugar a Ecoembes, la entidad que asume los costos asociados a la recolección y selección de los residuos de envases domiciliarios. Las cifras muestran el colosal negocio y oportunidad para el mercado laboral que representa un organismo de estas características. En 2018 Ecoembes facturó 494 millones de euros, reciclaron el 80% de los envases de cartón y papel y el 75.8% de los envases de plástico y se generaron 42.600 trabajos formales relacionados la actividad del reciclado.
En la Argentina, por la falta de una ley, las empresas que colocan este tipo de envases en el mercado no se hacen cargo de ellos, como si sucede en los países donde están ubicadas sus casas matrices. "Saben que en otros países deben aportar para gestionar los residuos y colaborar con los municipios, que son los responsables de la basura. De hecho la ONU ya informó quienes son las empresas que más contaminan en el mundo. Digo contaminan porque en el contexto de una Ley de Envases (o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), se ha establecido que ´quien contamina paga´. Esta frase grafica claramente quien es el responsable de financiar y pagar por recuperar del medio ambiente todos los envases de todos los materiales una vez que el público consumió su contenido", dijo Hilbrecht.
"En países de Europa la solución fue el principio de responsabilidad extendida al productor, vigente desde hace más de 20 años, determina que las compañías envasadoras que distribuyen los envases en el mercado deben hacerse cargo de los costos y de la gestión de esos residuos. De esta forma, se ven, por un lado, estimulados a producir menos cantidades de envases y, por el otro, obligados a implementar sistemas de gestión de envases para su reutilización", explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, una entidad técnica que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos.
"Nuestro país tiene, sin dudas, una oportunidad única para implementar políticas y a la vez fomentar su desarrollo. En este marco, la posibilidad de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, debería aplicarse e interpretarse, entendiendo el deber de cada uno de los envasadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión la integral y/o su financiamiento, respecto de los envases puestos por ellos en el mercado local y sus respectivos residuos", agregó Ramos.
Uno de las empresas estatales que lidia con la enorme cantidad de residuos plásticos que terminan en el Río de la Plata o el Paraná, es Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según Pablo Fernández, director de agua de Aysa, los residuos plásticos que llegan a las rejas por las que fluye el agua que luego es potabilizada, son difíciles de introducir en el circuito de reciclado ya que se encuentran muy sucios y mezclados con otros materiales. "Los residuos son llevados por CEAMSE para su acondicionamiento y disposición final. Es por eso que es muy importante tomar conciencia de que el plástico que no se introduce inmediatamente en el circuito de reciclado, luego es muy difícil o costoso de recuperar cuando alcanza los ríos" expresó.
Según Mariana Carriquiriborde, directora de sustentabilidad de AySA, la cantidad de residuos que retienen las rejas ubicadas en el interior de las plantas es de aproximadamente 15 toneladas mensuales. De esa cantidad, se estima que una proporción del 20% está formada por componentes plásticos
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