Medio ambiente: a 15 años del fallo que ordenó sanear el Riachuelo, qué se hizo y cuáles son las deudas

Si bien se implementaron algunas medidas como el traslado del Mercado de Hacienda y la relocalización del 34% de familias que viven en la zona, los especialistas advierten que los parámetros de contaminación siguen siendo los mismos que en 2008

Al costado del Riachuelo, a la altura del puente donde cruza una formación del ferrocarril Roca rumbo a zona sur, una grúa de pala retira del cauce plásticos, residuos y plantas enlodados. En el curso del río una pareja de benteveos reposa en la barrera contenedora donde quedaron atrapadas latas, envases de comida, botellas, baldes y una paleta de paddle que arrastró la corriente hacia la desembocadura del Río de la Plata. La lluvia de la noche anterior aumentó el caudal y los catamaranes barredores asisten a las grúas despejando los residuos que flotan en el agua.

Una lancha de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) recorre el Riachuelo. El espejo de agua es negro y aceitoso, pero no impide que la embarcación avance. A medida que se adentra en profundidad por el río de llanura, este se vuelve grumoso y espeso. Al espacio urbano y fabril le siguen asentamientos cerca de las orillas y la geografía se eleva de forma artificial a varios metros por encima del nivel del agua. El cambio de relieve en ese tramo se debe a que las viviendas fueron construidas donde por años se quemó basura y se volcaron escombros. Un sofá pasa flotando a estribor de la lancha y se pierde rápidamente detrás de su estela. A la altura del arroyo Cildáñez un pitido en la cabina le advierte al conductor que el motor levantó temperatura por una obstrucción en la hélice: basura. El operario maniobra para que se desprenda y retoma la vuelta por el Puente Olímpico. La marcha es interrumpida tres veces por el mismo motivo, pero alcanza sin mayores inconvenientes su regreso al obrador de Acumar en Puente Bosch, ubicado en Avellaneda.

Desde hace años que el cauce principal del Riachuelo estaba obstruido por toneladas de basura flotante, cascos y buques hundidos, autos abandonados y chatarra. Una demanda por contaminación impulsada por Beatriz Mendoza junto a vecinos de la cuenca llevó a la Corte Suprema de Justicia en 2008 a resolver un fallo de vanguardia que ordenó al Estado realizar una política de saneamiento y recuperación de la zona donde viven 4,5 millones de personas que representan el 10% de la población argentina. Con el tiempo parte del espejo de agua se fue recuperando por la recolección y gestión de residuos, aunque los expertos señalan que el problema mayor es lo que subyace en el fondo, los parámetros de contaminación en el aire y agua permanecen iguales. Por debajo de la línea de flotación, como plantean, las condiciones de vida para la aparición de fauna son extremadamente hostiles y la presencia de cromo y químicos industriales exponen a las familias que habitan la ribera y esperan ser relocalizadas. La deuda ambiental del Estado, continúan, es todavía muy grande aunque la postal del Riachuelo no es exactamente la misma a la que detonó la demanda. El conocimiento y la información sobre la cuenca es hoy mucho mayor. La mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers el último año permitió frenar el flujo de contaminantes en el lecho del río y para fin de año se proyecta que esté terminado el Sistema Riachuelo, la red de cloacas desplegada desde la Matanza a Dock Sud, bordeando el margen de la ciudad, que permitirá reducir un porcentaje importante de los efluentes cloacales, los mayores contaminantes de la cuenca, según indican.

“El caso Mendoza fue una sentencia exhortativa muy fuerte y la muestra de activismo ambiental más grande de la Corte Suprema. El Poder Judicial mostró el punto ciego y las omisiones de los otros poderes para que empezaran a trabajar en el problema. Les fijó objetivos, pero no dijo ni cuándo tenía que hacerlos ni cómo, sino que ordenó que se armara el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca y que después se rindiera cuenta en la Justicia de lo que se avanzara”, dice Cristian Fernández, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), uno de los organismos encargados de monitorear el cumplimiento de la sentencia.

El comienzo

La causa comenzó en 2004 por el impulso de Beatriz Mendoza que demandó junto a un grupo de vecinos al Estado Nacional, a la Provincia y a la Ciudad y a 44 empresas por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo. Cuatro años después, la Corte Suprema condenó a los demandados por considerarlos responsables del daño ambiental. A partir de allí se le encomendó a Acumar, con competencia entre las tres jurisdicciones, el saneamiento. La ejecución de la sentencia quedó a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón que en 2011 prohibió la navegación.

“El gran problema es que las acciones han sido insuficientes y si bien el fallo fue muy positivo no fue adoptado todavía como una política de Estado. En 2018 la Corte dijo que el nivel de cumplimiento en una década fue muy bajo. Si hay algo que destacar es que gracias al fallo tenemos muchísima información de la cuenca que antes no existía. Existen estaciones de monitoreo que se dividen en subcuencas y generan datos en tiempo real. Después queda pendiente la relocalización total de barrios y su urbanización, la gestión de residuos, el tratamiento de basurales y la protección de las reservas naturales”, agrega Fernández.

A lo largo del Riachuelo hay alrededor de 90 centros de monitoreo que extraen muestras y toman mediciones del agua, las napas, el lodo y la calidad del aire. Con Acumar trabajan 375 cooperativistas encargados de despejar la basura de las orillas. La limpieza de las cuenca y sus arroyos son competencia del organismo, mientras que la recolección en tierra de la basura corresponde a cada uno de los 14 municipios y las nueve comunas que la componen. Acumar se encarga también de fiscalizar el funcionamiento de las empresas radicadas en la cuenca, monitorear sus vuelcos y sancionarlas en caso de incumplimiento. En la actualidad está presidido por el dirigente kirchnerista Martín Sabbatella. “El fallo Mendoza generó un antes y un después. Fueron 15 años de mucho trabajo que permitió estar cerca de cumplir la primera etapa que es frenar lo que contamina el Riachuelo, se avanzó despejando el camino de sirga, para después iniciar una segunda que es sanear y recuperar lo que está contaminado hace siglos. El balance es altamente positivo”, dice Sabbatella, después de una recorrida que hizo LA NACIÓN con funcionarios de Acumar desde el Trasbordador Nicolás Avellaneda hasta el Puente Olímpico, que une Villa Soldati con Lanús.

El funcionario refiere a que entre finales de este año y principios del próximo estará terminando el Sistema Riachuelo, una obra que se está realizando junto con Aysa, que tuvo un costo de 1300 millones de dólares y que contó con financiamiento del Banco Mundial. “Va a impactar en reducir uno de los contaminantes más importantes que son los cloacales”, agrega. De acuerdo con un informe de FARN, la contaminación de la cuenca se compone en un 70% de los efluentes cloacales y lo restante son los residuos sólidos urbanos y los químicos industriales que vuelcan las empresas.

Sistema Riachuelo

En mayo de 2022 se trasladó el Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas luego de que se prohibiera la entrada de ganado vivo a la ciudad. Acumar le exigió al nuevo establecimiento que instalara una planta de tratamiento para que los desperdicios animales fueran tratados antes de ingresar al Riachuelo. En cuanto a los asentamientos en los márgenes, en 2010 se realizó un censo en la cuenca que registró que había 17.700 familias que debían ser realojadas. Voceros de Acumar sostienen que a la fecha se alcanzaron soluciones habitacionales en un 34% de ese total.

Para Raúl Estrada Oyuela, presidente de la a Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, la implementación del Sistema Riachuelo es insuficiente porque se limita al margen que bordea la ciudad, mientras que no se dispondrá todavía la red cloacal para la orilla de enfrente que corresponde a la Provincia. Indica que no se hizo un análisis del impacto ambiental que tendrá la descarga de desperdicios de esa red que irán a una planta de pretratamiento en Dock Sud para ser después liberados en aguas abiertas 11 kilómetros adentro del Río de la Plata. “Antes de descargarlas en el Río de la Plata se deberían procesar. Se van a quitar las sustancias sólidas grandes y las arenas gruesas, pero queda todo lo bacterial como la Escherichia coli y lo químico industrial. Se va a tirar directamente al Río de La Plata sin oxigenar la materia y separar el barro contaminado”. Y agrega: “Lo que se hizo en quince años es cosmético. La contaminación sigue y los parámetros de medición de la calidad del aire y agua son iguales que al momento del fallo”.

Su postura la comparte Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinal de la Boca, que al igual que FARN forma parte del Cuerpo Colegiado, la agrupación que la Corte Suprema le reconoció la facultad de monitorear y controlar el cumplimiento de la sentencia. “En 15 años se pudieron hacer muchas cosas, pero en lo fundamental, la contaminación del aire y el agua que es lo que enferma y mata, no se avanzó nada. Se mejoró mucho la contaminación visual porque se eliminaron todo los desperdicios que eran mayormente visibles y desapareció el olor fétido que existía porque barrieron y quitaron el material sobrenadante”.

Desde la asociación señalan que es vital que se designe un nuevo Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde el vencimiento del mandato en 2009 de René Mondino, funcionario que tuvo un rol importante para que se condenara por daño ambiental a los demandados en el fallo Mendoza. La Constitución Nacional le asigna al defensor la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos ante actos u omisiones del Estado y es designado por los miembros del Congreso, que en catorce años no lograron alcanzar un acuerdo político en ambas cámaras para cubrirlo.

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